“Nada hace sospechar tanto a un hombre como el saber poco”.
-Francis Bacon.
Recientemente, en el inicio del presente mes de diciembre del año en curso (2019), la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados afirmó su oposición al proyecto de Ley, que consiste en una amnistía para los autores de delitos muy específicos.
Los diputados panistas afirman que cientos de ladrones y narcomenudistas serán beneficiados con el proyecto de Ley que impulsa el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Según los integrantes de la bancada del PAN, aseveran que aproximadamente 300 mil delincuentes podrían ser puestos en libertad en caso de avalarse esta Ley de Amnistía, la cual empezó a debatirse el pasado jueves en comisiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Se afirma que van desde las 10 mil hasta las 300 mil personas -que podrían ser puestas en libertad- que cometieron el delito de robo, y otros igualmente delincuentes que cometieron cualquiera de las hipótesis de narcomenudeo, y que serían beneficiados de este proyecto de Ley de Amnistía que ahora se discute.
Los ciudadanos sufren, piden justicia; pero, mientras la gente sufre este tipo de ilícitos, quienes se encuentren privados de su libertad por cualquiera de estos delitos podrían estar de nueva cuenta en la calle.
Sin embargo, es pertinente precisar algunas cuestiones importantísimas que estos preocupados legisladores pasan por alto, ya maliciosamente o por simple ignorancia. Desde ya hace mucho tiempo, específicamente desde 1952 (para que el amable lector pueda tener una idea de la dimensión del problema), el delito con mayor incidencia en el país es -precisamente- el ilícito de robo.
Administraciones vienen, otras se han ido, pero el problema persiste; no ha sido posible una coordinación efectiva entre los diversos niveles de gobierno -dígase municipal, estatal o federal- que logre disminuir este irrefutable hecho de robos, prácticamente en cualquiera de los puntos de la geografía nacional.
Un estudio sumamente interesante que realizó el CIDE, en catorce CERESOS, Centros de Reinserción Social (por cierto, así de elegantemente llamadas las prisiones que existen en nuestro México) puso de manifiesto que la medida nacional del valor de lo robado es de 1,250 pesos; cada interno -para mencionarlo- solo en el Estado de Baja California representa un gasto de 140 pesos diarios para todos los ciudadanos.
Sea que algunos paguen de manera responsable sus impuestos o que otros ciudadanos no lo hagan, pero que realizan diversas operaciones como compras, pago de derechos por servicios, etcétera, pagan impuestos; y los mismos van al presupuesto del Estado a distribuirse en múltiples renglones, dentro de otros los gastos que implica tener a una persona detenida.
Lo que tampoco se dice -por ignorancia o por maliciosa mala fe de estos legisladores- es que la mayoría de las personas procesadas por robo, detenidas o en libertad, tienen su origen en la pobreza, la falta de educación, la carencia de oportunidades, los salarios bajísimos que perciben muchas personas… y aunque esto no lo justifica, es un factor realmente serio a considerar.
¿Habrán reflexionado estos notables legisladores cuánto nos cuestan a todos los mexicanos las personas detenidas por el delito de robo? Hacemos la aclaración de que este ilícito es considerado como delito grave cuando su comisión va acompañada de violencia física o violencia moral (el asaltado es intimidado con una navaja, un cuchillo o un arma de fuego que a veces resulta ficta).
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C.
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