Tomó varias semanas, pero en CachanillaZ pudimos confirmar que los dichos del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, son falsos. Ni en la Secretaría de Integración y Bienestar, ni en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), menos aún en Oficialía Mayor, obra información de renuncia, incapacidad, permiso o cualquier otro elemento que establezca que la ex secretaria Cynthia Gissel García Soberanes, presentó algún padecimiento que la separó de su cargo.
Lo anterior consta perfectamente en múltiples solicitudes de Transparencia emitidas a esas instituciones, las cuales respondieron no contar con documento alguno que indique afectación a la salud por parte de la ex funcionaria.
Cabe recordar que Cynthia Gissel salió por la puerta trasera luego de ocupar el puesto de secretaria de Integración y Bienestar durante solo un mes, debido a su involucramiento en el escándalo de moches denunciado a través de las páginas de ZETA, al supuestamente acordar el pago de 25 millones de pesos para asegurar contratos a empresarios mexicalenses.
A raíz del escándalo, Rodríguez Lozano salió a decir que la todavía funcionaria se encontraba en coma y por ello se había separado del cargo.
Lo curioso es que la Secretaría de Bienestar señaló no contar con la documentación, toda vez que es competencia de Oficialía Mayor, mientras que esta refiere que ese tipo de documentación debe estar en las oficinas de Bienestar. En otras palabras, nadie sabe nada.
Total, ninguna institución puede presentar información documental sobre los dichos del secretario, que tampoco presentó denuncia contra el diputado Miguel Ángel Bujanda, a quien acusó de solicitarle una millonaria suma a cambio de votar en favor de la reestructuración de la deuda propuesta por el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Lo que Amador omitió es que un señalamiento de esa naturaleza debe sustentarse en una denuncia ante la Fiscalía General o Anticorrupción, toda vez que como funcionario público está obligado a hacerlo según el Código Nacional de Procedimientos Penales en su Artículo 222. Concretamente prescribe:
“Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Debe ser muy grande el compromiso que tiene el gobernador del Estado, o una amistad y confianza probada, para mantenerlo en el cargo, máxime cuando le ha generado más conflictos que soluciones desde que asumió la administración.
Sindicato
Tremenda sorpresa se llevó esta semana el gremio de la burocracia en Mexicali, cuando intentaron cobrar los cheques otorgados de la caja de ahorros y descubrieron no tener fondos.
En estas fechas, sindicalizados de toda la entidad reciben un monto que se origina por los ahorros de todo el año. Sin embargo, cuando acudieron a las instituciones bancarias a hacerlo efectivo, se dieron cuenta que no se contaba con el recurso, generando gran molestia por parte del gremio.
Responsabilizan de ello al dirigente Lázaro Mosqueda y a Manuel Guerrero. Lo peor de todo es que las oficinas del Sindicato de Burócratas permanecerán cerradas hasta el 5 de enero de 2020.
Algunas personas consultadas refirieron que el sector afectado es el de los simpatizantes de la candidata a la dirigencia, Selene Cota, por lo que no dudan se trate de un acto doloso para castigar a los adversarios.
