Dos días antes de cumplir un mes al frente del Gobierno del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez vio retirarse de su gabinete a dos de sus principales colaboradores. El oficial mayor y la secretaria de Bienestar, se fueron en medio de investigaciones por millonarios “moches” que habrían solicitado a empresarios, aceptado y repartido entre otros servidores públicos. En una conversación ahora revelada y parte de la investigación en la Secretaría de la Honestidad y en la FGE, Cynthia García Soberanes implica a Amador Rodríguez Lozano en la repartición. La ex secretaria, informó extraoficialmente personal del Hospital Del Prado, nunca estuvo en coma como lo informó Rodríguez. Fue atendida por un ataque de pánico y presión alta
En menos de un mes, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre, Jesús Demián Núñez Camacho, ex oficial mayor del Gobierno del Estado de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, compró dos camionetas Cadillac Escalade modelo 2019. Las pagó de contado.
Por la primera, en color gris fantasma y con número de serie 1GYS47J8KR187055 -de acuerdo a la carta factura en poder de ZETA-, pagó un millón 447 mil pesos. Misma cantidad que desembolsó el 2 de octubre por la Escalade SUV 4WD PAQ PLATINIUM en color blanco cristal, número de serie 1GYS47KJ7KR121838, como se redacta en la carta factura de la agencia Motores de la Península, SA de CV, a nombre de Jesús Demián Núñez Camacho, con domicilio en Villa Fontana, fraccionamiento ubicado en Mexicali, Baja California.
La dirección es la misma donde estuvieron ubicadas las oficinas de Transición de Jaime Bonilla Valdez, de hecho, el complejo laboral es propiedad del ahora ex oficial mayor y su hermana. Lo “prestaron” para que los futuros funcionarios trabajaran desde ese lugar, donde la oficina principal la ocupaba el hoy secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
En el mismo domicilio, de acuerdo al testimonio de Rosendo Colorado ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE), se entregaron los “moches” que ascienden a entre 24 y 28 millones de pesos. De acuerdo a conversaciones en mensajes de texto y audios, fueron repartidos entre funcionarios de la administración bonillista.
En una de las capturas de pantalla de esas conversaciones entre Cynthia García Soberanes y Rosendo Colorado, en posesión tanto de la Secretaría de la Honestidad como de la FGE, se lee lo siguiente:
Cynthia García Soberanes (CGS): “Mándame mensaje por escrito por fa”.
Rosendo Colorado (RC): “Ya se entregó el tema. Los 5 pendientes se darán mañana lunes. Espero esté todo bien. Cualquier cosa me avisas”.
CGS: “Eran los 20”.
RC: “Van a estar mañana o el lunes”.
CGS: “Mañana. Por favor”.
RC: “Ok. Amiga y a mí me toca algo?”.
CGS: “No me va a tocar a mi hasta el segundo, imagínate cómo estoy. Amador resultó más cabrón que bonito. No te agüites”.
Fotos: Cristian Torres.- Oficina del ex oficial mayor en Mexicali.
De acuerdo a las declaraciones de Colorado, estarían tratando el tema de los 20 millones de pesos cobrados en calidad de “moche” al empresario Humberto Valdez García “El Huevero”, con la promesa de entregarle convenios de proveeduría para la elaboración de desayunos escolares en nivel básico en Baja California (programa que ya inició) y alimentos para el penal estatal.
Esa conversación, cuya copia consta en las dos investigaciones que se llevan a cabo, una en el gobierno de Bonilla y otra en la FGE, sería la primera en la cual -en voz o letra de la ex secretaria de Bienestar- se menciona la participación de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno.
En el caso de la FGE, cuentan con las herramientas científicas suficientes para recuperar los mensajes del celular tanto de la ex funcionaria como del operador Rosendo Colorado.
Cynthia Gissel también adquirió, de contado, una camioneta tal y como lo hizo el ex oficial mayor.
En su caso fue una Suburban marca GMC. La compró el 29 de octubre de 2019, cuando su secretario particular, Einar André Hernández Garza, ya había sido retenido momentáneamente para inspección en el retén militar de la Laguna Salada y le habían descubierto 4.7 millones de pesos.
En la factura Z000024387 se inscribe que la clienta Cynthia Gissel García Soberanes, con domicilio en el fraccionamiento El Paraíso en Tijuana, adquirió la unidad con número de serie 1GNSK8KC5KR392309, por la cual pagó en efectivo un millón 122 mil 942 pesos.
No fue el único vehículo implicado en la historia de corrupción en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez a partir de los “moches” que solicitaron sus colaboradores.
En la misma declaración de Colorado ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, a la cual ZETA tuvo acceso, detalló un soborno por parte de la empresa Blue Propane a la ex funcionaria. Como se ha publicado en estas páginas, esa empresa de origen sonorense y panista, ha estado en la polémica por la apertura de gaseritas en Tijuana, ciudad donde existe una moratoria para ello.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno de BC.
Según Colorado, Blue Propane habría no solo pagado una camioneta para la utilización de Cynthia García Soberanes, también se habría hecho cargo de pagar viajes, estadías y alimentos, con la promesa de formar parte de los proveedores del gobierno de Jaime Bonilla en el área de Bienestar Social.
Colorado explicó a representantes de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública:
“Eran unos gaseros que también le estaban poniendo dinero, apoyando para solventar algunos gastos, era la gasera Blue Propane y me dijo (García Soberanes): ‘No me puedo pelear con ellos’, me dice, ‘porque son los que me están ayudando con lo técnico y están poniendo lana’”.
— -O sea, ellos también le estaban proporcionando recursos.
“Así es, así es”.
— ¿No sabes tú cuánto?
“Creo que asciende, más-menos, un millón de pesos, tendrían que verlo también con ellos. Habían puesto ellos una Suburban de inicio que luego ella regresó, y creo que después ella compró otra Suburban de los recursos que yo le entregué o de otros recursos, porque sé que también andaba pidiendo en Rosarito o en Tijuana, pero eso solo de oídas lo sé, porque no me consta porque yo no los entregué”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
— ¿Y lo de la gasera sí te consta?
“Sí, sí, sí”.
— ¿Le dieron dinero, y le dieron una Suburban?
“Ajá. Que después regresó, que después regresó porque pues no, no, estaba peleada con ellos y entonces compró otra Suburban”.
— ¿Y cómo te consta que recibió el dinero y la Suburban?
“Porque la primera Suburban se la compraron a un compadre mío en Mexicali y yo la traje. Por eso. Por eso…”.
— ¿Y cómo se llama tu compadre?
“¿Al que le compraron la primer Suburban? Eduardo Luquín”.
Complementó:
“La gasera… le sigue metiendo dinero para otras cosas. Pagó las comidas, pagó hoteles, pagó personal, nómina. O sea, es decir, estuvo solventando durante el primer mes, después de ganada la elección, algunos gastos de la secretaria”.
— Y ahí, en ese caso, pues ella les había prometido un contrato, ¿no?
“Así es, un contrato dentro de la secretaría también, que era un programa del gas. Un programa donde les llenan de las minitas los de estos… Y también en su momento les ofreció plazas dentro de la secretaría”.
— A los de la gasera.
“Claro. El director jurídico era de la gasera, había un cuate también que se llama Alan Jaramillo, que no sé qué posición iba a ocupar también como asesor dentro de la secretaría. Y pues ya al último, como se pelea con ellos, que no sé exactamente cuál fue la razón del pleito, porque ya en ese rato fue cuando me dijeron que me retirara…”.
Alan Jaramillo se dice representante legal de la empresa sonorense Blue Propane, SA de CV, fundada en 2010 para “compra y venta, consignación, almacenamiento, transportación y comercialización de gas LP o productos derivados del petróleo,
Esto no puede quedarse sin una investigación: Fiorentini
Para el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Fiorentini Cañedo, la denuncia pública de los “moches” que presuntamente recibieron funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, no puede quedarse sin investigación.
En entrevista telefónica para ZETA, reconoció que el mandatario morenista actuó como debía , “Bonilla hizo lo que tenía que hacer, tenemos una investigación para saber qué pasó, si Amador sabía, yo creo que sí; si Bonilla sabía, eso no lo sé. ¿Qué relaciones tienen actualmente con esos contratos? ¿Qué relación se tiene con esos empresarios? ¿Qué pasará con las empresas?”, planteó.
Es por ello que debería ampliarse la indagatoria hacia los empresarios que participaron en este caso de “moches” y también sancionarlos conforme a las leyes vigentes, pues también forman parte de la espiral de corrupción.
Fiorentini agregó que el incidente deja una lección clara de que mientras los políticos continúen acomodándose en los cargos e investigándose entre ellos mismos, la corrupción no dejará de funcionar.
Asimismo, opinó que lamentablemente el Congreso del Estado quitó las facultades a los ciudadanos para intervenir en la designación de puestos importantes en el tema de combate a la corrupción, como lo fue la Comisión Especial Evaluadora para los nombramientos de auditor superior y fiscal Anticorrupción.
Para concluir, el representante ciudadano aseguró que hasta el momento nadie tiene facultades para investigar penalmente este caso, toda vez que no existe la Fiscalía Anticorrupción, cuya creación y nombramiento de titular, permanece en el tintero del Congreso del Estado. (Eduardo Villa Lugo)
combustibles, aceites, grasas, lubricantes, refacciones y accesorios en general”.
La compañía ha tenido un rápido crecimiento. Sus propietarios, Alberto Elías Retes y Marco Sánchez Acosta, han sido señalados por sus competidores de prácticas desleales, ofrecer precios irreales dentro del mercado y entregar tanques incompletos.
En Baja California se han enfrentado a la comunidad por la construcción de diez estaciones de gas LP en zonas habitacionales de Tijuana, con permisos obtenidos entre 2015 y 2017, edificaciones para las que aún no tienen permisos de operación.
La compra de la camioneta de Cynthia Gissell.
LAS IGNOMINIOSAS SALIDAS
El mismo viernes 29 de noviembre, cuando ZETA publicó el reportaje “La corrupción en gobierno de Bonilla”, que reveló una declaración oficial del operador político Rosendo Colorado, evidenciando cobro de “moches” por parte de Cynthia García Soberanes que serían repartidos entre otros funcionarios -entre ellos presuntamente a Amador Rodríguez Lozano-, se dieron las dos primeras bajas en el gabinete estatal.
A un mes de iniciada la administración de Jaime Bonilla Valdez, dos de sus principales colaboradores solicitaron licencia en medio de señalamientos de corrupción. Así, el gobierno de la Cuarta Transformación en Baja California celebró su primer mes en la administración pública con dos investigaciones sobre “moches”.
De hecho fue el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien informó de la primera licencia, en declaraciones que más tarde se confirmarían, no fueron del todo basadas en la verdad.
Justificó que las revelaciones sobre los casos de corrupción y “moches” entre funcionarios de Jaime Bonilla en los medios de comunicación, son “filtraciones sin sustento para atacar los esfuerzos de la 4T”, a pesar que semanas antes, el propio gobernador había ordenado a Vicenta Espinoza, su secretaria de la Honestidad y la Función Pública, el inicio de la investigación sobre los “moches” y la participación de sus colaboradores.
En la FGE, días antes se había abierto por oficio el expediente con Número Único de Caso 0202-2019-44071.
Rodríguez Lozano pretendió darle un giro a la historia de corrupción, “enfermando” a la -para ese entonces y de acuerdo a las declaraciones del secretario- ex secretaria de Bienestar Social, Cynthia García Soberanes. Textualmente declaró en un video colgado en sus redes sociales:
“Por desgracia ya provocaron una primera baja. Me acabo de enterar que producto de esto, nuestra secretaria de Integración y Bienestar Social, Cynthia Gissel García, ha caído en estado de coma, se encuentra en una situación de emergencia en un hospital de la ciudad de Tijuana. Como ustedes saben, ella es una sobreviviente de cáncer, logró trascender esa maligna enfermedad, pero por supuesto estos tipos de ataques que se dan en los medios de comunicación y en las redes, nada confirmado, solo puros rumores, comentarios de un supuesto colaborador de ella que es una gente de muy mala fama, ya generó que Cynthia Gissel esté en un estado crítico. Acabo de recibir la llamada de su hija donde me dice que formalmente me notifica que está pidiendo una licencia para poder enfrentarse a esta consecuencia de estas intrigas que se han presentado en los medios de comunicación, es una desgracia porque Cynthia ha sido una mujer que se ha distinguido por el trabajo por el esfuerzo y que durante la transición consiguió que le regalaran 500 computadoras, mochilas, una gran cantidad de cosas que repartió antes que entráramos al gobierno. Mis condolencias para su familia, su hija, le deseo pronta recuperación y que se incorpore a los trabajos que viene realizando”.
Tanto en el gobierno de Bonilla como en Baja California, se dio a conocer la primera licencia, entre dichos del secretario que serían desmentidos horas después.
Efectivamente internada en el Hospital Del Prado en Tijuana, a escasas cuadras de donde reside Cynthia García Soberanes, una fuente del nosocomio confirmó a ZETA que la entonces secretaria con licencia -que de acuerdo a Rodríguez Lozano habría solicitado su hija y no la funcionaria- no estaba en coma. Había llegado con un ataque de pánico y la presión alta, por lo cual le dieron tratamiento para tranquilizarla y nivelar su presión sanguínea.
En total hermetismo, la ex funcionaria estatal fue internada en una habitación privada del hospital, no estaba en cuidados intensivos ni en cuidados especiales para personas en coma. De acuerdo a los médicos consultados, las declaraciones de Amador Rodríguez Lozano carecían de sustento médico o legal. Mintió sobre el estado de salud de García Soberanes, lo cual se confirmaría días después, cuando el portal Agencia Fronteriza de Noticias publicó una fotografía -evidentemente proporcionada por los protagonistas del escándalo, dada la privacidad del nosocomio- de García en una cama de hospital, con la mirada hacia una pared.
La solicitud de licencia del oficial mayor Jesús Núñez se haría pública al día siguiente de la publicación de ZETA, el sábado 30 de noviembre. También en sigilo, al modo del gobierno de Jaime Bonilla, sin conferencia de prensa ni acto público, solo por redes sociales.
El mandatario estatal no enfrentaría públicamente la historia de corrupción en su gobierno hasta los siguientes tres días, cuando también por redes sociales, solo atinó a decir que en su administración no hay “vacas sagradas” y que quien se equivoque, se irá, sin comprometerse con la sociedad que lo eligió, a investigar y sancionar a sus ex funcionarios en caso de ser encontrados culpables.
Amador Rodríguez Lozano, el tercer implicado tanto por Colorado como por García Soberanes, no solicitó licencia. De hecho fue él quien tomó protesta a los nuevos integrantes del equipo de Bonilla: los ex priistas Laura Torres y Héctor Mares, secretaria de Bienestar Social y oficial mayor, respectivamente. Ninguno, por cierto, en el círculo cercano del secretario general de Gobierno, como sí lo eran quienes solicitaron licencia.
El mismo viernes 29 de noviembre, cuando comenzó a circular ZETA, Amador Rodríguez Lozano se comunicó vía telefónica a esta redacción. Un día antes, para efectos de la publicación en el Semanario, se le había buscado para obtener su versión y opinión acerca de los denunciados “moches”, pero no atendió los llamados de la reportera.
“CHISMES” E “INTRIGAS”: RODRÍGUEZ LOZANO
El viernes 29 de noviembre, en el vídeo donde reveló que García Soberanes había “caído en coma”, Amador Rodríguez Lozano dio categoría de “intrigas” a la información contenida en dos investigaciones oficiales.
“Para terminar, niego rotundamente que esas intrigas que hay en los medios de comunicación tengan algo de verdad, son fabricaciones de quienes quieren detener el esfuerzo de la 4T y el compromiso del gobernador Bonilla de atacar la corrupción y hacer pagar a todos los que no llevaron a este estado de quiebra técnica”.
Las facturas de las camionetas del ex ofi cial mayor.
A la reportera de ZETA declaró vía telefónica:
“Ya me sentenciaste a partir de un comentario que no tiene una evidencia. Que yo haya firmado un convenio, ¡ah! Yo no firmo convenios, o sea, hay una licitación (inaudible). Y dos, que yo estaba cuando hicieron la entrega… Yo ya me había entrevistado con ese muchacho (Colorado) y sus dos comentarios son precisamente, uno, que ‘Usted estaba en esa oficina’, ah, pues sí, ahí hay veinte oficinas, y esa era la Oficina de Transición y todo mundo sabe que yo recibía gente: diputados, futuros (inaudible). Una oficina que me prestaba Jesús Núñez, pero él me dijo: ‘No, sí, tiene razón’ cuando me entrevisté con él, y me dijo: ‘Yo reconozco que usted no tiene nada que ver’, y ahora sale ahí diciendo esa tontería”.
— No nos lo dijo a nosotros, es la información que está en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública…
“Peor tantito, fíjate, que al publicar esa información echas… o sea, no hay… El proceso que hubiera, se echa a perder”.
— Por qué…
“De acuerdo con las nuevas reglas del Derecho legal, vulneran un principio tú y Vicenta, al sacar… Bueno, tú no tanto, ¿no? Al ser una investigación confidencial”.
— Ella no nos hizo una declaración, de hecho ayer, igual que a Usted, le marcamos y nos dijo que si podíamos hablar con ella el día de hoy, y no hemos tenido la oportunidad de hacerlo…
“Yo le hablé, ella me dijo ‘Me está buscando ZETA’ y le dije, tú sabrás, nada más no cuentes elementos de la investigación, porque lo que haces con eso, es que se ensucia el proceso y no procede en ningún tribunal ese tipo de cosas”.
— ¿Qué es lo que se está investigando? Hasta donde tuvimos acceso, nos dijeron que están entrevistando a varios funcionarios, particularmente quienes más elementos tenían, como se publica en la nota: contra la secretaria de Bienestar y el oficial mayor.
“Pues no, eso te lo tiene que contestar Vicenta”.
— ¿A Usted le han marcado o entrevistado para ese tema en específico, para efecto de esos señalamientos en específico?
“Por supuesto que no”.
— ¿Ni siquiera el gobernador?
“Por supuesto que no, el gobernador no se cree de eso. Esos son chismes, ¿no? Quieren hacerlo parecer como fuego alterno, ¿o cómo se llama? Fuego amigo, que no sé de dónde venga”.
— Los audios de la secretaria de Bienestar, ¿Usted los escuchó?, o también son chismes…
“Sí los escuché pero eso no tiene nada que ver conmigo. Estoy hablando de mí, no quiero hablar del otro tema. El otro tema investíguenlo con Vicenta, que es la supuestamente responsable. Yo estoy hablando que estoy implicado sin ningún tipo de prueba, o sea, dice, ‘está implicado’, y eso no lo puedo permitir. Puede ser que estás presuntamente implicado, pero que hayas dicho que estoy implicado, eso no lo acepto”.
Hasta ahí las declaraciones del secretario general de Gobierno, reduciendo a “intrigas” y “chismes” el motivo de una investigación en la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, y otra en la Fiscalía General del Estado. Que además, fueron motivo de la solicitud de dos renuncias en el gabinete de Jaime Bonilla Valdez, dos días antes que este cumpliera un mes en el gobierno.
