La última Recomendación General publicada en la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California es la 03/2019 Sobre la Protección de la Salud Mental en el Estado de Baja California, con fecha del 31 de mayo. Es la última Recomendación que emití durante mi tiempo al frente de ese organismo autónomo de justicia, que buscó visibilizar un gran pendiente y una omisión sistemática en la garantía del derecho que tenemos todas las personas a gozar del más alto nivel posible de salud.
En estas épocas de festejos navideños, muchas personas atraviesan por situaciones emocionales que afectan su salud mental o agravan los síntomas de alguna enfermedad psicosocial. La depresión, en particular, tiene una gran presencia en el mundo, ocupando el tercer lugar en la carga global de morbilidad y con proyección para ubicarse en el primero en 2030, según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS por sus siglas).
La OMS destaca que trastornos como la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo; además, los desórdenes que tradicionalmente se engloban bajo la etiqueta de “esquizofrenia” afectan a alrededor de 21 millones de personas, en tanto que 47,5 millones de personas viven con demencia. El alcoholismo, las adicciones a sustancias ilegales y la depresión forman parte de la lista de tres causas principales de discapacidad por motivo de salud mental en los países desarrollados y los países en desarrollo.
La OMS sostiene que los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y lesiones en personas de 10 a 19 años; de igual modo, se sabe que un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental.
México no escapa a estas realidades. Los principales diagnósticos de padecimientos en la especie en el país fueron: depresión, con incidencia del 17% de la población con padecimientos de salud mental o discapacidad psicosocial; seguida de enfermedades que llevan a generar lesiones auto-infligidas, con un 16%; enfermedad de Alzheimer y demencias con un 13%; la dependencia al alcohol representa el 12%; la epilepsia el 9%; los trastornos psicóticos, un 7%; la adicción a drogas y estrés postraumático representan el 5%, cada uno de ellos; y el 16% corresponde a otros padecimientos mentales.
Otra importante manifestación de trastornos psicosociales en México es el inusitado incremento en la incidencia de suicidios, que se ha disparado en un 43% en la última década, con un promedio de 14 suicidios diarios. Baja California no se ha escapado a esta cruel realidad; al contrario.
Por otro parte, se estima que el 25% de las mexicanas y los mexicanos de entre 18 y 65 años han padecido en su vida algún problema relacionado con la salud mental, pero solo el 20% ha recibido un tratamiento para atender su trastorno.
Pese al difícil diagnóstico con el que se cuenta, la salud mental no ha sido una prioridad para el Estado mexicano; para muestra están los presupuestos: la evaluación del Sistema de Salud Mental en México de la OMS destacó que las instituciones públicas en la materia destinan un escueto presupuesto de alrededor del 2% del presupuesto total asignado, del cual el 80% se destina a gasto corriente de los hospitales psiquiátricos; lo anterior sin que la mayoría de estos escasos hospitales haya incorporado un enfoque basado en derechos humanos para implementar en sus reglamentos y en su operatividad.
Y como es común, las cifras disponibles -como las que comparte el Instituto Nacional de Psiquiatría- apuntan a un fenómeno de hiperconcentración de servicios de salud mental en la Ciudad de México, al igual que en estados como Nuevo León y Jalisco, en tanto que el resto del país se reparte un 40% de los profesionales en el ramo. Nuestra entidad tiene un Instituto de Psiquiatría que no cuenta con instalaciones suficientes ni presupuesto que se acerque, de alguna manera, a poder atender a la población en su derecho a tener el mayor nivel posible de salud mental.
Como lo dije en su momento en la Recomendación a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, es necesario realizar un diagnóstico real de necesidades de atención a la salud mental con la participación de la academia, pero también de las organizaciones de la sociedad civil que, de manera permanente, han abordado y atendido las necesidades de una parte importante de la población. Partiendo de un diagnostico real, es imperativo diseñar una política pública estatal con enfoque de derechos humanos, que busque la inclusión y el respeto a la dignidad de todas las personas.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
Correo: melbaadriana@hotmail.com
