El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este jueves 19 de diciembre, el uso de testigos protegidos en su Administración, ya que no cree necesaria la utilización de dicho método, “injusto”, que “se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al Gobierno”.
El político tabsqueño informó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, presentó este mismo día, un plan para hacer justicia, a través de la Ley de Amnistía, en casos que se violaban derechos humanos, algunas veces a través de la figura de testigos protegidos “que presentaban un falso testimonio”.
“Lo que no alcanza la Ley de Amnistía se está atendiendo en Gobernación, de modo que estos casos pueden presentarse con la licenciada Olga Sánchez […] Nosotros no vamos a permitir la tortura, no se van a realizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al Gobierno”, señaló.
“Eso ya se termina, no ha habido en todo este tiempo nada así, no hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
“Lo que estamos ofreciendo es protección y apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo, que quieran ayudarnos, y aprovecho para hacer de nuevo el llamado a todos, porque esa es una espina que tenemos clavada todavía”, indicó.
“Y queremos conocer la verdad, y participaron muchos y no perdemos la esperanza de que haya personas que participaron que nos ayuden a conocer la verdad, que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa, en este caso por miedo a represalias, por todo lo que pudiera implicar nosotros daríamos toda la protección del Estado a quien nos ayude”, abundó López Obrador.
Según lo informó el diario El Universal, desde septiembre de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a retirar las medidas de protección parciales, con las que todavía contaban algunos testigos colaboradores en contra de integrantes de la delincuencia organizada del país.
