Una red de complicidad que incluye funcionarios de la Dirección de Infraestructura, personas físicas sin experiencia ni historial en el ramo de la construcción, amigos y ex empleados de constructoras se tejió entre junio y octubre de este año (después de la elección y al inicio del XXIII Ayuntamiento) ex profeso para la obtención de contratos millonarios de obra otorgados por el gobierno de Ensenada.
Al menos tres de las personas físicas aparecen de manera constante en las invitaciones a cuando menos tres proveedores, sin tener experiencia previa en obras, no son conocidas por las cámaras de constructores en la localidad, tienen sus domicilios fiscales en casas abandonadas o no cuentan con oficinas.
Algunos de ellos no registran empleados ante el IMSS, incluso en el sistema del propio Instituto no figuran como patrones, dos de ellos tienen el mismo domicilio fiscal, comparten al responsable técnico (al no ser ingenieros ni arquitectos) y contador, además de haber solicitado su alta el mismo día.
Documentos en poder de ZETA revelan cómo entre dichos meses los ahora contratistas del gobierno que encabeza Armando Ayala se fueron registrando ante la Secretaría de Hacienda, IMSS, gobiernos estatal y municipal hasta ser invitados –una vez iniciado el actual gobierno- en los concursos y obtener asignaciones de obras que van del medio millón hasta los 4.7 millones de pesos.
Nombres como los de Alejandro González Berrelleza, José Guillermo Gallardo González, Christian Armando Gallardo González y Ernesto Emmanuel Carrillo Zepeda se repiten y entrelazan en diversos documentos que dan cuenta de proveedores dados de alta después de las elecciones, sin experiencia en algunos casos, beneficiados con contratos; también hay amigos y ex empleados favorecidos.
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