De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio Seguridad de los mexicanos: lo prometido aún es deuda, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el 2019 se encamina a ser “el peor año de la historia que nuestro país ha vivido en materia de inseguridad”, debido a que delitos como el homicidio doloso, feminicidios, robos a negocios, trata de personas y narcomenudeo terminarán con el mayor índice registrados.
En entrevista con ZETA, el director general del ONC, Francisco Rivas, alertó que además de estos, será también el segundo año con mayor número en extorciones, el quinto en secuestro y el octavo en robo a transeúntes.
Agregó que paralelamente a esto, se demuestra en datos “preocupantes” de cómo el homicidio se ha venido expandiendo en el país, ya que desde el 2015 menos de mil 300 municipios del país, que representan el 60%, tenían por lo menos un homicidio doloso.
“Hoy tenemos a más de mil 500, es decir que ha crecido casi en un 20% el número de municipios en donde se vive por lo menos un homicidio violento”, dijo.
En este caso, resaltó que el 84% de los homicidios ocurren en los municipios medianos o pequeños y eso es un dato que contrasta con la forma en que el Gobierno Federal está atendiendo el problema.
Situación que basa en el hecho de que “no hay una estrategia como tal porque una estrategia incluye procesos para entender por qué priorizar el combate a algún delito o determinar cierta acción por encima de otra y esto implica tiempos, objetivos claros, indicadores de desempeño y de resultados, elementos que te ayudan a dar un seguimiento para decir si se va en la ruta adecuada o no y si se necesita potenciar algo para que los resultados sean los que buscan, y eso es lo que no tenemos en México”.
Elementos y datos duros que, dijo, no se tienen porque el Gobierno Federal está partiendo de “diagnósticos equivocados, de las simplificaciones de los problemas, y porque las declaraciones con las cuales se quiere atender el tema son meramente políticas”.
Como ejemplo de ello Rivas expuso el caso de los programas sociales que el la Federación ha impulsado bajo el argumento de que es la pobreza la que genera violencia, sin embargo, ve que no hay evidencia de ello y lo que encontraron es que los programas sociales no corresponden a las poblaciones blanco que se quiere atender el gobierno.
“Por ejemplo Tijuana es un caso de éxito, junto con la Ciudad de México y unas zonas de Tabasco, respecto a la recepción de recursos ahí donde hay jóvenes que están involucrados en la delincuencia, pero quitando esos tres casos a lo largo de la república lo que vemos es que los jóvenes están recibiendo dinero donde no hay la evidencia de que esté participando en el delito.
“Nos estamos olvidando de los que sí deberían ser receptores del programa y que sí son las poblaciones en riesgo como es el caso específico de los adolescentes que no están estudiando, los adolescentes reciben un recurso a partir de ser estudiantes, pero quienes no son estudiantes no lo reciben y en el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ellos reciben el recurso pero no necesariamente son los que se involucran en la delincuencia y la edad de involucramiento en la delincuencia es mucho menor, entonces si eres adolescente estás abandonado”, manifestó.
Situaciones que, señaló, lo único que demuestran es un panorama de “malas decisiones” y otro ejemplo de ello que expuso es el programa Sembrando Vida, el cual “pretende que los campesinos que están sembrando algún tipo de sustancias estupefacientes como marihuana o amapola, dejen de hacerlo porque van a sembrar árboles frutales, el tema es que consideran que el campesino opta por cuenta propia de sembrar este tipo de plantas como si tuviera el control para decidirlo, pero la verdad es que omiten el control territorial que tiene la delincuencia organizada y omiten el ejercicio de violencia que se tiene”.
Rivas sentenció que a final de cuentas estos hallazgos obtenidos de dixho estudio demuestran que se ha “empobrecido” la rendición de cuentas en el país, considerando los documentos con los que cuentan, puesto que los reportes de seguridad que dan los gobiernos, la información que se comparte en las mañaneras, lo que se estipula en el Informe de Gobierno y de los planes estructurados, encuentran “una gran narrativa, una gran explicación de por qué están haciendo las cosas, pero realmente no sabemos qué es lo que quieren lograr”.
Resaltó que actualmente se está careciendo de indicadores de desempeño y resultado, de datos que aparecían históricamente en el Informe de Gobierno y que señalaban si había avances en materia de justicia, y lo que sucede ahora es que “hay una narrativa victoriosa alrededor de los resultados, que no se soporta en datos duros”.
De ahí, dijo, la importancia y sustento de este estudio, el cual explico se construyó sobre la base de varios elementos de análisis sobre cómo está el gobierno en materia de rendición de cuentas y definición de una ruta para atender el tema de la violencia en nuestro país; qué dicen los datos duros acerca de la incidencia delictiva y dónde se desarrolla en el país; qué sucede con los programas sociales que ha puesto en marcha este gobierno para a partir del diagnóstico que ellos tienen mitigar las causas que producen la violencia; cómo está el gasto en seguridad; y qué subregistros se tienen de delitos a lo largo del país
“Tdo esto para llegar a conclusiones y recomendaciones específicas sobre qué deberíamos estar haciendo para mejorar las condiciones de seguridad del país”, puntualizó.
