Los Relatores Especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación con respecto a la lentitud en los avances de la investigación del asesinato del periodista mexicano Javier Arturo Valdez Cárdenas, acontecido el 15 de mayo del 2017, en Culiacán, Sinaloa.
“Es inadmisible que a 30 meses del cruel asesinato de Javier Valdez nadie haya sido todavía condenado por el crimen […] La falta de celeridad en la investigación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables puede resultar en la violación adicional de los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”, dijeron en un comunicado conjunto, David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Ambos recordaron que el asesinato de Valdez Cárdenas llevó a que el entonces presidente Enrique Peña Nieto, anunciara que se adaptarían medidas concretas para fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humano y periodistas, con el propósito de garantizar la prevención de agresiones y la protección de la prensa en México.
“Los expertos reconocen los esfuerzos hechos por la FEADLE en coordinación con la Fiscalía General de Sinaloa (FGS) para finalizar la investigación y establecer los hechos del crimen cometido en contra del periodista. El poder judicial ahora debe actuar con debida diligencia para concluir satisfactoriamente los procesos. Los expertos llaman al poder judicial para acelerar el proceso y definir la fecha para el inicio del juicio oral”, indicaron.
“Los Relatores Especiales recuerdan a las autoridades mexicanas que el Estado debe garantizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial que permita juzgar ante tribunales imparciales e independientes tanto a quienes cometieron estos actos de violencia, como a sus autores intelectuales. Solo así se hará justicia, se evitará la repetición y se prevendrán los efectos inhibitorios que la violencia causa en los comunicadores”, señalaron.
“Los expertos señalan, asimismo, que esta dilación del proceso contribuye de manera directa a la impunidad continua en los crímenes contra periodistas en México, por lo que instan al Gobierno mexicano a reemplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, enjuiciamiento y monitoreo, de conformidad con sus obligaciones internacionales”, abundaron Kaye y Lanza.
“Es imperativo que las autoridades gubernamentales intensifiquen el uso de la potestad legal de la FEADLE para investigar y enjuiciar delitos contra periodistas y adoptar medidas de amplio alcance que pongan fin a la impunidad en el país”, explicaron ambos funcionarios de los organismos internacionales.
Lanza y Kaye exhortaron al Gobierno mexicano encabezado ahora por Andrés Manuel López Obrdor, a que se conduzcan bajo los tiempos procesales marcados dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), buscando garantizar el derecho al acceso a la justicia y evitar el correlativo sufrimiento de las familias frente al retraso de tales procesos.
Adicionalmente, ambos expertos recibieron con profunda preocupación información sobre amenazas recibidas por la esposa del periodista, Griselda Inés Triana López, y trabajadores del semanario Ríodoce, para quienes los relatores especiales reiteran a las autoridades mexicanas su obligación de adoptar medidas de protección integral y efectiva.
A finales de marzo pasado, se reveló que la viuda de Valdez Cárdenas fue víctima de un intento de espionaje a través del malware Pegasus, presuntamente usado por la administración de Enrique Peña Nieto para espiar a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Así lo acreditó una nueva investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, realizada en conjunto con organizaciones como Artículo 19, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, quienes hacieron un análisis del teléfono móvil de Triana López, el cual ella le había dado a su hija.
En conferencia, la viuda del periodista sinaloense informó que esta misma tarde acudiría a la Feadle, de la Fiscalía General de la República (FGR), a interponer una denuncia por este intento de espionaje. Asimismo, Triana López exigió al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, una investigación a fondo sobre este hecho, que se encuentre a los responsables y se les sancione.
Los días 25 y 26 de mayo de 2017, justo diez y once días después del crimen del periodista sinaloense, Triana López recibió dos mensajes de texto vinculados a sitios web de dos medios de comunicación, con supuesto contenido referente al asesinato de Valdez Cárdenas.
Sin embargo, señaló Triana López, “yo estaba destrozada”, por lo que no hizo caso de dichos mensajes. Fue hasta diciembre del año pasado, que se percató de ello, cuando se denunció que dos periodistas del semanario Río Doce, del que su esposo Valdez Cárdenas fue cofundador, también fueron víctimas de espionaje gubernamental a través de Pegasus.
La viuda del periodista sinaloense recuperó su teléfono móvil, que le había dado a su hija Tania, y gracias al apoyo de las organizaciones que participan con Citizen Lab, el dispositivo móvil se envió a análisis, mismo que dio positivo en el intento de espionaje.
“Yo soy trabajadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa [UAW]. No soy criminal ni terrorista, pero he sido objeto de espionaje por el hecho de ser la compañera de Javier”, dijo Triana López..
“Exijo que la FGR atienda la denuncia que habré de presentar hasta dar con los responsables, que se les procese y se les castigue. Ya sé que suena utópico, pero es mi derecho conocer la verdad y que se haga justicia”, abundó la viuda del periodista sinaloense.
A finales de noviembre del año pasado se conoció que un día después del asesinato de Valdez Cardenás -acontecido el 15 de mayo del 2017, en Culiacán, Sinaloa-, las autoridades mexicanas habrían utilizado el sotfware Pegasus para espiar a los periodistas Ismael Bojórquez Perea y Andrés Villarreal, jefe de información y director general del semanario Ríodoce, respectivamente.
El reporte de Citizen Lab documentó seis mensajes con enlaces a la infraestructura de Pegasus -malware que compromete toda la información de un teléfono móvil cuando las víctimas accesan a contenidos engañosos, descargando un virus informático que se instala en los dispositivos-, mismos que fueron enviados a los teléfonos de Villarreal y Bojórquez Perea entre el 17 y el 26 de mayo de 2017, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había iniciado las investigaciones del caso.
El software espía -cuya venta sólo está permitida a gobiernos según lo ha asegurado la compañía israelí que lo fabrica y comercializa, NSO Group- siguió siendo utilizado por las autoridades mexicanas, dos meses después de la primera denuncia pública que se presentó por el uso ilegal de Pegasus.
El 11 de febrero del 2017 Citizen Lab dio a conocer el uso del software intrusivo contra activistas por el derecho a la salud y a favor de imponer un impuesto a los refrescos.
Después se supo que había un total de 24 civiles intervenidos, entre los que se encuentran la periodista Carmen Aristegui Flores y su hijo Emilio; los abogados del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), entre otros.
Valdez Cárdenas fue asesinado a unas cuadras de las instalaciones del semanario del que era fundador, cuando fue obligado a bajar del vehículo en el que viajaba, para después recibir 12 impactos de bala.
Sus supuestos asesinos, presuntos miembros de una célula del Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, robaron los documentos que traía ese día, así como su computadora y su teléfono móvil.
El reporte confirmó que el software se utilizó cuando representantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encontraban en Culiacán, para indagar el asesinato de Valdez Cárdenas, lo que podría haber sucedido sin autorizaciones judiciales para espiar los aparatos telefónicos de los afectados.
La PGR era la única institución de la que se ha confirmado la adquisición de Pegasus, pero también se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN) han destinado casi 500 millones de pesos para actualizar el malware.
El 25 enero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Triana López, sostendría una reunión con la titular de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien le presentaría un informe sobre los avances en la investigación del asesinato de su cónyuge, mismo que no se hará público por “razones legales”.
El mandatario nacional invitó a la esposa de de Valdez Cárdenas, presente en Palacio Nacional, a decir unas palabras en su conferencia matutina. Triana López aprovechó la tribuna para exigir verdad, justicia, castigo, y que no se descarte ninguna línea de investigación en el homicidio de su cónyuge, debido a que es “claro que lo asesinaron por su trabajo, porque no les gustó lo que publicó”.
La viuda del periodista sinaloense pidió, también, la detención de los autores materiales e intelectuales del crimen, y saber “¿quién dio la orden?” para matar a su esposo. “A mí no me importa de cuál grupo criminal vino la orden y pertenecen [los asesinos de Valdez Cárdenas]”, abundó Triana López.
“Que la Fiscalía General [de la República] investigue y determine quién mandó asesinar a mi esposo”, dijo. “Exigimos verdad, justicia y castigo a los asesinos, a los autores materiales pero sobre todo a loa intelectuales”, indicó la viuda del periodista co fundador del semanario Río Doce. “Aquí lo importante es dar con los personajes que dieron la orden”, abundó.
Triana López señaló, además, que “las declaraciones sobre el asesinato, en mi familia, mis hijos y mi persona, fueron un nuevo golpe”, en referencia a lo dicho por alias “El Licenciado”, quien testificó en la Corte del Distrito Este de Nueva York, durante el juicio contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, y aseguró que fueron los hijos del capo sinaloense quienes habrían dado la orden de matar a Valdez Cárdenas.
