No solo los permisos irregulares de taxi, la jubilación excesiva a su esposa Sonia Carrillo ni los contratos millonarios con el también ex alcalde Gustavo Sánchez Vázquez. Jaime Rafael Díaz Ochoa continúa arrastrando pendientes en la actual administración municipal, pues el Congreso del Estado morenista “rechazó” la cuenta pública de su último año de gobierno, al detectar anomalías como la venta de terrenos a mitad de precio, contratos irregularidades y la omisión de pagos a créditos, lo que generó mayores problemas financieros a la administración
En los tres años de gobierno del panista Gustavo Sánchez Vázquez, su antecesor Jaime Rafael Díaz Ochoa encontró impunidad. Era de esperarse, pues tanto Sánchez como su síndico procurador, Blanca Irene Villaseñor Pimienta, fueron asesores de la administración del ex panista. Entre ambos cobraron más de 6 millones de pesos.
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Además, funcionarios de la Oficialía Mayor de Jaime Díaz, fueron trasladados a puestos clave en la Sindicatura Municipal durante la gestión de Gustavo Sánchez, por lo que prácticamente se dio un claro y descarado “blindaje”.
Con lo que no contaban los gobernantes panistas, es que todavía tres años después de la gestión de Díaz, siguieran apareciendo irregularidades en sus cuentas.
Hace unas semanas, el Congreso del Estado decidió “rechazar” la cuenta pública 2016 del Ayuntamiento de Mexicali, toda vez que encontraron severas irregularidades, desde la venta de terrenos a casi la mitad de su valor; contratación de empresas para asesorías que nunca se realizaron; y la omisión de pagos a créditos, lo cual estaba perfectamente presupuestado.
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Comision de fiscalizacion del congreso.
El último día de su administración, Gustavo Sánchez Vázquez, no se quiso comprometer, y al ser cuestionado por la cuenta pública, se limitó a decir que todo sería responsabilidad de la síndico. Negó tener conocimiento de estas anomalías expuestas por la diputada Eva Griselda Rodríguez, titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, ente encargado de revisar la legalidad de los gastos emitidos por todos los órganos públicos.
Estas irregularidades salen a la luz hasta ahora, debido a que la pasada Legislatura dejó un rezago de 140 cuentas para su aprobación, y pese al tiempo, la diputada Eva Rodríguez asegura que aún puede haber sanciones contra ex funcionarios.
El dictamen consta de 30 irregularidades, por lo menos ocho consideradas graves y podrían culminar en un castigo; mientras tanto, la Sindicatura Municipal ya recibió la instrucción para iniciar procesos de investigación y sanción sobre estos casos.
Personal de la auditoría acudió a la vivienda registrada por el ex alcalde señalado, los días 25 de septiembre y 14 de noviembre del 2017, pero no fue localizado.
DESARROLLADORAS E INDUSTRIALES, LOS BENEFICIADOS
Entre las múltiples irregularidades que presenta la cuenta pública 2016 de la administración de Jaime Rafael Díaz Ochoa, encontradas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y avaladas por la Legislatura XXIII, destaca la venta de 48 terrenos, de los cuales 39 fueron vendidos -en promedio- al 58 por ciento de su valor, lo cual representa una pérdida de ingresos de 31 millones 279 mil 297 pesos.
El dictamen de la cuenta pública en poder de ZETA, refiere que dichos predios fueron desincorporados en 2015 y vendidos en 2016, el último año de Díaz Ochoa, que prácticamente terminaron “rematados” y entregados a través de una adjudicación directa, cuando por Ley debieron someterlos a licitación pública.
Se trata de 39 predios que habrían generado ingresos por 90 millones 262 mil 948 pesos, pero solo se percibieron 58 millones 983 mil 651 pesos.
La critica a Jaime Díaz.
El motivo, aseguró la diputada Eva Rodríguez, es que los valores catastrales del inmueble reflejaban un valor superior al que presentó la Comisión Municipal de Avalúos en un dictamen efectuado en diciembre de 2015. En otras palabras, le dieron un valor mucho menor al que se tenía contemplado en Catastro.
La mayoría de los beneficiados con los avalúos fueron empresarios desarrolladores y propietarios de naves industriales; ninguna persona física recibió estos beneficios.
Los primeros de ellos son Naves Industriales Wong y PIMSA, que habrían comprado un terreno de 22,466.551 metros cuadrados en la colonia Alamitos, con clave catastral H5-002-401.
Su valor en la documentación municipal asciende a 30 millones 329 mil 844 pesos, pero al final pagaron 4 millones 268 mil 844 pesos menos por el avalúo realizado meses antes de la compra.
La empresa -inscrita en 2015 ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio- es propiedad de conocida familia de empresarios del ramo inmobiliario de ascendencia china, y tiene como accionistas a Castulo Wong Seto, Darío Ramón Wong Lee, Ana Leticia Hurtado Herrera, Héctor Manuel Quintero Alvarado, Wong Kam Shing Mon y Haydee Herrera Muñoz
También tienen representación Eduardo Francisco Carrillo Rivera y el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, Francisco Fiorentini Cañedo.
La empresa Brasa Desarrollos, originaria de Chihuahua y en la que destaca como accionista el empresario Miguel Fernández Iturriza, adquirió dos lotes de grandes proporciones en Privada Castilla, de Residencial La Rioja -comunidad exclusiva de Mexicali-, de poco más de 5 mil y 3 mil metros cuadrados. Los lotes 1 y 2 de la manzana 4, con claves catastrales BRJ-004-001 y BRJ-004-002, tenían un valor de 11 millones 479 mil 120 y 6 millones 638 mil 516, respectivamente; pero por el primero pagaron 5 millones 582 mil 948 pesos menos del valor estimado, mientras que el segundo tuvo un déficit de 3 millones 228, mil 688.
Según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), ambos fueron donados por Brasa Desarrollos al Ayuntamiento de Mexicali en 2013, como parte de los acuerdos realizados cuando se construye un desarrollo de esta naturaleza.
La intención es que un porcentaje del terreno sea utilizado para áreas verdes, escuelas y otros conceptos, pero en 2016, los predios donados fueron vendidos nuevamente a la desarrolladora por las mencionadas cantidades.
Promocasa, Planificación y Desarrollos de Baja California, así como Ingeniería y Desarrollos Urbanos, SA de CV, también recibieron beneficios entre millón y los 3 millones de pesos por cada inmueble comprado.
Promocasa habría adquirido en ese periodo cuatro inmuebles con claves catastrales BDR-002-001 -con valor de 5 millones 180 mil 438 pesos, pero que se adquirió en 2 millones 477 mil 054-,;BDR-002-002 -5 millones 693 pesos, pero que costó 2 millones 391 mil 108-; BDR-002-003 – de 2 millones 027 mil 291 pesos, pero que se cobró a 969 mil 360 pesos-; y BDR-002-004 -valor de 5 millones 137 mil 825 pesos, pero se terminó pagando 2 millones 456 mil 678 pesos-.
También participó Planificación y Desarrollos de Baja California, perteneciente a Grupo Melo -involucrada en el desastre de Lomas de Rubí-, con tres propiedades en fraccionamiento Villa Mediterránea de 2.22, 3.26 y 3.29 millones de pesos. Sin embargo, se pagaron 1.3, 1.9 y 1.93 millones de pesos, de manera respectiva.
La empresa que más inmuebles compró con este beneficio fue Ingeniería y Desarrollos Urbanos, SA de CV, de claves catastrales UF-006-39 a UF-006-54, que en total comprenderían un total de mil 938 metros cuadrados y habrían pagado 3 millones 518 mil 891 pesos, cuando los valores catastrales arrojaban un monto de 5 millones 108 mil 593 pesos.
El resto de los inmuebles vendidos por la administración municipal, no presentaron problemas, pues el pago correspondiente se realizó conforme al valor catastral. Curiosamente dichos inmuebles fueron adquiridos por el Gobierno del Estado, el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (Fidum) y algunas pocas empresas.
ZETA intentó una entrevista con el director de Administración Urbana, Juventino Pérez Brambila, pero este se negó a responder cuestionamientos, pese a las reiteradas ocasiones que fue buscado y prometió una atención que no cumplió.
EL DESPACHO FISCAL Y DE PINTURAS
Otra de las principales irregularidades detectada en la cuenta pública 2016, fue la contratación, sin licitar, de la empresa Cox LTD México, SA de CV en julio de aquel año. La empresa originaria de Tlalnepantla, Estado de México, recibió un contrato de 40 millones 411 mil 666 pesos, para brindar “servicios profesionales de asesoría legal y fiscal”, pero no existe evidencia documental de ningún tipo que demuestre que haya realizado el trabajo, lo cual es obligatorio y está establecido en el contrato.
San Adrián
Curiosamente, la empresa fundada en 2006, pero disuelta este año, cuenta con múltiples contratos en la Capital del país y el Estado de México para la adquisición de pinturas y materiales menores para construcción.
Esto obra en el contrato DT-2018-076ADQ, disponible para su revisión pública, del gobierno de Tlalpan, donde adquieren 2.3 millones de pesos en pintura y otros materiales menores para la rehabilitación de inmuebles.
La empresa tiene objetos variados, pues por un lado indica que comercializa productos químicos de todo tipo, hasta fabricación de envases, maquinaria y equipo electrónico.
Los propietarios son César Rafael Vilchis Lozada, Pedro Martínez Luna, José Antonio Casique Espinosa, Susana Sandoval Villa y el empresario Jacobo Laniado Cattan, quien cuenta con gran número de negocios, además de estar asociado con poderosos grupos políticos y económicos del Estado de México.
Al final, el monto fue cobrado, pero no existe documentación que avale los trabajos; el contrato se firmó en julio, es decir, a escasos meses de concluir el gobierno.
OTRAS OBSERVACIONES
Jaime Díaz Ochoa omitió pagos a siete créditos adquiridos por el Ayuntamiento de Mexicali, lo que cargó intereses moratorios de 845 mil 298 pesos, pero además dejó de percibir beneficios por pago puntual superiores a 6 millones de pesos.
También pagó 54 millones de pesos a proveedores a través de adjudicaciones directas a diversas empresas, cuando por sus montos debían ser sometidas a licitación pública, local o nacional.
Los estragos de la administración de Francisco Pérez Tejada también le afectaron, pues tras una auditoría federal, se detectó la omisión de cuotas obrero-patronales por más de 20 millones de pesos, lo que causó intereses moratorios y multas que se prolongaron hasta el gobierno de Sánchez Vázquez.
Estas nuevas irregularidades se suman a las ya conocidas a través de auditorías y reportajes de los medios de comunicación, como la entrega de 355 placas de taxis, las facturas “infladas” de un taller llamado Racota que “reparaba” patrullas de la Policía Municipal; la jubilación de más de 40 mil pesos de Sonia Carrillo -esposa del ex alcalde- y los millonarios contratos “regalados” a su correligionario Gustavo Sánchez Vázquez para brindar asesoría fiscal.
