Arranca el gobierno del ingeniero Jaime Bonilla Valdez después de treinta años de panismo. Lo hace en medio de una gran polémica, que rebasó con mucho los límites de nuestra entidad y que, sin duda, ha generado más interés y controversia en los círculos políticos y mediáticos de la capital del país que en la propia Baja California. Ello, debo decirlo, es entendible dadas las repercusiones y consecuencias que algunos anticipan y/o temen. El tema de esta entrega es otro, pues la discusión acerca de la duración del periodo que gobernará el estado el primer gobernador salido de las filas de Morena, ha ocultado las razones por la cuales ganó Bonilla y, por tanto, las esperanzas que la mayoría votante -y algunos que no votaron- depositaron en él.
En 1989, en pleno ascenso del proyecto y sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Baja California se convirtió en el primer estado gobernado por un partido político diferente al PRI; la llegada del panismo a una gubernatura significó un ensayo del sistema político al servicio del libre mercado que -comandado en el mundo por Margaret Thatcher y Ronald Reagan- pretendió un mundo unipolar basado en la variante neoliberal del mismo régimen económico.
El experimento, como todos sabemos, se continuó por tres décadas en la entidad y llevó incluso al PAN a gobernar al país durante dos sexenios, en los que rápidamente se demostraron incapaces de generar un mínimo de satisfacción, desarrollo y estabilidad para el buen funcionamiento de la sociedad, por lo cual le siguieron dos nuevas tentativas: el regreso al PRI con Peña Nieto y, ahora, un gobierno “de izquierda”, que en los hechos no ha tocado los pilares del régimen que ha incluso declarado muerto.
Morena y el ingeniero Bonilla llegarán este primero de noviembre con la carga inmensa de superar la esperanza finalmente frustrada, de que un gobierno de oposición cambiaría la situación del pueblo bajacaliforniano.
El panismo se preocupó más por garantizarse la continuidad en el gobierno: por perpetuarse en el poder asegurando trabajo a parientes, amigos y simpatizantes; por cooptar y comprar líderes sociales; por pervertir la vocación de los liderazgos naturales de servir a su comunidad, para que ahora sirvieran a los intereses de los funcionarios en turno; por utilizar la información privilegiada, las relaciones y el poder en general para favorecer los negocios propios y los de sus financiadores de campañas.
En fin, que la situación de los trabajadores de las zonas agrícolas, de las maquilas, de los servicios, de los empleados humildes, se ha deteriorado o -si acaso- mantenido igual. Por supuesto que no todo se puede hacer a nivel estatal.
En temas de cambiar a la política fiscal en el sentido de aplicar impuestos progresivamente (haciendo que contribuyan más al desarrollo del país aquellos que más se benefician de los recursos humanos y naturales de la Patria, de mejoras de salario y de empleo, de reorientar el gasto público para apoyar a mejorar la calidad de vida de las masas más amplias), dicho sea de paso, no se conseguirá por la vía de programas de transferencias monetarias por tarjetas o por el medio que sea; que mejorar los niveles de seguridad, por ejemplo, no se puede conseguir solo por el gobierno estatal, sino con decidido y sostenido apoyo de la Federación.
Sin embargo, ese es el reto que enfrentará el nuevo gobernador: superar el abandono de los programas de vivienda popular; la desatención a los servicios en las áreas donde se concentra la mano de obra que sostiene a Baja California, como uno de los estados que más aportan a la economía nacional; aumentar la seguridad, pero no solo para las zonas comerciales o gastronómicas de los de mayor poder adquisitivo, sino también para “los olvidados”, como bautizaran Alcoriza y Buñuel en su inmortal película a los habitantes de los bolsones de pobreza y cinturones de miseria que existen en las grandes urbes, como en nuestra Tijuana; apoyar la educación, tema en el cual han resultado terriblemente lastimados los profesores, abandonadas las escuelas públicas (sobre todo, en esa misma línea de discriminación clasista, las de los más humildes); la salud de los que se sostienen en la economía informal; el desarrollo cultural y deportivo, particularmente entre los jóvenes.
Ello en medio de la tentación de atender más a los compromisos partidistas que a la población que votó desilusionada de 30 años, en medio del peligro de repetir lo que hicieron los panistas.
Quizá, con todo lo complejo del estado, ese sea el gran reto de Bonilla, sean dos o cinco años: gobernar para Morena o gobernar para todos. Por el bien del estado, mucho éxito.
Ignacio Acosta Montes es coordinador estatal y regional del Movimiento Antorchista. Correo: ignacio.acostam@gmail.com
