Los regidores del Ayuntamiento de Tijuana aprobaron, en sesión de cabildo, la modificación al convenio que la anterior administración estableció con la empresa Roma Food, propiedad de Mauricio Fernández Margain, para saldar una deuda de 228 millones de pesos, monto que el empresario ligado al Partido Acción Nacional (PAN) reclamó por un predio propiedad del gobierno municipal a través de un juicio civil.
Esta modificación reduce en 60 millones de pesos la cantidad que la empresa reclama y que la administración de Juan Manuel Gastélum “El Patas” aprobó que el gobierno municipal saldara en los próxinos años con la entrega de terrenos propiedad del Ayuntamiento y transacciones bancarias.
La iniciativa fue celebrada por Mónica Vega, quien no perdió la oportunidad de enlistar a los ex funcionarios que merecen ser investigados por las irregularidades que cometieron al respecto, como la mala valuación que se hizo del terreno.
Esto porque en noviembre de 2018, sin consultarlo previamente con el Cabildo, la síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán; el asesor jurídico, Leonardo Martínez; el tesorero Ricardo Chavarín y la oficial mayor, María de los Ángeles Olague Contreras, firmaron el convenio en el que comprometían al Ayuntamiento al pago.
Arnulfo Guerrero, aunque su voto también fue a favor de la modificación al contrato, justificó que en la anterior administración aprobó el convenio porque era una obligación que tenía el Ayuntamiento después de que los tribunales lo determinaron.
Por su parte, el alcalde Arturo González Cruz, comentó que su administración logró que la empresa aceptara un convenio que evitara poner el riesgo al municipio ya que no pagará cantidades exorbitantes por una deuda que era en un principio de 1 millón de pesos.
Los regidores coincidieron en que los ex funcionarios relacionados a este caso, sean sujetos a una investigación, sobre todo para determinar si cometieron desvío de recursos.
El caso de Roma Food se remonta a 1995, cuando el gobierno del Estado celebró un contrato de promesa de compra-venta con Ángel Fernández Quintana, empresario local y quien buscaba comprar el predio ubicado en el Libramiento Rosas Magallón, propiedad del gobierno estatal.
Esto porque el gobierno del Estado traspasó el terreno al Ayuntamiento de Tijuana. Durante el trienio de Jorge Ramos, con quien Fernández Margain se asoció en algunas empresas, se construyeron la comandancia de la Policía Municipal “Margarito Saldaña” y la unidad deportiva José Santos Meza.
En 2009, justamente en el periodo del alcalde panista, Fernández Margain -después de que su padre, Ángel Fernández Quintana falleciera- interpuso una demanda civil contra el gobierno del Estado y contra el gobierno municipal de Tijuana como tercer involucrado por tener en su poder el predio.
Un año después, la administración de Jorge Ramos aceptó la deuda pero el demandante no la reclamó, sino hasta 2017 y logró que un juez ordenara a la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro pagar una cantidad de 228 millones de pesos.
La síndico procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, comentó que sí se iniciará una investigación contra los ex funcionarios, pero prefirió no brindar más detalles sobre los procedimientos que se llevarán a cabo.
Antes de concluir su periodo, el gobierno de Gastélum Buenrostro pagó 115 millones de pesos de la deuda total a la empresa.
