El Partido Acción Nacional presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo octavo transitorio, referente a que el periodo de la siguiente gubernatura, la cual estará en manos de Jaime Bonilla Valdez, se ampliará de dos a cinco años.
La ley fue publicada ayer en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. De acuerdo con el propio articulado de la enmienda constitucional, ésta entraría en vigor al siguiente día de su publicación.
“Hoy a las 8 de la mañana con dos minutos, se presentó la primera acción de inconstitucionalidad por el Partido Acción Nacional y lo hicimos hasta hoy porque como ustedes saben Morena, Bonilla en el congreso local de Baja California habían escondido la reforma, quitando tiempo a la Corte, a la Sala Superior del Tribunal, para poder resolver este tema”, declaró el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés a su salida de la sede de la SCJN.
Acompañado de los coordinadores de bancada en el Congreso de la Unión, diputado Juan Carlos Romero Hicks y senador Mauricio Kuri, así como de los diputados federales por Baja California Lizbeth Mata Lozano y Ernesto Ruffo Appel, el dirigente del partido blanquiazul refirió que la publicación de la reforma constituye “un hecho muy delicado en México, que pretende vulnerar el orden constitucional y democrático, que pretende ampliarle el mandato a un gobernante electo, que pretende legislar en la Constitución para una persona”.
A decir del dirigente partidista, el precedente que sienta la entrada en vigor de la reforma “podría provocar que cualquier otro gobernante de cualquier estado o a nivel federal quisiera ampliarse el mandato”. De manera que se pronunció por que “el otro poder”, el judicial, “haga respetar la Constitución”.
De cualquier modo se dijo confiado en que en el máximo tribunal “se le dirá no a Jaime Bonilla y se le dirá no a Morena en su pretensión de ampliarse el mandato, de legislar para sí y de vulnerar el orden constitucional y democrático en México”.
A su vez el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral, Miguel de Loera, confirmó a ZETA que el coordinador nacional de ese partido, senador Clemente Castañeda, igualmente presentó esta mañana una acción de inconstitucionalidad contra la denominada Ley Bonilla.
De Loera Guardado mencionó que el partido naranja además solicitó “la suspensión provisional de los efectos que pueda tener la reforma”.
A propósito de esa petición explicó que tuvo que ver con que el tiempo que queda para que Bonilla Valdez tome posesión (el 1 de noviembre) “es muy breve”, lo cual puede implicar que los colaboradores del gobernador electo en materia jurídica estén “apostándole a que sea irreparable” la validez de la enmienda constitucional.
Detalló que en caso de que se admita y conceda la suspensión, será “para que se pueda seguir desarrollando” el procedimiento entablado “y se vincule al Ejecutivo a que deje sin efecto la reforma hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto”.
La ley fue validada el 8 de julio de 2019 en el Congreso local y se expidió como tal el 23 del mismo mes. Contra semejante modificación a la Constitución Política del Estado de Baja California, se contempla que además de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el PAN y MC obren otros recursos de impugnación. Tal es el caso de las controversias constitucionales que según se dio a conocer interpondrán el PRI y el PBC, así como los juicios de amparo a ser promovidos por la Confederación Patronal de la República Mexicana.
