#NoMásDerroches pide a SCJN decir si se construirá o no Santa Lucía, ante “presiones” de AMLO


 
Destacados martes, 8 octubre, 2019 03:00 PM

El colectivo #NoMásDerroches solicitó este martes 8 de octubre, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolver si se construirá o no el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), ante lo que llamó las presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la “irregularidad” en las decisiones de jueces y magistrados.

“En repetidas ocasiones, el presidente de la República ha calificado de corruptos a jueces y magistrados, y ha amenazado con ‘exhibir ‘a quienes han otorgado suspensiones en contra de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía”, señaló el colectivo.

“Además, prácticamente a diario, como lo han constatado los medios de comunicación, funcionarios militares acuden al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México”, abundó #NoMásDerroches.

“A pesar de que [el juez Juan Carlos Guzmán Rosas] otorgó en un inicio suspensiones en contra de la construcción del aeropuerto, ahora niega las mismas con base en ‘nuevas’ reflexiones jurídicas'”, detalló el colectivo.

Este mismo día, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México revocó una suspensión definitiva otorgada previamente en atención a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), considera que el proyecto aeroportuario es una “instalación estratégica”.

“En otras palabras, estima que es válido el inicio de la construcción del aeropuerto por ‘seguridad nacional’ a pesar de que aún no existen estudios en materia de seguridad aérea y factibilidad aeronáutica, costo-beneficio, de impacto arqueológico-cultural y de impacto social”, cuestionó #NoMásDerroches.

“¿No debería considerarse de ‘seguridad nacional’ que un aeropuerto que recibirá a millones de pasajeros al año cuente con todos los estudios y permisos que exigen las leyes antes del inicio de la construcción de tan ‘estratégica’ obra?”, se cuestionó el colectivo.

Para #NoMásDerroches, la SCJN resolvería sobre un litigio que marcará la pauta de actuación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante cualquier otro proyecto de infraestructura cuestionable desde el punto de vista jurídico y potencialmente violatorio de los derechos humanos.

“Consideramos que el asunto es de importancia y trascendencia nacional, pues dará oportunidad a la SCJN de pronunciarse respecto a: si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales”, indicó #NoMásDerroches.

“Si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, abundó el colectivo.

“Y si debe permitirse el peligroso precedente de privilegiar la ‘seguridad nacional’ en obras públicas cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano”, afirmó #NoMásDerroches.

Ayer lunes 7 de octubre, el colectivo presentó una solicitud de atracción ante la SCJN, para que conozca de las suspensiones definitivas que aún se encuentran vigentes -radicada bajo el expediente 654/2019- y, en su momento, se solicitará la atracción del recurso que se interpondrá en contra de la suspensión revocada este día.

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, revocó este martes 8 de octubre, una de siete suspensiones contra la construcción AISL, en el Estado de México, al declarar fundado lo promovido por la Sedena, con el argumento de que dicho proyecto es un tema de seguridad nacional.

Sin embargo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, integrado por tres magistrados -y es la instancia final en materia de suspensión- revisará todas las resoluciones del juez Guzmán Rosas, quien concentra los más de 140 amparos contra la obra, y ha estado negando suspensiones en otros juicios de garantías del colectivo #Nomasderroches.

El pasado 4 de octubre, el mismo Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, negó al ciudadano José Arturo Hernández Buendía, la suspensión definitiva contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), en el Estado de México.

Hernández Buendía había indicado como acto reclamado en su demandada de garantías interpuesta el pasado 29 de agosto -radicada en el expediente 1254/2019-, la omisión de realizar una evaluación de impacto social de la Base Aérea Militar número uno”.

Asimismo, el juez Guzmán Rosas reiteró el exhorto a su homólogo Raúl García Camacho, titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito con residencia en el municipio de Naucalpan, Estado de México, para que realice la inspección judicial en la base aérea, como solicitaron los representantes de los pueblos indígenas de Tecámac.

En el juicio de amparo 1248/2019, los quejosos ofrecieron como prueba una inspección judicial con el objetivo de demostrar que las autoridades iniciaron los trabajos de construcción con los daños “inminentes e irreparables” que se podrían ocasionar.

Sin embargo, el juez García Camacho se declaró impedido para realizar dicha inspección, bajo el argumento que “con los sentidos” no puede determinarse el momento en que inició la construcción y si la misma ha ocasionado algún daño “inminente o irreparable”.

Guzmán Rosas había concedido en julio y agosto pasados, tres suspensiones definitivas para frenar la construcción del AISL, en la Base Aérea Militar homónima. Sin embargo, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, habría hecho “nuevas reflexiones y análisis”.

El juzgador cambió su postura después de que el 29 de agosto pasado, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional -adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República-, aceptó una solicitud presentada un día antes por la Sedena, para incorporar al Inventario de Infraestructura Estratégica del país todos los bienes del Ejército, muebles e inmuebles.

El pasado 30 de julio, Guzmán Rosas había suspendido las obras en Santa Lucía con el argumento de que había riesgo de que no se cumplieran los estándares de seguridad requeridos. No obstante, en una nueva sentencia dictada el 25 de septiembre, señala que se afectarían incluso órdenes para la defensa de la soberanía del país.

“Significaría el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional”, argumentó Guzmán Rosas al negar otra suspensión en el amparo 1206/2019.

“De concederse la suspensión, se sigue el perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, pues se impediría al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el 27 de la Constitución, como lo es el espacio aéreo”, estableció el juez.

El juzgador abandonó su anterior argumento -basado en un fallo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito-, de que el quejoso, al igual que el resto de los mexicanos, tienen interés común en que el Gobierno ejerza un gasto eficaz y óptimo de los recursos públicos.

“Es improcedente otorgar la suspensión [alegando] el uso eficiente de los recursos públicos, porque la futura formalización y ejecución del contrato con relación al proyecto del Aeropuerto de Santa Lucía, implica la utilización de recursos públicos para la prestación de un servicio”, señaló el juez.

El pasado 23 de septiembre, el colectivo #NoMásDerroches indicó que la Sedena solicitó al juez Guzmán Rosas invocar al “interés nacional” para que se revocaran las suspensiones definitivas otorgadas a partir de amparos y se apruebe el inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el [Poder] Ejecutivo [Federal] decidió invocar ‘el interés nacional’ y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional”, indicó el colectivo en un comunicado.

“Para ello, la Sedena solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos: Que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica. Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional. Que pone en riesgo la ‘protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República’ al impedir la aplicación del Plan DN-III-E”, dice el comunicado.

“El 23 de agosto el Presidente de la República declaró que ‘vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional’ y el 29 de agosto que ‘Estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos… para tener a tiempo el nuevo aeropuerto”, agregó #NoMásDerroches, que dijo: la solicitud de revocación es la “crónica de una maniobra anunciada”.

“¿Debemos entender que hasta el momento de solicitar la revocación peligraban la integridad, estabilidad y soberanía del Estado Mexicano? ¿Que de haber sucedido una emergencia el Plan DN- III-E no habría podido llevarse a cabo?”, se cuestionó el colectivo.

“¿Que los amparos impiden los entrenamientos y operaciones militares en la Base Militar de Santa Lucía? ¿Que nadie se había dado cuenta de que para garantizar la seguridad nacional hacía falta catalogar los bienes de la SEDENA como instalaciones estratégicas?”, abundó #NoMásDerroches, para luego argumento que lo único que suspendió el Poder Judicial Federal (PJF) fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio.

“Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”, afirmó el colectivo.

#NoMásDerroches aseveró que de revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.

“Peor todavía, generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la ‘seguridad nacional’ y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos”, señaló el colectivo.

“El propio artículo 4° de la Ley de Seguridad Nacional indica que ésta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales”, indicó #NoMásDerroches, que pidió al PJF proteger a los mexicanos en contra de “cualquier abuso por parte de las autoridades”.

“Confiamos que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos”, finalizó el comunicado del colectivo.

El pasado 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, al ex ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, de ser asesor de los amparos en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“La gente me informa y lo que me han dicho es que el ex ministro los está asesorando […] Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro”, afirmó López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo Federal agregó que son 16 despachos de abogados los que encabezan esta “campaña”, además de que aseguró que, aunque no existen documentos firmados por el juzgador en retiro, éste podría estar incurriendo en una falta por participar en litigios. Es importante que en la Ley de Austeridad, dijo, se le niegue a quienes trabajan en el Gobierno, que posteriormente lo hagan en empresas vinculadas con el cargo.

“No hemos podido continuar la obra porque estos señores están abusando del derecho de amparo. Con un poco de luz en la frente, quién puede sostener que no se deba de hacer esa obra o que se afecte el medio ambiente si se trata de construir una pista en un aeropuerto que existe desde hace 50 años, en las instalaciones, en Santa Lucía, que es un área impactada”, abundó el presidente.

“No tiene ningún fundamento, por qué no hicieron lo mismo con el aeropuerto de Texcoco, que querían acabar con el lago Nabor Carrillo, en la zona más baja Del Valle de México […] Entonces no protestaron y ahora tiene toda una campaña en contra de esta obra que es fundamental”, agregó el político tabasqueño.

Sin embargo, Cossío Díaz -ministro de la SCJN desde diciembre de 2003 hasta noviembre de 2018- respondió a las acusaciones presidenciales en entrevista para Radio Fórmula, al indicar que “yo no estoy asesorando, ni tengo ningún vínculo con quienes han presentado amparos contra el Aeropuerto de Santa Lucía”.

“Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”, tuiteó el ex ministro de 58 años de edad.

“¿Ya lo aclaro? Está muy bien, les digo, ya no existe el [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] Cisen pero como mi pecho no es bodega, digo lo que pienso, entonces qué bueno no, que no está involucrado”, respondió López Obrador, cuando se le informó durante la misma conferencia de prensa que el ministro se deslindó de las acusaciones.

Antes, el 28 de agosto, el presidente López Obrador informó que un día antes se finiquitaron con las empresas todos los contratos relacionados con el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México.

“Ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el Aeropuerto de Texcoco, ayer se terminó, se finiquitó ya el tema, todas las empresas”, señaló el mandatario nacional al ser cuestionado sobre la opinión del empresario Carlos Slim Helú, quien dijo ayer martes 27 de agosto que el futuro dirá si se concreta el proyecto.

“Cumplimos con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista y cumplimos con el compromiso de no quedar a deber ningún peso a los constructores, ya se terminó con eso, estamos hablando de cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal en conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño aseguró que le informaron de este asunto y pedirá al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, que amplíe los datos sobre este tema, además de que insistió en que se ahorrará más con la cancelación del proyecto en Texcoco y la conclusión de Santa Lucía.

“Calculo que se va resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar en tres años más de 100 mil millones de pesos”, afirmó López Obrador, quien reiteró que el proyecto aeroportuario para el Valle de México implica la rehabilitación del Aeropuerto de Toluca y la modernización del AICM, además de que Santa Lucía va, a pesar de la lluvia de amparos.

“De esta manera, con mucho menos dinero, con menos problemas, con más calidad, porque no se va a hundir ninguno de los aeropuertos como se iba a hundir el de Texcoco, vamos a recargar el lago de Texcoco y vamos a mejorar el servicio, entonces ya”, acotó el presidente.

“Eso ya lo dirá el futuro”, fue la respuesta del presidente de Grupo Carso, al ser cuestionado sobre si era buena idea que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador retome la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México, al que calificó como “proyectote”.

Sin embargo, el hombre más rico de México destacó que se trata de “uno de los mil 600 proyectos de inversión” que hay en el país, además de que indicó la relevancia de los programas de desarrollo, sobre todo en el sureste del territorio nacional, ya que hay una necesidad de infraestructura muy importante que puede ser tomada por inversionistas nacionales y de la banca.

El 21 de agosto, el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México concedió una suspensión definitiva en contra de todos los efectos y consecuencias de la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Gobierno Federal, respecto al proyecto del AISL.

La orden judicial será válida hasta que se resuelva uno de los juicios de amparo promovidos por el colectivo de organizaciones no gubernamentales #NoMásDerroches, y comparte el criterio sostenido la semana pasada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al otorgar una suspensión provisional en contra de la Autorización de Impacto Ambiental.

Según el colectivo de ONG’s, la propia autorización de la SEMARNAT reconoció que con la ejecución del proyecto de Santa Lucía se ocasionarán daños y afectaciones al ecosistema actual de las regiones que impactará la obra aeroportuaria.

El Juez también indicó que la Autorización de Impacto Ambiental reconoce: i) la tala y poda de vegetación, ii) desplazamiento y reubicación de flora y fauna, iii) inhibición en la filtración hídrica y, por ende, la disminución de captación de agua, iv) aumento de contaminación atmosférica debido al aumento en el tránsito de vehículos aunado a la falta de infraestructura vial.

Además, de que, en general, la resolución judicial indica daños inminentes de difícil reparación en perjuicio de las comunidades por modificaciones al entorno. “La finalidad de la suspensión es garantizar la protección del medio ambiente de las regiones afectadas por el proyecto aeroportuario y salvaguardar la integralidad del ecosistema”, detalló #NoMásDerroches en un comunicado.

Con esta nueva medida cautelar obtenida por el colectivo de ONG’s, el inicio de la construcción del AISL tendrá que esperar a que se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo, ya que prohíbe la ejecución de la Autorización de Impacto Ambiental hasta que el Juez analice si cumple con los principios en materia ambiental y garantiza el derecho a un medio ambiente sano que protege nuestra Constitución.

El pasado 16 de agosto, el presidente López Obrador insistió en que la suspensión definitiva mediante la cual se ordena al Gobierno Federal detener la construcción del AISL, es “un sabotaje legal”, y aseguró que la obra se va a realizar sin atrasos, a pesar de los más de 80 amparos para impedirlo.

Un día antes, el 15 de agosto, Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva mediante la cual se ordena al Gobierno Federal detener la construcción del AISL, hasta que se resuelva uno de los juicios de amparo promovidos por #NoMásDerroches.

Sin otorgar más detalles, el mandatario nacional aseguró que está pidiendo al Poder Judicial de la Federación que, conforme a la normatividad, resuelva ya todos estos amparos. “Porque son prácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra”, indicó en su conferencia de prensa matutina.

“Entonces espero que esto se resuelva pronto, y un llamado también ya a los que no pudieron hacer el negocio, entre comillas, que le bajen una rayita, cuando menos, están muy alterados. El dinero no es la vida, el dinero es el papá o la mamá del diablo”, ironizó el político tabasqueño.

López Obrador recordó que no se está realizando ninguna obra en el AISL, aunque su Gabinete está trabajando todo el tiempo en la planeación. Al ser cuestionado sobre cuánto más cree que podría retrasarse la obra, el titular del Poder Ejecutivo Federal acotó que confía en que la suspensión definitiva judicial no afecte en nada la construcción del nuevo aeropuerto.

La resolución judicial dictada por el juez el 15 de agosto, también ordena a las autoridades responsables mantener las obras del cancelado NAIM. Lo anterior guarda congruencia con lo resuelto el lunes de esta semana en el mismo sentido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver un recurso de queja emanado del mismo asunto.

El PJF ya había otorgado suspensiones definitivas en seis ocasiones en contra de la construcción del AISL. Sin embargo, condicionaba el desarrollo aeroportuario a que se obtuvieran todos los permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, entre otros.

Permisos y estudios en dichas materias que, en su mayoría, dependían de la propia Administración Pública Federal, para que el Gobierno Federal estuviera en la posibilidad jurídica de iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, sin importar que los juicios de amparo no hubiesen concluido aún, recordó el colectivo de ONG’s en un comunicado.

Con la suspensión definitiva, el Gobierno Federal tendría que probar y sustentar múltiples aspectos técnicos y económicos de la decisión de cancelar el NAIM, así como la conveniencia de que operen al mismo tiempo Santa Lucía, el Aeropuerto de Toluca, y el Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Sin embargo, el Gobierno Federal puede impugnar la resolución dictada el pasado lunes por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en la queja 248/2019 -en la cual se basó Guzmán Rosas-, al revocar una negativa de suspensión provisional dictada inicialmente por el juez.

“En el caso, el interés social que justifica la suspensión pasa por el eficiente y racional ejercicio de los recursos públicos, en tanto que la obra (Texcoco) implicó cuantiosos recursos públicos, precedidos de múltiples acciones de planeación, presupuestación y autorizaciones (incluso bajo el más riguroso marco legal aplicable a cuestiones plurianuales), que le habrían dotado de una presunción de legalidad, pertinencia y oportunidad”, afirmó el tribunal colegiado.

“Si la decisión es la cancelación de una obra autorizada, presupuestada y en ejecución, sobre todo de la magnitud de la que versa el presente juicio, precisamente por la cuantiosa pérdida que implica de recursos, exige por eso mismo que se trate de una motivación reforzada”, agregó el tribunal.

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