El grupo legislativo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, publicó este martes 1 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal; así como a la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Además de expedir la Ley General para el Control de Cannabis, con lo que se permitiría el autocultivo de mariguana, sin la necesidad de licencia o permiso, y la creación de una empresa estatal dedicada a la compra y venta de la sustancia psicoactiva.
A través de Mario Delgado Carrillo, su coordinador parlamentario en San Lázaro, Morena propone que los ciudadanos puedan poseer, cultivar, cosechar, preparar o procesar hasta seis plantas, siempre y cuando sean destinadas para consumo personal, permitiéndose también el compartido en el hogar.
Además, con la iniciativa de reformas, se prevé que el consumo y autocultivo sea realizado por mayores de edad y se prohíbe que el uso se haga en espacios públicos, e incluye aquellos privados donde existe acceso, para así “atender de manera más pacífica y prudente la situación controversial que envuelve al cannabis actualmente en nuestro país”, sostuvo Delgado Carrillo.
Asimismo, para regular la producción y consumo de la mariguana, la iniciativa de reformas prevé la creación de la empresa pública denominada Cannsalud, la cual estará autorizada exclusivamente para realizar la adquisición de la sustancia cannabis y sus derivados de los particulares que hayan obtenido los permisos correspondientes para dicho fin.
Esta empresa será del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con una autonomía técnica, operativa y de gestión para la realización de su fin primordial, que es tener el monopolio de la compra al mayoreo del cannabis y sus derivados, para posteriormente ofrecerlos a los franquiciatarios que venderán al menudeo.
La propuesta explica que los propósitos fundamentales de la creación de dicha empresa son abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos; además de registrar y sistematizar la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad y destino del producto.
Asimismo, evitar la integración vertical de la industria a fin de prevenir que los grandes intereses comerciales estén en posición de avasallar o capturar al regulador, como un primer paso para la apertura de un mercado lícito nuevo.
“[…] se propone una empresa pública como intermediario obligado a fin de identificar y contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, cuando existen ya intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas”, justifica la iniciativa.
La Cannsalud podría realizar la compra de las cosechas de cannabis a cultivadores autorizados; realizar pruebas que determinen los niveles de sustancias accesorias al cannabis y sus derivados adquiridos, así como venderla a los franquiciatarios autorizados. También se prevé su venta a la industria farmacéutica para la constitución de medicamentos, además de la realización de actividades de consulta y estadística en materia.
“Con esto no se deja el mercado del cannabis a una regulación autónoma por parte de los particulares, sino que se involucra al Estado como un supervisor constante y controlador de la actividad de esta sustancia dentro de un margen de legalidad que permite garantizar un beneficio para todas y todos”, se señala en la iniciativa de reformas.
El 6 de noviembre del 2018, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, entonces senadora por Morena y futura titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó ante el pleno de la Cámara alta, un proyecto de decreto para expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que despenaliza el uso de dicha sustancia, con fines personales, científicos y comerciales.
De ser aprobada, la Ley establecería los mecanismos -licencias o permisos- para cultivar, cosechar, procesar, producir y vender productos de mariguana bajo la vigilancia del Estado mexicano, por un plazo de 5 y 10 años. Además, se establecerían programas de comunicación social para informar a la población sobre los riesgos relativos al consumo de mariguana.
El pasado 7 de junio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa amparó en definitiva, el pasado 3 de junio, a Gael García Bernal, para que el Gobierno Federal le autorice el consumo recreativo de marihuana, luego de que el actor impugnó la prohibición absoluta de dicha droga, prevista en cinco artículos de la Ley General de Salud (LGS).
El tribunal aplicó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vigente desde febrero pasado, que obliga a conceder dichos amparos, debido a que la prohibición legal sigue vigente porque el Congreso de la Unión no ha reformado la LGS, lo que obliga a los interesados a tramitar los recursos.
En octubre de 2018, el recurso de García Bernal había llegado a la Segunda Sala de la SCJN, sin embargo, fue devuelto al Tribunal Colegiado, precisamente porque ya existían más de cinco precedentes de la Primera Sala sobre el mismo tema.
“Procede conceder el amparo para el efecto de que la Secretaria de Salud expida al quejoso la autorización a que se refieren los artículos 235 y 247, de la LGS, para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas)”, dice el amparo.
La sentencia, indica, también, que corresponde a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) expedir el permiso, que autoriza el acceso a semillas y cultivo de la marihuana, pero no los actos de venta o distribución.
En los casos previos que resolvió la SCJN, los quejosos habían solicitado el permiso a Cofepris, que lo negó. Ante ello, la Suprema Corte inició en febrero pasado, un procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, por el cual podría eliminar los cinco artículos de la LGS si el Congreso de la Unión no los reforma.
García Bernal no solicitó permiso a la Cofepris, sino que en su amparo, se ostentó como consumidor de marihuana y consideró que tenía legitimación para cuestionar la constitucionalidad de la LGS, que el histrión calificó de “norma estigmatizante”.
Después, un juez desechó el amparo del actor de 40 años de edad, sin embargo, el Tribunal Colegiado consideró que sí debía estudiarse y se sumó a la condena de García Bernal, quien ganó el Globo de Oro por su actuación en la serie ‘Mozart in the Jungle’ y que seis películas protagonizadas por él llegaron a ser nominadas al premio Óscar.
“[La LGS] obedece a un contexto histórico y social, en el que se ha construido el estereotipo de que los usuarios de drogas son peligrosos, enfermos e irresponsables y, en esa tesitura, se les puede considerar como un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo Primero Constitucional”, afirmó en su sentencia el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
-Con información de Reforma.
