El jueves 10 de octubre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, acordaron impulsar modificaciones a la miscelánea fiscal que acompaña el Paquete Económico 2020, sin embargo, no llegaron a un acuerdo para que solo la compraventa de facturas sea equiparada a delincuencia organizada.
Recientemente el Senado aprobó y turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa que equipara la defraudación fiscal, el contrabando y la compraventa de facturas como delincuencia organizada, con lo que quien sea acusado de haber cometido tales delitos, enfrentará su juicio en la cárcel y penas más duras que podrían alcanzar los 40 años en prisión.
La Iniciativa Privada ha pedido a Hacienda y a los legisladores que el delito de compraventa de facturas sea equiparado a delincuencia organizada, “únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas”, precisó el líder empresarial, quien hizo un llamado al ajuste de redacción de la iniciativa.
En la conferencia conjunta, Herrera Gutiérrez estimó que dicha solicitud no es necesaria, ya que los delitos fiscales que serán considerados como delincuencia organizada, aplican a un cúmulo muy pequeño de contribuyentes. Además, la defraudación fiscal solo aplicará cuando el monto sea superior a 10 millones de pesos.
En opinión del abogado fiscalista Daniel Ruiz de la Peña Sandoval, Hacienda no está comprendiendo la magnitud que podría generar al equiparar la defraudación fiscal a delincuencia organizada, pues si bien no afectaría a pequeños contribuyentes o microempresas, sí lo hará a compañías con ingresos mayores a 20 millones de pesos, que es la mayoría de empresarios del país.
Con la reforma dándole a Hacienda el poder de redefinir una operación o declararla inexistente, por medio de un auditoría, el monto establecido fácilmente se podrá alcanzar.
Esa es una de las diversas inquietudes sobre la miscelánea fiscal que externó el Colegio de Contadores Públicos de Baja California en la reunión de ayer en la Comisión de Hacienda en San Lázaro, luego que los contadores tuvieran una reunión el viernes 4 de octubre con el diputado federal morenista Javier Julián Castañeda Pomposo.
La preocupación del gremio es que se etiquete la labor de asesor fiscal y de los contadores como un mecanismo en que se equipara como un delincuente y se impongan multas millonarias al ejercicio profesional, así como el alto grado de discrecionalidad que se otorga a la autoridad.
