La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó en Cancún, Quintana Roo, una orden de aprehensión contra Miguel Mora Olvera, ex agente de la Policía Judicial de aquella entidad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en 2005.
Después de que el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, solicitó y obtuvo el mandamiento judicial, agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión.
Mora Olvera fue detenido con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros, aseguró la FGR, y quedó interno en el Centro de Reinserción Social Cancún, a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.
El detenido era agente de la Policía Judicial de Quintana Roo en 2005, cuando la periodista fue aprehendida, acusada de difamación y calumnias a partir de una denuncia del empresario José Kamel Nacif Borge ante la Procuraduría de Justicia de Puebla.
El presunto implicado en la tortura ejercida contra la periodista fue detenido en un segundo intento, luego de un operativo fallido realizado el 27 de noviembre de 2018 en una persecución a la camioneta donde viajaba la entonces fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón, de quien Mora Olvera era escolta.
Según el testimonio que ofreció la fiscal Reyes Pinzón días después de lo ocurrido, dos vehículos sin identificarse comenzaron a perseguir la camioneta en la que se trasladaba a Chetumal, Quintana Roo, a lo que el conductor del vehículo oficial aceleró la velocidad hasta llegar a las instalaciones de la Fiscalía estatal.
Ahí, los tripulantes de los vehículos fueron rodeados por elementos de la Policía Estatal, por lo que de inmediato se identificaron como elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PG), quienes tenían la encomienda de llevar a cabo la detención de Mora Olvera, pero en ese momento él no viajaba en el vehículo de la fiscal, sino que se encontraba en cursos de capacitación en Cancún.
A partir de lo ocurrido, Mora Olvera dejó de presentarse a sus labores dentro de la Fiscalía General de Quintana Roo, y ante ello, el Consejo de Honor y Justicia radicó el procedimiento de remoción a fin de realizar las investigaciones correspondientes respecto a la conducta que se le atribuyó y el 30 de enero de 2019 dejó de formar parte de manera oficial.
A finales de agosto, Cacho Ribeiro, de 56 años de edad, denunció que tuvo que irse de México, ya que la FGR le retiró la protección, después de que el pasado 22 de julio, fue víctima de una agresión en su domicilio particular, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo, como una supuesta represalia por su trabajo periodístico.
La comunicadora afirmó en ese entonces, que el Gobierno Federal “no está cumpliendo con su función de proteger a nadie, más que a sí mismo. A mis colegas periodistas les mataron por ello”, además de que indicó que los comunicadores han sido asesinados por “políticos, policías, militares, empresarios corruptos y algunos coludidos con sicarios de grupos de delincuencia organizada”.
El 21 de julio, la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue víctima de una agresión en su domicilio particular, ubicado en Puerto Morelos, estado de Quintana Roo, como una supuesta represalia por su trabajo periodístico, según lo denunció Artículo 19.
La organización no gubernamental internacional, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, informó que a las 18:30 horas de ese domingo, dos sujetos rompieron los cables de las cámaras de seguridad y desactivaron la alarma del inmueble, para después ingresar al domicilio particular de Cacho Ribeiro.
En el lugar robaron equipo de trabajo e información relacionada con los casos de pederastia que investiga la también activista, incluyendo una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, tarjetas de memoria, una computadora portátil y 10 discos duros. Sin embargo, “afortunadamente la periodista tiene respaldos de seguridad en el extranjero”, afirmó Artículo 19.
Además del robo, los agresores “desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron”, agregó la ONG, que pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la FGR, y en “especial” a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), garantizar la seguridad de la periodista y sancionar a los responsables.
Artículo 19 consideró que el allanamiento y sustracción de material periodístico con información del interés público son “elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez”.
“Esto sucede en el contexto de la búsqueda de justicia de Lydia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de Puebla y Quintana Roo”, denunció la organización no gubernamental internacional.
Artículo 19 recordó que el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al Gobierno de México como responsable por la violación a los derechos humanos de Cacho Ribeiro, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación de su caso.
Según la ONG, el ataque contra Cacho Ribeiro está relacionado con la publicación del libro ‘Los demonios del edén’, en el que la también activista exhibe una red de pederastas que opera en las entidades de Puebla y Quintana Roo. “La periodista, sin embargo, sigue investigando casos de su especialidad periodística”, agregó.
Artículo 19 también reveló en su comunicado, que expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento de su domicilio particular, aseguraron que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en el inmueble al que ingresaron los sujetos desconocidos.
Por su parte, la periodista compartió una fotografía en su cuenta de la red social Twitter, en la que aparece con una playera que tiene la leyenda: ‘No + pederastas, No + corrupción, No + impunidad’, imagen que acompañó con el texto: “por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de derechos humanos […] A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde”.
“Es cierto, los niveles de violencia y crueldad aumenta en la misma medida en que la impunidad les protege. Gracias por su solidaridad […] Mis investigaciones periodísticas están seguras fuera del país; se llevaron copias, la verdad nadie se la roba #AquíNadieSeRinde”, abundó Cacho Ribeiro en otro tuit.
En abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo libró una orden de aprehensión en contra de exgobernador de Puebla, Mario Marín Plutarco Torres; del empresario José Kamel Nacif Borge; y del ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, por el delito de tortura contra la periodista.
El pasado 6 de mayo, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aseguró que desde el 16 de abril la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para lograr la captura de Marín Torres, acusado por el delito de tortura en agravio de Cacho Ribeiro, en el año 2005.
“El mismo día “que tuvimos la orden de aprehensión que nosotros pedimos, se emitió la ficha roja […] Quien haya dicho lo contrario no esta diciendo la verdad”, afirmó Gertz Manero en rueda de prensa, quien agregó que la búsqueda en 194 países, también se emitió para las otras personas involucradas en el caso de la tortura a Cacho Ribeiro, entre ellos el empresario de origen libanés.
El pasado 11 de abril, la magistrada María Elena Suárez, titular del Primer Tribunal Unitario Vigésimo Séptimo Circuito Tribunal Federal, ordenó la aprehensión del ex gobernador, del empresario, así como del ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, Juan Sánchez Moreno, y del ex subdirector de mandamientos judiciales poblano, Karam Bernal. Dicha resolución revocó la decisión del juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, quien el año pasado negó la orden de captura a la entonces PGR.
En diciembre de 2018 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aprehendieron en Puebla al policía en funciones Alejandro Rocha Laureano, por su probable responsabilidad en el mencionado delito, ya que supuestamente participó en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Cacho Ribeiro, en diciembre del 2005.
Las órdenes de aprehensión fueron liberadas el pasado 11 de abril, a uno meses de que se cumplan 14 años de la tortura que sufrió la periodista, quien utilizó su cuenta en la red social Twitter para señalar que en el caso ha habido corrupción, y recordar el hostigamiento que sufrió, por lo que tuvo que dejar el país.
La periodista fue detenida ese mismo año por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, conocido como “El rey de la mezclilla”, a causa de la publicación del libro ‘Los Demonios del Edén’, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.
En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Marín Torres, en las que el entonces gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponerle un “correctivo” a la periodista. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno se abstuvo de señalar al ex gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.
Ello debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte concluyó el asunto.
El Pleno de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.
Sin embargo, el ministro Juan N. Silva Meza, encargado de la Comisión, defendió el dictamen presentado y declaró: “Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
LA INVESTIGACIÓN DE LYDIA CACHO
La investigación realizada por la periodista retrata una red de trata de personas, prostitución infantil y pederastia, que involucra a empresarios y políticos, lo que que derivó en una denuncia, por calumnias y difamación en contra de la periodista por parte del empresario de origen libanés, primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos ex gobernadores de Quintana Roo.
Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), que ella dirige, para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
Durante el trayecto de más de 15 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005, la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.
Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
Meses después de se difundió un audio entre el entonces gobernador de Puebla y Nacif Borge, mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas(ONU-DH), que el 2 de agosto del 2018 falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.
