La administración municipal de Juan Manuel Gastélum Buenrostro estableció en Tijuana convenios con constructores por 162 millones de pesos en obra, esa sería su forma de pago por impuestos y derechos que adeudan al Ayuntamiento. A cuatro días de terminar la gestión, solo han cumplido con el 23% de la obra y no habrá sanciones. El mayor incumplimiento fiscal lo generaron las empresas representadas por el constructor Rafael Carrillo Barrón, quien ya ha evadido el pago de gravámenes municipales a través de amparos. El gobierno saliente dejó crecer el problema y pretendió resolverlo en el último mes
Como parte de sus facultades, Juan Manuel Gastélum Buenrostro suscribió diversos convenios fiscales con contribuyentes que le ofrecieron realizar obra pública a cambio de no cubrir en efectivo el pago de impuestos o derechos al Ayuntamiento de Tijuana.
El monto total de pago en especie, suscrito con siete empresas en una decena de contratos, signados principalmente con industriales de la localidad, sumó alrededor de 162 millones de pesos.
Aunque los convenios los celebró en su mayoría al inicio del ejercicio fiscal de 2018, en la última semana de su gobierno, estos contribuyentes habían ejecutado apenas 38 millones de pesos, solo el 23 por ciento de la obra que comprometieron realizar durante el periodo del XXII Ayuntamiento de Tijuana que concluye dentro de tres días.
El miércoles 25 de septiembre, la autoridad municipal efectuó las últimas estimaciones y cierre de obras permutadas. Concluyó que proyectos por un monto superior a125 millones de pesos no fueron realizados.
Después del incumplimiento que permitió durante casi dos años, 15 días antes de irse, la autoridad decidió requerir a los deudores incumplidos que fueron cuatro de los ocho favorecidos, esta vez les solicitó tributar en efectivo lo que no alcanzaron a cubrir con obra a más tardar el 30 de septiembre de 2019, fecha en que concluye la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Los cuatro empresarios que cumplieron, realizaron pagos fiscales por 13.2 millones de pesos. Los que evadieron su compromiso, construyeron infraestructura con valor de 24.5 millones de pesos y quedaron a deber 125 millones. Sin embargo, a punto de terminar el gobierno del “Patas”, no contempla ejercer ninguna acción administrativa por el incumplimiento de los convenios.
De hecho los planes son dar a estos deudores millonarios otra oportunidad. La idea es que suscriban con el gobierno que encabezará Arturo González Cruz, nuevos convenios de pago en especie, evadiendo con ello tributar en efectivo a las arcas municipales, sin que su deuda haya acumulado intereses.
LOS INCUMPLIDOS
Asociación de Industriales del Parque Industrial Pacífico, AC. Representada por Pablo Rafael Carrillo Barrón y Gustavo Treviño Arzos, quienes el 18 de enero de 2018 firmaron un convenio fiscal por 120 millones de pesos. Cantidad con la que se cubrirían tanto las contribuciones generadas, como las que se forjarían durante la vigencia del acuerdo, en beneficio de 69 personas físicas y morales.
Para ello, de la cantidad convenida, se estipuló aplicar 60 millones de pesos como crédito fiscal a favor de Carrillo Barrón, su familia y las filiales del Parque Industrial Nordika; los otros 60 millones se suscribieron a favor de la Asociación de Industriales del Parque Industrial Pacífico.
En administraciones municipales anteriores, Pablo Rafael Carrillo Barrón ha recurrido al amparo como estrategia para no contribuir al Municipio el pago de impuestos y derechos. Pese al antecedente negativo, el alcalde firmó el convenio para, a cambio de impuestos y derechos adeudados, asignarle la ejecución de obra pública para beneficio del parque industrial que representa.
En la firma del citado acuerdo, Carrillo Barrón agradeció la voluntad del gobierno de Gastélum de permitir que Iniciativa Privada y gobierno trabajen en conjunto, “creo que esta es una forma de resolver diversas necesidades, rompiendo con la desconfianza y trabajando de la mano para dar soluciones”, expresó entonces.
A 21 meses de legalizado el convenio, la obra ejecutada por Carrillo Barrón apenas alcanzó a cubrir 21 millones de pesos del monto acordado.
El importe del crédito fiscal cubriría la ejecución de obra de pavimentación con concreto hidráulico, así como el reemplazo de infraestructura pluvial, hidráulica y sanitaria en “las vialidades del fraccionamiento Parque Industrial Pacífico” y obras complementarias como guarniciones y banquetas.
Para ello, el Ayuntamiento otorgó un saldo a favor inmediato del crédito fiscal del contribuyente por 36 millones de pesos, a manera de anticipo para el inicio de la ejecución de la obra. “Este importe será amortizado en las estimaciones de obra”, se asentó en el contrato.
Sin dar cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones dentro de la vigencia del contrato, los funcionarios municipales informaron que Carrillo Barrón se apersonó en el Ayuntamiento de Tijuana pidiendo le liberaran estimaciones sin que los inspectores supervisaran físicamente lo que intentó acreditar en papel, sin haberlo construido.
Al realizarse una inspección de los trabajos de obra, la autoridad municipal determinó que el tramo de pavimentación de concreto hidráulico realizado en Bulevar Pacífico, así como el reemplazo de tubería de drenaje pluvial y sanitario, solo alcazaba a cubrir 21 millones de pesos de los 120 millones de pesos que sería aplicados.
De acuerdo a la cláusula séptima del convenio, “en caso de incumplimiento por causas imputables a El Contribuyente, se dará por rescindido el presente convenio”, acción que el Municipio llevó a cabo, requiriendo el cobro del crédito no cubierto con obra.
No obstante a que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Everardo Lona López, indicó que el contrato ya fue cancelado, se continúa con la ejecución de la obra pactada en el convenio.
“Lo que ellos hagan después del 15 de septiembre, fecha en que se verificó la obra para hacer estimaciones, corre por su propia cuenta. Está esperando que termine la administración y a partir del mes que entra venir a convenir de nuevo, es obvio”, subrayó Lona López al respecto.
Plaza Proyectos Otay, SA de CV. Empresa regiomontana representada por Luis Octavio Peredo Hernández, el 1 de agosto de 2018 firmó un convenio para construir obras por 20.8 millones de pesos en beneficio del fraccionamiento comercial Alameda Otay Town Center, desarrollado por esa firma en Mesa de Otay.
Entre las obras enumeradas en el acuerdo, destacó la ejecución de un puente peatonal por 12 millones 836 mil pesos, cantidad con la que la empresa compraría al Ayuntamiento de Tijuana la superficie de terreno de 2 mil 531.85 metros cuadrados que debía entregarle. Además del puente peatonal, realizaría obras complementarias de repavimentación de vialidades laterales.
La empresa fue requerida esta semana para entregar el predio que le correspondía donar al Municipio, así como por el pago de las contribuciones pendientes, toda vez que “incumplió la totalidad” del convenio fiscal.
CDT Desarrollos, SAPI de CV. Propiedad de Héctor Miguel Padilla Ojeda, se comprometió a cubrir con obras de terracería y pavimentos, drenaje pluvial, cubierta verde con plantas y señalamientos en el punto en el que desarrolla la obra denominada Puerto de Liverpool.
Los proyectos convenidos se ejecutaría en la Vía Rápida Alamar Poniente y la vialidad lateral -carril de desaceleración- de la Vía Rápida Oriente, por 9 millones 311 mil pesos para el pago de contribuciones adeudadas y las generadas por la construcción del citado proyecto, aún en ejecución.
La empresa solo logró concluir las obras de terracería, en la que se estimó una inversión de 3.5 millones de pesos, cantidad con lo que solo logró cubrir el pago de un derecho -licencia de construcción-, por lo que “la diferencia la tienen que aportar a más tardar este viernes 27 de septiembre”, expuso Everardo Lona López desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
LOS CUMPLIDOS
Industriales de La Mesa. Firmaron un contrato para pagar impuestos municipales por 7 millones de pesos, a cambio de pavimentar un tramo de la Avenida Terrazas, a la altura de la calle Alba, obra que se ejecutó con 6 millones de pesos; el millón de pesos faltante lo cubrió en efectivo a Tesorería Municipal.
CETYS Universidad. Acordó un crédito fiscal por un millón 006 mil pesos relativo a la forestación sobre Bulevar Manuel J. Clouthier, tramo Vía Rápida Alamar y Avenida Paseo del Lago. La obra se ejecutó por un importe de 985 mil 787 pesos, la contribución pendiente -20 mil 645 pesos- fue saldada en efectivo el martes 24 de septiembre.
Toyota. Permutó la instalación de semáforos en un tramo de la Carretera Federal Libre Tijuana-Tecate, que comprende del Kilómetro 143 al 144, por el pago de 2.8 millones de pesos en impuestos. Acción que sí cumplió, pero los semáforos se mantienen apagados debido a que el Municipio no ha instalado un controlador para que funcionen.
El Florido. realizó una obra de pavimentación de concreto hidráulico en la calle Ejército Trigarante de la colonia Mariano Matamoros Norte, para pagar en especie impuestos y derechos por 2.4 millones de pesos, obra que se ejecutó en el tiempo.
PROCESO DE PERMUTA DE OBRA POR DEUDA FISCAL
De acuerdo a los convenios fiscales, los contribuyentes ofrecieron al XXII Ayuntamiento de Tijuana realizar obra pública que mejoraría el entorno en el cual se encuentran asentadas sus construcciones -su inversión en propiedades-, anotó Everardo Lona López, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.
“Como gobierno no siempre se tienen los recursos para atender la demanda de obra de los vecinos, y estos -los constructores- proponen: ‘Tú no puedes hacerlo, pero nosotros la podemos pagar, ¿qué te parece si hacemos un convenio fiscal para hacer una obra?’, y se aceptan las propuestas”.
— ¿Esa obra la obtienen sin participar en alguna licitación?, cuestionó ZETA.
“No (sí la obtienen sin participar), pero si en el convenio se establece que el Ayuntamiento aportará un porcentaje, esa parte de la inversión sí se licita”.
Aunque existe esta posibilidad, ZETA revisó los convenios de permuta de créditos fiscales firmados por la administración de Gastélum Buenrostro y en ninguno se estableció aportación municipal, ni se realizó licitación alguna.
Everardo Lona afirmó que todas la obras establecidas en convenios de ese tipo -que debían ejecutarse entre enero de 2018 y septiembre de 2019- son supervisadas por la dependencia a su cargo, verificándose tanto en su desarrollo como en el proceso de entrega y recepción de la misma, su cabal cumplimiento a lo acordado en el contrato.
No obstante la inspección señalada por el funcionario, el informe final de la dependencia y un recorrido realizado por este Semanario, corroboran que no se ejecutaron.
Lona explicó que el pago de impuestos y/o derechos permutados por obra “se certifican como si estuviera pagado, pero hasta que se concluya la obra con la que se pagará en especie, se realiza la estimación del monto a cubrir y el contribuyente paga la diferencia”.
Ante ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología procedió este mes a realizar las estimaciones de inversión, avance de las obras y cumplimiento de normas técnicas, para recibir las que sí cumplieron al 100%.
Mientras que los contratos fiscales no cumplidos a cabalidad fueron cancelados a partir de esta semana que concluye, “invitándose” a los contribuyentes a pasar a pagar a Tesorería Municipal lo que en casi dos años no lograr cubrir con obra pública.
“A todos se les dio hasta el 15 de septiembre -para entregar obra-, aunque el convenio estableció un vencimiento de plazo para el 30 de septiembre, se tiene que cerrar antes para revisar obra y hacer el proceso de estimación”, finalizó Lona López.
Aunque los incumplidos fueron requeridos para pago, no se estipuló penalización en su contra, salvo la rescisión del contrato.
