La transición que encabeza el presidente municipal en funciones, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, con el alcalde electo, Arturo González Cruz, se ha convertido en “circo de dimes y diretes”. Mientras “El Patas” -en tono burlón- exhibe el desconocimiento del equipo de transición en el requerimiento de información oficial, y pondera estar capacitando a quienes integrará el XXII Ayuntamiento, González Cruz llamó cínico a quien reemplazará en la presidencia de Tijuana, acusándolo de encabezar “un gobierno corrupto”
—“El cinismo, el cinismo, Juan Manuel…”
—“No hay cinismo, Arturo, una mentira dicha cien veces se pretende presentar como una gran verdad”.
En este trance verbal se encontraban Arturo González Cruz, alcalde electo de Tijuana, y Juan Manuel Gastélum Buenrostro, presidente municipal, cuando María del Carmen Espinoza, síndico electa, golpeó con ambas manos la mesa que compartían los equipos de transición con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“¡Ya estuvo bueno de este circo, no estoy de acuerdo con esto…!”, dijo en tono alterado Espinoza, al momento que abandonaba la reunión de enlace el lunes 26 de agosto; la segunda en la que participan el presidente municipal entrante y el saliente.
Berrinches, exabruptos e insultos han sido el ingrediente del periodo de transición del Ayuntamiento de Tijuana a un mes de iniciado este proceso; encono mediático que ha dejado de lado temas de interés para los tijuanenses, como la solución de los principales problemas del municipio (a la fecha, no resueltos por “El Patas” y sin una propuesta de solución por parte de González Cruz).
Caricatura: Roberto Mora
A pesar que en algunas áreas funcionarios del XXII Ayuntamiento proporcionan información con mayor lentitud que en otras, entre los equipos de transición las reuniones se realizan en forma armoniosa, expusieron representantes del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Canieti, Canacintra, Canaco, Colegio de Contadores y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, todos integrantes del CCE.
Sin embargo, el escenario cambia cuando en las reuniones están presentes los alcaldes -el saliente y el entrante-, quienes toman el encuentro como la oportunidad de hacerse señalamientos mutuos, descalificarse.
En este contexto se dio la intervención, en calidad de réferi, de los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. “Es evidente el protagonismo de ambas partes, pues estamos en una reunión en la que no se avanza; pura retórica, no vemos resultados”, señaló Leonardo Méndez Cervantes, presidente del Colegio de Contadores de Tijuana e integrante del CCE.
En los próximos días, el organismo empresarial emitirá un posicionamiento respecto a lo observado en el desempeño de ambos equipos en la transición “y de lo que no se esté cumpliendo, hacer una carta compromiso para que se cumpla”, advirtió Méndez.
“‘EL PATAS’ NO TIENE VERGÜENZA”: GONZÁLEZ CRUZ
Desde el 29 de julio, cuando inició el periodo de transición, se han celebrado medio centenar de reuniones entre las comisiones de enlace del alcalde Juan Manuel Gastélum con las de Arturo González Cruz, presidente municipal electo.
Una semana antes de esa primera sesión, “El Patas” (de forma unilateral) decidió programar solo cuatro reuniones para poner al día sobre el estado que guarda la administración del municipio de Tijuana, lo que desató la inconformidad del próximo gobierno; entonces, Gastélum ofreció la celebración de reuniones entre ambos equipos dos días a la semana -martes y jueves- en horario inhábil -de 5:00 a 7:00 de la tarde-.
Arturo González continuó rechazando la propuesta de Gastélum, al tiempo que le recordaba su descalabro electoral. “No venimos a pelearnos con un alcalde derrotado”, subrayó.
Aunque públicamente el munícipe electo subrayó buscar una transición tersa y armoniosa, no ha dejado de describir a “El Patas” como un alcalde cínico.
Foto: Cortesía
“Le digo que el cinismo le ha caracterizado en su gestión; y cinismo hay que entenderlo como una persona que no tiene vergüenza, que miente, que hace historietas para efecto de hacerlas realidad, una persona que es egocéntrica. Eso no le ayuda a Tijuana”, manifestó.
Para la síndico electa, la misma que se retiró de la reunión después de dar manotazos en la mesa, consideró que González Cruz ha caído en el juego de dimes y diretes, lo cual -insistió- ya se lo ha observado. “Las dos partes debemos poner de nuestro lado, la gente merece respeto. Yo no me voy a prestar a circos, me voy a prestar a colaborar, siempre y cuando haya seriedad; esto para mí es un circo”.
GASTÉLUM OFRECE CURSO DE INDUCCIÓN A PRÓXIMO GOBIERNO
Juan Manuel Gastélum, por su parte, retrasa al límite de lo que le permite la Ley y el Reglamento de entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos para el municipio de Tijuana, aprovechando la canalización incorrecta de las peticiones de información por parte del equipo de transición de su sucesor.
En tono de burla, “El Patas” ha referido que la información proporcionada va acorde a las peticiones recibidas, recalcando la falta de conocimiento de los próximos funcionarios sobre la administración pública. Ejemplificó con el caso de quien será la próxima titular del Sistema DIF Municipal, quién dijo “llegó preguntando que si dónde están 25 mini splits, preguntando por qué se pagó tanto por una copiadora que se pagó hace tres administraciones”.
Ante ello, Gastélum ofreció al gobierno entrante un “curso de inducción”; y pese a la molestia que su oferta generó entre los integrantes de la próxima administración, en redes sociales refirió
Consejeros del INE rechazan “Ley Bonilla” porque vulnera voluntad de los electores
Por considerar que la ampliación de mandato del gobernador electo del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, “vulnera el principio de certeza”, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la reforma a la constitución local, aprobada por el Congreso del Estado una vez concluido el proceso electoral.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, consideró de lamentable que Jaime Bonilla Valdez -gobernador electo de Baja California- pretenda “tirar a la borda la democracia que durante generaciones se ha venido construyendo en México, con su intención de modificar la Constitución para ampliar de dos a cinco años el periodo de la gubernatura del Estado”.
Lo que sucede en Baja California es que se pretenden “modificar las reglas del juego después de que el juego terminó”, destacaba Córdova, al precisar que en el juego democrático existen reglas que pueden ser modificadas. Como en este caso, en el que resaltó que las modificaciones a la norma tuvieron que haberse realizado 90 días antes de la elección; y no después, como ahora está sucediendo.
Durante su participación en el Consejo General del INE el pasado miércoles 28 de agosto, calificó también como “una violación grave y flagrante a la Constitución” lo que está sucediendo en Baja California.
Consideró que la Suprema Corte de Justicia o la Sala Superior, que son los dos órganos con potestad para juzgar la constitucionalidad de las leyes violatorias, podrán reestablecer un orden hoy vulnerado.
“No hacerlo sería una mala señal para un país que ha invertido tanto esfuerzos en construir su sistema democrático. Y no vale la pena. Tres años en el gobierno no valen la pena a cualquier costa, para poder echar por la borda lo que generaciones de mexicanos han venido construyendo y que ha permitido a todas las fuerzas políticas, por la vía democrática -con respeto a las reglas del juego y empujadas por todos los actores políticos-, acceder al poder público gracias al voto popular”, puntualizó.
Córdova Vianello resaltó que la elección fue convocada bajo los términos de que el periodo de gubernatura sería de dos años, de tal manera que los registros de los candidatos fueron concedidos para competir por ese periodo. Los ciudadanos fueron a las urnas para elegir al gobernador por dos años, se entregó una constancia al ganador para ser gobernador por ese lapso y “debe respetarse”.
La solicitud para rechazar la ampliación de mandato la presentó el representante del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón Saavedra.
La consejera Pamela San Martín señaló que la “Ley Bonilla” constituye una afrenta contra los derechos de los ciudadanos.
El consejero Ciro Murayama, por su parte, expuso que el Congreso de Baja California llega a tal nivel de descuido jurídico que integra una Comisión Legislativa para que organice una consulta que no tiene base constitucional, financiada mediante las aportaciones voluntarias. “O sea, con ‘coperachas’ se resuelven los asuntos constitucionales. Qué descuido, qué desfachatez, qué agravio al Estado de Derecho”, afirmó.
En tanto, el consejero Marco Antonio Baños refirió que “el propio Bonilla está traicionando a los electores de Baja California, pero concretamente a los que lo eligieron a él. ¿Por qué?, porque le dieron un mandato por dos años”, precedente que calificó como muy grave. Manuel Ayala Chávez
a las reuniones de transición como “capacitaciones al personal que se integrará en las diversas secretarías para un adecuado desempeño de sus labores…”.
Foto: Isabel Mercado.- Las carpetas muestran el poco contenido de información liberada.
Sin embargo, funcionarios relevantes, como la Oficial Mayor de Tijuana, María de Los Ángeles Olague (cuya dependencia fue la signataria de los polémicos convenios en la administración panista), no acudió a las reuniones la penúltima semana de agosto. La funcionaria tomó vacaciones.
Pero, a pesar de las desavenencias que son públicas, de los desafíos entre un alcalde y otro, y los señalamientos entre ambos, en entrevista Juan Manuel Gastélum insiste: “Vamos a estar para ayudarlos; no vamos a llamarlo capacitación, sino intercambio de información viva. Se nos dijo que no que porque éramos sumamente corruptos y no era correcto que los nuevos se contaminaran con las cosas que nosotros hacemos; se dijo que hemos sido la peor administración pública de Tijuana y que él no podía exponer a los funcionarios. Yo respeto esa decisión, pero creo que debemos conducirnos con respeto”.
Agregó que “de manera personal he buscado a Arturo; fuimos vecinos de niños, su tío está casado con mi tía. A la fecha me sigo preguntando en dónde lo perdí; lo he invitado a comer y me contesta hasta después; estuvimos en México, lo presenté con los secretarios, lo invitamos a la foto y no quiso; se levantó un falso de que yo lo había amenazado. ¡Jamás! Soy abogado, conozco los límites y alcances de la palabra”.
“Me preocupa -y ocupa- que se genere una percepción de pleito. No pretendo pelear u ocultar información. ¡Para nada! Cuenten con esta mano extendida, esta mano amiga, por Tijuana. ¿Qué falta que entreguemos? Pídanoslo con toda confianza”, ofreció.
GUERRA MEDIÁTICA OBLIGÓ A CCE A INTERVENIR
La guerra mediática entre ambos gobierno no está obstaculizando el proceso de transición, pero sí “lo está haciendo más lento de lo que quisiera el gobierno entrante porque estamos en ese escenario; el gobierno entrante quisiera información más fluida y ágil y el gobierno saliente está estirando y está entregando lento, pero la Ley se lo permite”, señaló Leonardo Méndez Cervantes, presidente del Colegio de Contadores de Tijuana.
En la lentitud de la liberación de la información del gobierno en funciones “hay dos supuestos: uno, que no estaban preparados para el cambio; y dos, que no quieren. No sabemos”.
Sí está fluyendo información, “pero no toda la que está requiriendo el gobierno entrante; hay información que el gobierno municipal actual se está reservando. Hay un tema particular, que son los contratos: de esos no se les proporciona fotocopias; los dejan que los consulten, pero en un lapso de dos horas es complicado”, apuntó.
Expuso que el protagonismo -tanto del alcalde entrante como saliente- evita que la transición se dé con armonía. “Esperemos mayor cordura entre ambas partes y se agilice todo esto para bien de la ciudad”.
Añadió que, de su participación como observadores y testigos de honor en la transición, el CCE “necesariamente tendrá que hacer una evaluación; en caso de que todavía haya un desacuerdo -entre ambos gobiernos-, poder manifestar una posición como consejo porque estamos a días de que el nuevo gobierno asuma posesión”, concluyó.
En tanto, Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, expuso que, en otros periodos de transición, el organismo que representa no se había visto en la necesidad de intervenir; pero en esta ocasión han considero necesario participar para que el proceso sea transparente y ágil.
Lo que mandata la Ley
En su segundo párrafo, el Artículo 13 de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California establece: “Todos los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal estarán obligados a brindar información correspondiente una vez que los titulares de los poderes del Estado y municipios, según corresponda, les den a conocer los nombres de las personas designadas para la integración de las comisiones de enlace referidas en el párrafo anterior”.
En tanto que el Artículo 43 indica: “… en caso de que el servidor público saliente entregue información incompresible o incompleta; oculte, altere, destruya o inutilice total o parcialmente, sin causa justificada, la información, bienes o recursos que se encontrasen bajo su custodia, o en caso de que no atienda los requerimientos de aclaración que se le formulen en plazo establecido por Ley, incurrirá en responsabilidad en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades”.
En caso de ocultar información, la conducta podría adecuarse al ilícito previsto en el Artículo 302 del Código Penal para el Estado de Baja california.
Mientras que el Artículo 22 del Reglamento de Entrega Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Municipio de Tijuana consigna: “Todos los titulares de las secretarías, dependencias y organismos descentralizados estarán obligados a brindar información correspondiente, una vez que el presidente municipal saliente les dé a conocer los nombres de las personas integrantes de la comisión de enlace”.
La XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California analiza reformar la Ley de Entrega Recepción, con el objetivo de que el proceso de transición dé inicio una vez que la autoridad electoral dé validez a los resultados de la elección, además de aplicar sanciones de responsabilidad, tanto en el cargo como de tipo penal, como a los funcionarios que incumplan con proveer la información requerida en tiempo y forma, expuso el diputado Catalino Zavala.
A SOLICITUDES AMBIGUAS, RESPUESTA DELIBERADAMENTE LENTA
“Nosotros entregamos lo que en términos de la normatividad debemos de entregar”, expuso Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien anotó que la respuesta de su gobierno deriva de los cuestionamientos expuestos por el equipo de Arturo González Cruz. “Es un toma y daca, solicito te doy, para efecto de satisfacer las premisas que ellos tienen”.
El equipo del gobierno de González Cruz ha requerido detalles de los acuerdos con monto contratados durante el trienio de “El Patas”, informe sobre contratos de asesoría, lista y estatus de pago a proveedores, información precisa sobre recursos materiales, humanos y financieros, así como presupuestos, programas, proyectos en proceso, reglamentos, manuales y aspectos administrativos generales, además de plantilla de personal.
Pero algunas solicitudes han sido mal canalizadas, como el requerimiento de los contratos de arrendamiento de camiones de basura a Grupo Turbofin (dirigidos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales y no a Oficialía Mayor), los cuales han sido el pretexto para que el gobierno de “El Patas” no haga entrega de los cuestionados convenios.
El tesorero Ricardo Chavarría Morales, conminó al próximo gobierno a ser más puntual en sus requerimientos. “Nosotros ya entregamos la parte financiera para que puedan establecer qué es lo que van a hacer en los próximos tres meses; espero que por fin nos pongamos de acuerdo, nos sentemos a platicar bien y, más de irnos a lo mediático, irnos a fondo para que puedan llegar a formular su presupuesto de ingresos y de egresos”, añadió.
El XXII Ayuntamiento dejará recursos suficientes para la continuidad de la administración pública, así como el monto correspondiente del pago de aguinaldos de enero a septiembre de 2019, “aproximadamente 200 millones de pesos que serán certificados ante notario público”, sostuvo Chavarría Morales.
Respecto a los pasivos, dijo que de haber recibido una administración con cuentas a pagar por más de mil 100 millones de pesos, al XXII Ayuntamiento le dejarán cuentas de menos de 150 millones de pesos (la mayoría no liquidadas por cuestiones legales).
Por su parte, Carlos Murguía, coordinador del equipo de transición de González Cruz, admitió que de 10 puntos “se nos han cumplido de seis a siete, muy pocos para una ciudad como Tijuana”.
En áreas como Tesorería y Seguridad Pública -dijo- apenas se están abriendo los canales de información, mientras que en dependencias sin mayor complicación, como Reclutamiento y Asuntos Religiosos, la entrega del estado que guardan es más ágil.
Respecto a las solicitudes formuladas, consideró que “de llegarse a haber alguna inconsistencia en alguna solicitud, pues que se pase a la correspondiente y ya; cualquiera de buena fe lo hace. Se reconduce la petición y ya; cuando hay voluntad se solventan las cosas”.
Arturo González Cruz sostiene contar “con un equipo sólido de trabajo (un equipo profesional) que va a dar propuesta -y respuesta- a los tijuanenses; que va a saber cumplir con su responsabilidad y su obligación, pésele a sus detractores
Exhortan diputados al “Patas” a “dejar de obstaculizar el proceso de entrega-recepción”
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo propuesto por Luis Moreno Hernández, diputado local de Transformemos, con el propósito de exhortar al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, a que “deje de obstaculizar el proceso de entrega-recepción de los asuntos y recursos públicos y se suscriba al acatamiento y cumplimiento de las normas relativas a la transición de gobierno”.
En la proposición presentada el jueves 29 de agosto, se le recordó a Gastélum que “los asuntos públicos no son propiedad privada, para que se impongan criterios, interpretaciones o subjetividades de manera frívola, irresponsable y perniciosa; fuera completamente de Ley”.
Moreno Hernández expuso: “Debo recordar que se han terminado los tiempos de imposiciones por la fuerza y al margen de las normas jurídicas, donde los gobiernos emanados del PAN conciben a su antojo y conveniencia la aplicación de Ley, me refiero a la sistemática obstaculización del procedimiento de Entrega Recepción de los Asuntos Públicos, por parte del Alcalde Gastélum Buenrostro”.
Y agrega:
“Es insultante a la lógica y la razón que otorgue un horario de 5 a 7 de la tarde los días martes y jueves para celebrar reuniones con la Comisión de Enlace de entrega de la próxima administración municipal, cuando, de acuerdo a la ley, el proceso debió de haber iniciado 60 días antes de que el nuevo gobierno tome posesión, acción que debiera llevarse a cabo con armonía”.
El documento remata: “En ningún caso cuenta usted entre sus atribuciones el interpretar los ordenamientos jurídicos. Insulta usted con tanta desfachatez. La norma en ningún caso refiere horarios que de mutuo propio o de manera unilateral se puedan establecer para cumplir con la citada coordinación, cumpla con lo establecido y punto. No dilate más el proceso de entrega recepción”.
Con la aprobación del punto de acuerdo también se demanda a Gastélum facilitar los espacios a la Comisión entrante, además de entregar toda la información que obre en los archivos del Ayuntamiento, incluyendo la de “contratos de recolección de basura o el referente a las concesiones de los parquímetros”, los cuales ha negado “arguyendo de manera al parecer ignorante o inclusive dolosa, como que corresponde a información de carácter reservado, le recuerdo que la información no la está entregando a un particular o persona en los términos de la Ley de Transparencia del Estado”.
También calificó como inaudito que no permita a la Comisión el acceso a las distintas oficinas, “le reclamo, no son propiedad privada para que usted se reserve el derecho de admisión”.
Así concluye Moreno Hernández su texto al “Patas”: “Le exijo que deje de lado la irresponsabilidad y acate la Ley”
