Estamos frente a una oportunidad de oro para institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en los presupuestos públicos de nuestro país. En los tres órdenes y, muy especialmente, en el estado de Baja California, es el tiempo de responder a los compromisos legales nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres. Es el momento de que los nuevos gobiernos refrenden su compromiso para con las mujeres y las niñas y pasen del discurso a la verdadera política pública, la que va desde la decisión presupuestaria.
En el escenario internacional existen algunos avances importantes, como es la elaboración del “Presupuesto Sensible al Género” o PPG, que resulta un ejercicio relativamente reciente a escala mundial y que tuvo una proyección importante en la Cuarta Conferencia de Beijing en 1995 (que generó un empuje importante a los presupuestos con enfoque de género en la agenda pública mundial, aunque el antecedente data de la década de los ochenta en Australia).
El “Presupuesto Sensible al Género” ha sido definido como aquel cuya planeación, programación y presupuesto contribuye al avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las mujeres; aunque debo aclarar que no estoy del todo de acuerdo con incluir la palabra “sensible” en esta práctica, que implica identificar la incidencia de políticas sectoriales que se requieren para atender las necesidades específicas de las mujeres, cerrar las brechas de desigualdad y eliminar la discriminación contra las mujeres, empezando por las mujeres y niñas que pertenecen a grupos que deben ser de atención prioritaria.
Según ONU Mujeres, la idea detrás del desarrollo de estos presupuestos se basa en entender que el ejercicio del gasto de un gobierno no es neutro al género; que, obviamente, la política pública puede contribuir a disminuir o incrementar las desigualdades entre hombres y mujeres en áreas como la salud, la educación, la nutrición, el trabajo y el deporte, por mencionar algunas.
Uno de los mecanismos utilizados para alcanzar la igualdad de género son las acciones afirmativas, las cuales deben ser de carácter temporal y se dirigen a acortar las brechas de desigualdad de género. Un ejemplo de estas acciones es la asignación de recursos públicos etiquetados a programas y acciones que benefician particularmente a las mujeres; es decir, que su destino se garantiza por ley y no puede ser utilizado para un fin distinto, como pueden ser los presupuestos de los institutos de las mujeres.
Los Institutos o Secretarías de la Mujer de México, que trabajan para lograr la igualdad de género y erradicar la violencia y la discriminación hacia la mujer, tienen presupuestos bastante desiguales por entidades federativas; según información de los portales de transparencia, el presupuesto del 2019 fue de $214,643,657 pesos; los gobiernos estatales con mayor recurso para atender a las mujeres son Estado de México con $259,300,210, Ciudad de México con $159,141,963 y Guanajuato con $115,060,784; de manera contraria, las entidades con menos presupuesto son Colima con $5,480,303, Baja California con $9,301,010 y Campeche $10,959,148. Destaca que Baja California se encuentra en el segundo lugar con menos presupuesto, siendo el catorceavo estado con mayor población de mujeres y el treceavo con mayor asignación de presupuesto federal.
Otra comparativa que muestra la falta de interés por las mujeres en los presupuestos de Baja California surge de analizar el comportamiento de nuestro estado frente al de Sinaloa, similar en números poblacionales. Baja California tiene un presupuesto asignado de $49,038,770.214, pero solo destinó al instituto $9,301,010; mientras Sinaloa, con un presupuesto de $45,779,679.644, asignó a la institución para las mujeres cuatro veces más, $35,537,372.
Los presupuestos públicos son instrumento que materializa la política económica y social de un Estado; ahí es en donde se pueden empezar a medir sus prioridades y ver los niveles de compromiso con el respeto a los Derechos Humanos y, por tanto, con la igualdad sustantiva para las mujeres. La forma en la cual se distribuyen los recursos presupuestales es fundamental para crear condiciones que remedien -en parte- las desigualdades sociales, incluyendo la desigualdad de género, que parte de una profunda discriminación y que genera violencia (desde económica hasta feminicida).
Por cierto, la capital de nuestra querida y bella entidad no tiene Instituto de las Mujeres. Ojalá que se aprovechen bien las oportunidades y tanto los institutos como cada institución del aparato público estatal y de los municipales, presupuesten con los lentes adecuados: con perspectiva de género.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California. Correo: melbaadriana@hotmail.com
