El camillero Francisco Jacobo Sainz, quien trabajaba desde hace quince años en el Issstecali de El Mirador en Tijuana, fue removido a Tecate como “represalia” por haber señalado deficiencias en los servicios que presta el centro médico, acusó el exsecretario general del Sindicato de Burócratas sección Tijuana, Martín Plascencia Ávila.
El miércoles 4 de septiembre, Jacobo Sainz se manifestó a las afueras del nosocomio, con el respaldo de compañeros burócratas, al considerar un atropello a sus derechos laborales cambiarlo de unidad médica, hecho del que fue notificado el 30 de agosto.
En entrevista con ZETA, Plascencia Ávila refirió que Jacobo Sainz fue enviado a laborar al Pueblo Mágico por haberse quejado del estado de las camillas y acusar que carecían de ruedas, lo que imposibilitaba el traslado de los pacientes.
“A raíz de que hizo esa declaración el compañero y les dijo ‘yo también me quejo porque soy derechohabiente y mi familia también está padeciendo lo mismo’… con esa declaración le mandaron un oficio, de buenas a primeras, de hoy para mañana, donde lo están cambiando a la ciudad de Tecate”, expuso el exlíder sindical.
A decir del entrevistado, esa decisión afectará económicamente al trabajador, quien no cuenta con un medio de transporte propio y es residente de Santa Fe, zona ubicada en el sur de Tijuana, lo que implica trasladarse al este de la ciudad para viajar a Tecate.
En busca de una justificación sobre el cambio de unidad laboral, el área de Comunicación Social de Issstecali afirmó que este cambio no tiene relación con sus quejas, sino que correspondía a una necesidad de personal en Tecate, misma que le fue notificada al mismo empleado antes de hacer efectivo el cambio. Sin embargo, no pudo especificar si esta notificación se le entregó con tiempo y si el cambio se realizó de manera consensuado, tomando en cuenta las limitaciones de transporte del camillero afectado.
De acuerdo con Plascencia Ávila (y tal como da cuenta un video difundido en redes sociales), el administrador de Issstecali-El Mirador, Antonio Luna, le explicó a Jacobo que la decisión sobre su remoción vino del área administrativa de la institución en Mexicali y que no constituía “un problema” suscitado en Tijuana.
