Diputados integrantes de la comisión que se encargará de organizar la “consulta ciudadana”, que pretenden integrantes de la 4T (MORENA, PT y PVEM), guiarse para enviar el dictamen de la reforma que amplió el mandato de la próxima gubernatura de dos a cinco años, no tiene base jurídica ni es vinculante de ninguna forma, reconocieron durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este lunes en el Congreso del Estado.
Sin el apoyo de órganos electorales, ni fuerzas de seguridad, y sin candados para evitar acarreo que partidos políticos, además de no establecer un mínimo de votación, emprenderán la mal llamada “consulta” prevista para el próximo domingo 13 de octubre, con lo que se intenta justificar una reforma severamente cuestionada por diversos sectores del derecho.
Encabezados por la diputada Mirian Cano, los legisladores de Morena, Víctor Navarro, Eva Gricelda Rodríguez, María Luisa Villalobos y Fausto Gallardo, del PVEM, intentaron justificar la herramienta de consulta argumentando el clamor popular, pero reconocieron que los resultados de la encuesta no serán vinculantes ni cuentan con un sustento jurídico.
La diputada morenista, indicó que serían instaladas entre 250 y 300 urnas en todo el territorio del estado. Cada casilla tendrá 4 o 5 personas “y van a estar también acompañándonos integrantes de las barras de abogados”.
La consulta no rebasaría los 200 mil pesos, que resultaría de la “cooperación voluntaria de quienes hemos pedido que se haga este ejercicio”, entre diputados locales y federales, así como regidores.
Sobre el porcentaje de participación, la diputada dijo “no queremos poner un máximo ni un mínimo. Va a ser conforme a la población que vaya a votar. Para nosotros uno, dos, diez, 20 o 18 mil votos o 70 mil votos son muy importantes”.
La pregunta será si la gente prefiere un proyecto de 2 o de 5 años para el próximo ejercicio, pero no especificarán que su decisión puede ser revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aseguraron que el único interés es escuchar el clamor de la ciudadanía, y señalaron que la gente que votó por un gobernador de 2 años, puede ir a las urnas y reafirmarlo.
Mientras avanzaba la conferencia, integrantes de comunicación social intentaron poner fin a los cuestionamientos de la prensa, pero no tuvieron éxito, y continuaron las preguntas sobre la legalidad y relevancia de dicha consulta.
Referente a la procedencia del recurso, aseguraron que será de la “dieta” de los diputados, y de algunos regidores, lo cual será perfectamente definido y transparente, con la intención de que no ingrese dinero de actividades ilícitas o del mismo Jaime Bonilla Valdez, principal interesado en el resultado de la misma.
El gran ausente en la conferencia fue el diputado Juan Manuel Molina, quien forma parte de la comisión, pero no se presentó pese a que fue anunciado por sus compañeros de bancada.
