La propuesta del próximo gobierno de Baja California de crear un SAT estatal, a semejanza del Servicio de Administración Tributaria federal, con el fin de incrementar la recaudación es “preocupante”, porque eso propiciará un control recaudatorio mucho más agresivo, opinó el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
Se piensa en el primer año habrá una recaudación de 900 millones de pesos, cuando la cifra actual es de 570 mdp. “Eso significa un incremento de casi 80% de presión fiscal”. Magnitud q ue el estado no resistiría, consideró el especialista.
“Van a hacer operativos para poder recaudar los 150 millones de pesos en materia de comercio exterior, lo que requerirá la incautación de al menos 6 mil vehículos y que las personas pagaran. Pero si las personas no lo hacen, se tendrían que embargar al menos 9 mil vehículos para conseguir la meta recaudatoria”.
No está mal que se pretenda aumentar la recaudación, dijo, pero “sí está mal que traten de inventar instituciones espejo que no son funcionales para nuestra región. […] Tenemos que ver las condiciones socioeconómicas y presupuestales de Baja California. El estado tiene el potencial para crecer en materia recaudatoria, pero no podemos estarnos comparando con Sonora o Sinaloa para pensar que podemos crecer”.
En ese sentido, consideró que los gobiernos estatal y federal siguen experimentando, y el estado y el país no podrán crecer a costa de experimentos.
A finales de agosto, el futuro secretario de Hacienda estatal, Adalberto González, anunció en declaraciones a la prensa que con el fin de recaudar más dinero se fiscalizará el comercio exterior, el cual actualmente recaba mediante un despacho especialista, el cual cobra un porcentaje.
Para evitar esto último y que todo lo que ingrese vaya a las arcas públicas, la próxima administración –encabezada por Jaime Bonilla- plantea que la Dirección de Verificación Aduanera se convierta en un SAT estatal con facultades para recaudar, fiscalizar y auditar.
En cuanto al déficit presupuestal de Baja California, Solís Farías manifestó que las últimas tres administraciones han algunos trastornos presupuestales. “No hemos podido avanzar por la opacidad y falta de transparencia y de calidad en el manejo de los recursos públicos”, de ahí que el problema de la entidad, como en el país, radique en el ámbito presupuestal y no en la recaudación fiscal. La cual ha ido incrementándose significativamente en la última década.
Respecto al Paquete Económico –presentado el 8 de septiembre pasado- recordó que la parte procesal que acompaña y permitirá obtener más recursos en 2020 es riesgosa y regresiva, ya que la autoridad tiene facultades omnímodas, como decidir qué domicilio se valida como bueno, qué empresario está operando con activos con bienes, personal o infraestructura suficiente.
“Ellos (la autoridad) tiene las facultades para suspender las operaciones de una empresa mediante la cancelación del sello digital por cualquier excusa”, expuso luego de participar en el Seminario ISR e IVA: Decreto Frontera Norte a Examen, organizado por la UNAM y la Coparmex.
Con la propuesta enviada por Hacienda al Congreso de la Unión habrá un control de abogados, contadores y asesores fiscales.
“Quieren que todos nos inscribamos en un padrón y que violemos el secreto profesional para revelar operaciones de los clientes. Hay profesionistas que no hacemos ningún tipo de estrategia, de gestión técnica con los contribuyentes, pero aun así quieren que relevemos información y eso es sumamente peligrosos”.
Por otro lado, dijo, elevar la defraudación fiscal a delincuencia organizada pone en riesgo a cualquier ciudadano, quien deberá permanecer mínimo 3 años en la cárcel mientras enfrenta su proceso judicial por defraudación fiscal por una omisión de 7.5 millones de pesos.
