La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge presentó ante el Congreso de la Unión un punto de acuerdo en el que se le exhorta al Congreso de Baja California a enviar al Ejecutivo el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado de Baja California, para que éste sea publicado en el Diario Oficial y se proceder de forma legal contra esta enmienda.
La senadora advirtió que este decreto, que permite la ampliación de mandato a gobernador de dos a cinco años “es a todas luces violatorio a la ley, además que atenta contra la voluntad ciudadana y son un auténtico insulto” a los bajacalifornianos que acudieron a las urnas el pasado junio, puesto que la gente votó por un gobierno para dos años y no para cinco como se pretende.
Resaltó que con ello también se están cometiendo “graves violaciones” en las que se está rompiendo el Pacto Federal de dar certeza jurídica a todo este proceso y “de no ponerle un alto a este tema tendría gravísimas consecuencias para nuestra República”.
Cruz Blackledge destacó también que la modificación del período de gobierno aprobada por el Congreso Local, viola los principios constitucionales que caracterizan la función electoral, principalmente la legalidad y certeza que deben caracterizar a las elecciones.
Agregó que el Congreso del Estado desconoció en los hechos el mandato popular que en su momento se pronunció de llevar a cabo las elecciones para un periodo de dos años para poder empatarlo con las elecciones federales, sin embargo no se está respetando ello.
La senadora lamentó también que a esta situación se le ha sumado el intento de organizar una consulta popular “a modo” para ampliar el mandato constitucional, lo que contraviene la Ley de Participación Ciudadana del estado de Baja California y es violatorio de la Ley Federal de Consulta Popular, por lo que pidió se frene también la intención de ello.
Finalmente dijo que el Senado, “como expresión viva del federalismo nacional, no puede ser indiferente ni indolente ante hechos tan graves y lamentables, por ello, propongo el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, porque lo que está en juego es el futuro de la vida cívica y política de la ciudadanía del estado de Baja California”.
