La liberación de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” -ex líder de la organización criminal Guerreros Unidos y uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, es “indignante”, indicó este martes 3 de septiembre, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El funcionario federal recalcó, además, que la liberación de López Astudillo “no es un desaliento, es indignante que se tomen este tipo de decisiones […] Aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior, del respeto al derecho de las víctimas, y no de los victimarios. Vamos a hacer una revisión a fondo”, insistió.
Tras anunciar que mañana miércoles 4 de septiembre presentará un informe sobre este caso en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario Encinas Rodríguez destacó que la liberación de “El Gil” no es un hecho aislado.
“Yo creo que es un asunto que tiene que revisar a fondo, no es un hecho aislado, yo creo que es un tema que hay que atender de fondo, en donde tenemos que reconocer que efectivamente la práctica de tortura existe de manera recurrente en el país”, sostuvo el funcionario federal.
“Y que fue la fuente fundamental para la construcción de la mal llamada ‘verdad histórica’ [del caso Ayotzinapa]. Se van a cumplir cinco años y por supuesto vamos a dar cuenta, vamos a informar de lo que hemos venido realizando”, abundó Encinas Rodríguez.
“Nos reunimos regularmente, tenemos varias reuniones este mes y por supuesto habrá incluso un encuentro [de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa] con el presidente de la República, estamos trabajando muy bien con ellos”, aseveró el subsecretario.
Las deficiencias de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación del caso Ayotzinapa permitieron que López Astudillo saliera de prisión, consideró el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
“Es preocupante que no se puedan sostener los procesos, hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, ha tenido como consecuencia que se den liberaciones”, comentó el titular de la CNDH, quien dijo, además, se vulnera el derecho a la verdad de las víctimas y a la garantía de no repetición.
González Pérez cuestionó que en cuatro años la PGR no haya aportado otras pruebas, adicionales a declaraciones obtenidas bajo tortura. “Muestra lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos que pueda rectificarse con la Fiscalía autónoma”, agregó.
El titular de la CHND afirmó que el papel que desempeñó López Astudillo la noche del 26 de septiembre de 2014 fue relevante, ya que dio datos de una ruta de desaparición diferente a la del basurero de Cocula, por ello “Hay que retomar integralmente [el caso]”, expuso.
LA LIBERACIÓN DE “EL GIL”
Ayer se conoció, apenas, que juez federal absolvió y liberó el sábado 31 de agosto, a “El Gil”, tras desestimar 81 de las pruebas que había presentado la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que se recabaron de forma ilegal.
Algunas de las pruebas contra López Astudillo, testimonios de otros detenidos, habrían sido obtenidas mediante tortura, mientras que otras fueron logradas por detenciones arbitrarias. Con la evidencia restante, el juez consideró que no había elementos para condenar a “El Gil” por secuestro, último de los dos delitos que lo mantenían preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En junio del año pasado, otro juez ya había desestimado el proceso de delincuencia organizada en contra de “El Gil”, quien fue capturado el jueves 17 de septiembre del 2015, por elementos de la Policía Federal, en Taxco, Guerrero.
Según la entonces PGR, en su “verdad histórica”, López Astudillo fue quien recibió a los 43 normalistas para posteriormente ordenar su ejecución y posterior incineración en un basurero ubicado en el municipio guerrerense de Cocula.
Sin embargo, en la presentación del primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se rebatió la llamada “verdad histórica” del caso. Además, en el segundo informe del GIEI, se aclaró que López Astudillo no fue testigo presencial de los hechos.
En su declaración ante los fiscales federales, el 17 de septiembre del 2015, “El Gil” dijo que él no había tenido nada que ver en el ataque contra los normalistas. No obstante dio más de una decena de nombres de presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como de agentes de Policía municipales guerrerenses.
Según el presunto delincuente, policías municipales de Iguala y Cocula, así como sicarios de Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes y luego los separaron en tres grupos. “El Gil” sugirió que integrantes del grupo delictivo del que él formaba parte, habrían disuelto a parte de los estudiantes en ácido.
“Es una buena noticia para quedar claro que no hay impunidad, que el Estado mexicano se comprometió por encontrar la verdad y por supuesto encontrar a los culpables”, dijo ese día el entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
“Y en ese proceso estamos, vamos trabajando, y por supuesto va a ser muy importantes las declaraciones que habrá de dar este presunto delincuente”, aseguró el ahora senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Días más tarde, el 25 de septiembre, ya delante de un juez, “El Gil” afirmó que los fiscales federales lo habían torturado durante los interrogatorios. “Me hincaron y me esposaron con las manos hacia atrás y me metieron la cabeza en una bolsa de plástico donde me asfixiaban […] me daban golpes con el puño cerrado y con la palma de la mano abierta […] Ahí mandaron traer una doctora que les dijo que traía perforado el tímpano”, aseguró López Astudillo.
“El Gil” se benefició de cuatro amparos otorgados en junio del año pasado por el Primer Tribunal Colegiado en Reynosa, Tamaulipas, a inculpados en el caso, los cuales alegaron que fueron torturados, por lo que sus declaraciones quedaron invalidadas, indicó el diario Reforma.
Según lo informó el medio español El País, con “El Gil” suman ya 44 los acusados del caso Iguala que han recuperado la libertad, debido a que la PGR, dependiente entonces del Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue señalada de usar la tortura como método en los interrogatorios.
Tanto la CNDH, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, han documentado tortura a los detenidos por dicho caso de desaparición forzada.
“La liberación de ‘El Gil’ apunta también a la fiscalía de Andrés Manuel López Obrador. Desde la entrada del nuevo fiscal [Alejandro Gertz Manero] y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no se ha presentado una sola prueba nueva”, indicó el rotativo europeo.
“La imagen de López Astudillo fuera de prisión ilustra lo que ha sido la investigación del caso Ayotzinapa hasta la fecha, un desastre. A punto de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 no hay un solo condenado”, espetó El País.
