El vicepresidente nacional de la Confederación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, Miguel Ángel Ordaz, opinó que es necesario hacer un análisis a la iniciativa de Ley de Amnistía para evitar afectar los intereses de terceras personas, como es el caso de las víctimas de algún delito.
“Si bien pudiera ser una iniciativa bien intencionada, paralelamente pudiera estar afectando intereses de terceras personas, en referencia a las víctimas de los delitos que cometieron los presuntos delincuentes y que podrían ser beneficiados con la amnistía, que dejaría una sensación de impunidad e impotencia entre algún sector de la sociedad”, indicó.
Aseguró que no se debe tomar a la ligera esta ley, poniendo como ejemplo, el caso de las mujeres que se practican un aborto, y al personal médico que les ayudaran a hacerlo, quienes en su particular punto de vista, están cometiendo un delito, que no deberían ser beneficiados con esta ley.
En cambio, en el tema del narcotráfico, indicó que es un delito que le afecta a todos los ciudadanos y no de manera particular, por lo que en el caso de quienes se les encuentre en posesión de narcóticos por única vez, podrán tener el beneficio de amnistía.
“Los amnistiados deberán ser primodelincuentes, que por primera vez delinquen, que no tienen antecedentes negativos o penales, y que no están sujetos a ninguna otra investigación, o integración de ninguna carpeta de investigación penal”, indicó el también abogado.
Mientras que en el caso de las personas que han sido detenidas en protestas, añadió que se debe dar libertad de manifestación a quienes así lo deseen, pero, en lo que no está de acuerdo es que este beneficio de amnistía no debe darse a quienes han hecho daños en propiedad privada como parte de estas concentraciones.
El 15 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de Ley de Amnistía, que busca dar libertad a personas presas por algunos actos delictivos.
La propuesta podría beneficiar a jóvenes vinculados por delitos contra la salud. También quienes hayan sido detenidos por ser consumidores y fueron acusados de narcomenudeo, o porque se vieron obligados a participar en este tipo de delitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas.
