La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria contra funcionarios que han liberado a implicados en el caso Ayotzinapa, según lo informó este jueves 5 de septiembre durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después de hablar sobre su planteamiento de una reforma al Poder Judicial, el mandatario nacional recordó el caso de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil” -ex líder de la organización criminal Guerreros Unidos y uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero-, liberado la semana pasada por un juez federal.
“Les informo que lo de ayer que se comentó, de la persona que se liberó, que así lo decidió un juez, se está haciendo ya una investigación, nos informaron que se abrió una investigación en contra de funcionarios públicos por parte de la Fiscalía General de la Repúbica, por el caso de ayer, estoy seguro que la Fiscalía va a informar de esto en su momento”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Ayer miércoles 4 de septiembre, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), reveló que 53 de los 142 presuntos delincuentes que se detuvieron por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ya se encuentran en libertad.
El funcionario federal detalló que esto se debe a que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, desestimó 63 de las 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Encinas Rodríguez señaló que se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad, al detectarse: 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia; 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además de 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación; 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular; 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición; 6 casos de violación al derecho a la defensa adecuada; y 1 caso de incomunicación.
En cuanto a las 142 personas que habían sido arrestadas por el caso Ayotzinapa, Encinas Rodgríguez declaró que 67 eran civiles que presuntamente pertenecían a Guerreros Unidos, 55 eran policías municipales de Iguala y 20 eran elementos locales de Cocula.
Los principales delitos por los que habían sido acusados eran delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos previstos en la Ley General de Secuestro, indicó el subsecretario.
Encinas Rodríguez exhortó a la FGR a redirigir la investigación, subsanar las omisiones y permitir una investigación diligente “para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición”.
EL CASO DE “EL GIL”
Sobre “El Gil”, el funcionario federal explicó que Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito en procesos penales federales en Tamaulipas, denegó 44 pruebas que buscaban acreditar delito de secuestro, ya que consideró que se habría aplicado el delito de tortura.
Esto, dijo, “a pesar de que la entonces PGR hizo el examen médico, conocido como Protocolo de Estambul, que acreditaba que [López Astudillo] no había sido torturado”. Por ello este es un antecedente “muy grave”, porque se trata de una sentencia absolutoria a favor de un de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada, abundó.
“Y lamentablemente no es el único caso, sentará precedente para que se le aplique sentencia absolutoria a los demás implicados y fortalece una tendencia que ya se había registrado con otros detenidos”, insistió Encinas Rodríguez durante la conferencia de prensa matutina presidencial.
Las deficiencias de la extinta PGR en la investigación del caso Ayotzinapa permitieron que López Astudillo saliera de prisión, consideró, también, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, el pasado martes 3 de septiembre.
“Es preocupante que no se puedan sostener los procesos, hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos, ha tenido como consecuencia que se den liberaciones”, comentó el titular de la CNDH, quien dijo, además, se vulnera el derecho a la verdad de las víctimas y a la garantía de no repetición.
González Pérez cuestionó que en cuatro años la PGR no haya aportado otras pruebas, adicionales a declaraciones obtenidas bajo tortura. “Muestra lo que ha sido la debilidad institucional en procuración de justicia, que esperemos que pueda rectificarse con la Fiscalía autónoma”, agregó.
El titular de la CHND afirmó que el papel que desempeñó López Astudillo la noche del 26 de septiembre de 2014 fue relevante, ya que dio datos de una ruta de desaparición diferente a la del basurero de Cocula, por ello “Hay que retomar integralmente [el caso]”, expuso.
LA LIBERACIÓN DE “EL GIL”
El lunes 2 de septiembre se conoció, apenas, que juez federal absolvió y liberó el sábado 31 de agosto, a “El Gil”, tras desestimar 81 de las pruebas que había presentado la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que se recabaron de forma ilegal.
Algunas de las pruebas contra López Astudillo, testimonios de otros detenidos, habrían sido obtenidas mediante tortura, mientras que otras fueron logradas por detenciones arbitrarias. Con la evidencia restante, el juez consideró que no había elementos para condenar a “El Gil” por secuestro, último de los dos delitos que lo mantenían preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En junio del año pasado, otro juez ya había desestimado el proceso de delincuencia organizada en contra de “El Gil”, quien fue capturado el jueves 17 de septiembre del 2015, por elementos de la Policía Federal, en Taxco, Guerrero.
Según la entonces PGR, en su “verdad histórica”, López Astudillo fue quien recibió a los 43 normalistas para posteriormente ordenar su ejecución y posterior incineración en un basurero ubicado en el municipio guerrerense de Cocula.
Sin embargo, en la presentación del primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, se rebatió la llamada “verdad histórica” del caso. Además, en el segundo informe del GIEI, se aclaró que López Astudillo no fue testigo presencial de los hechos.
En su declaración ante los fiscales federales, el 17 de septiembre del 2015, “El Gil” dijo que él no había tenido nada que ver en el ataque contra los normalistas. No obstante dio más de una decena de nombres de presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como de agentes de Policía municipales guerrerenses.
Según el presunto delincuente, policías municipales de Iguala y Cocula, así como sicarios de Guerreros Unidos atacaron a los estudiantes y luego los separaron en tres grupos. “El Gil” sugirió que integrantes del grupo delictivo del que él formaba parte, habrían disuelto a parte de los estudiantes en ácido.
“Es una buena noticia para quedar claro que no hay impunidad, que el Estado mexicano se comprometió por encontrar la verdad y por supuesto encontrar a los culpables”, dijo ese día el entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
“Y en ese proceso estamos, vamos trabajando, y por supuesto va a ser muy importantes las declaraciones que habrá de dar este presunto delincuente”, aseguró el ahora senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Días más tarde, el 25 de septiembre, ya delante de un juez, “El Gil” afirmó que los fiscales federales lo habían torturado durante los interrogatorios. “Me hincaron y me esposaron con las manos hacia atrás y me metieron la cabeza en una bolsa de plástico donde me asfixiaban […] me daban golpes con el puño cerrado y con la palma de la mano abierta […] Ahí mandaron traer una doctora que les dijo que traía perforado el tímpano”, aseguró López Astudillo.
“La liberación de ‘El Gil’ apunta también a la fiscalía de Andrés Manuel López Obrador. Desde la entrada del nuevo fiscal [Alejandro Gertz Manero] y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no se ha presentado una sola prueba nueva”, indicó el el medio español El País.
“La imagen de López Astudillo fuera de prisión ilustra lo que ha sido la investigación del caso Ayotzinapa hasta la fecha, un desastre. A punto de cumplirse cinco años de la desaparición de los 43 no hay un solo condenado”, espetó el rotativo europeo.
