El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratificó el pasado 22 de agosto la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños muertos y 106 heridos, para que se indague la responsabilidad, no sólo de funcionarios, sino también de particulares.
Así lo informó este lunes 2 de septiembre, Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, tras participar en la reunión privada entre familias de las víctimas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizada en la capital sonorense, tras concluir la conferencia matutina del mandatario nacional.
El funcionario federal detalló que el IMSS solicitará a la FGR incorporar a la indagatoria elementos de la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso y que derivó en el proyecto de sentencia presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -ahora presidente de la SCJN-, mismo que fue votado en contra.
“En el voto de Zaldívar se establece la responsabilidad de varios funcionarios y también la posibilidad de que haya involucramiento de privados, de particulares, en la investigación. Lo que nosotros estamos solicitándole a la FGR es que se consideren los elementos del proyecto del ministro Zaldívar”, indicó Robledo Aburto.
El pasado 5 de junio, el IMSS presentó una denuncia de hechos ante la FGR, en contra del ex gobernador de Sonora, José Eduardo Robinson Bours Castelo, por omisiones en la investigación del incendio de la guardería ABC. Ese mismo día, Robledo Aburto aseguró que fue informado sobre la misma el 3 de junio y que ésta se interpuso durante la administración de Germán Martínez Cázares, como director del Instituto.
“La denuncia presentada por Germán Martínez es contra el gobernador Bours, nosotros estamos ampliándolo porque no estaba establecido así en el voto de Zaldívar, era Gobierno del estado, sí, pero también Gobierno Federal y también los particulares”, detalló el actual titular del IMSS este 2 de septiembre.
“Lo más importante: pensar que no puede haber tampoco justicia si esta investigación no incluye a los que eran dueños de esta guardería […] Nosotros estamos planteando que sean [indagados los funcionarios] que están establecidos en el proyecto de Zaldívar, que son cerca de 14 de todos los espacios de gobierno”, señaló Robledo Aburto.
“Lo positivo es que la Fiscalía nos pidió la ratificación, es decir, el proceso sí está entrando, la denuncia; a la hora de ratificarla, es un proceso que lleva su tiempo, pero ya ratificamos la denuncia el 22 de agosto, ¿qué es lo que nos corresponde y vamos a hacer ahora nosotros? La ampliación, que la tenemos que hacer a partir de que fue ratificada […] ¿Cómo lo vamos a ampliar?”, dijo el funcionario federal.
“Reitero, a partir de lo que estableció, como elemento de orientación para nosotros, es la investigación que llevó a cabo la Corte que derivó en el proyecto de Arturo Zaldívar. Ya está activada [la investigación], yo iré informando cuando hagamos nosotros la ampliación y demás. Hay un plazo, pero estamos dentro del plazo aún”, señaló el director del IMSS.
El presidente López Obrador pidió este mismo día, durante su conferencia matutina desde Hermosillo que la SCJN haga una investigación sin obstáculos y sin influyentismo en el caso del incendio en la Guardería ABC, que aconteció el 5 de junio del 2009, y que dejó 49 niños muertos y 106 heridos.
“Está pendiente el proceso judicial, el reabrir el caso para castigar a responsables, el presidente de la Suprema Corte [Arturo Zaldívar Lelo de Larrea] en su momento hizo una recomendación sobre este tema y se le está pidiendo que ayude, que participen para que se lleve a cabo la investigación sin obstáculos”, indicó el político tabasqueño.
“Que no haya influyentismo de por medio, que se actúe con apego a la ley y que haya justicia”, afirmó el mandatario nacional, quien ya había sostenido un primer encuentro con los padres de la Guardería ABC en Palacio Nacional, reunión de la que surgieron algunos planteamientos que ya se están cumpliendo, por ejemplo, el compromiso de dar apoyo a las familias de los niños que requerían atención médica especial.
Además de Robledo Aburto, a la reunión con los padres de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC, acudieron, además, la gobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellan, y Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL EX GOBERNADOR BOURS
“El deber jurídico de Bours como gobernador radicaba en la vigilancia y protección del correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil. Que los prestadores del servicio de la guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en Normas Oficiales Mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales”, dice la denuncia presentada el pasado 22 de mayo por el apoderado legal del IMSS, Francisco Javier Morales Oviedo.
En la querella se acusa a Bours Castelo por omisión, ya que como responsable del Sistema Estatal de Protección Civil, “debió implementar acciones para identificar, analizar, evaluar, controlar y reducir los riesgos en materia de protección civil, aspecto que podría haberse dejado de lado. En consecuencia, su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos titulados: la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad: niños y niñas”.
La denuncia cita el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, donde se establece que las autoridades son responsables de la integración y funcionamiento de dicho sistema, lo que debió aplicarse a la guardería subrogada por el IMSS a particulares.
“Debería haberse verificado, conforme a la legislación estatal aplicable, que el inmueble donde se encontraba la guardería fuera viable y seguro para la prestación de dicho servicio, pues en caso contrario no se hubiese habilitado una bodega para tal efecto, y más aún en un inmueble ubicado en una zona que podía considerarse peligrosa, en tanto que de un lado compartía muro con una bodega que almacenaba papel, la parte trasera era colindante con una llantera, y a 43 metros de distancia había una gasolinera en servicio”, indica la denuncia.
“Esa sola circunstancia actualizaba un riesgo latente y evidente de que la prestación del servicio no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, así como de protección civil, en consecuencia, el riesgo existente en la guardería se fue elevando de manera paulatina, resultando de una cadena concomitante de errores en el tiempo, hasta que se presentaron los hechos que nos ocupan”, se lee en la querella.
El 5 de junio de 2009 se registró el incendio de la Guardería ABC, ubicada en la esquina de las calles Ferrocarrileros y Mecánicos, en Hermosillo, Sonora. Fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, infantes que tenían entre cinco meses y cinco años de edad. La guardería había sido subrogada por el IMSS desde el 6 de agosto de 2001.
En el mismo predio donde se ubicaba el centro infantil se instaló en 2002 una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, donde se resguardaban placas de vehículos. Según algunos peritajes, en dicho lugar fue donde comenzó el incendio.
Los particulares a los cuales el IMSS subrogó la guardería eran: Gildardo Francisco Urquides Serrano, extesorero estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la exprimera dama Margarita Zavala Gómez del Campo, y Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería de la administración de Bours Castelo.
