El Estado mexicano ofreció este lunes 23 de septiembre, la primera disculpa pública para víctimas del periodo histórico conocido como “Guerra Sucia”, entre ellas a la sinaloense Martha Alicia Camacho Loaiza, por los hechos de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria contra ella; su esposo, José Manuel Alapizco Lizárraga; y su hijo, Miguel Alfonso Millán Camacho.
En ese entonces Camacho Loaiza tenía 21 años de edad. En la actualidad es presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS), cuyo lema es: “Si yo estoy viva, tú nunca estarás muerto”. La activista y ex guerrillera estuvo acompañada Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Ciudad de México, lo encabezó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Camacho Loaiza -entonces con ocho meses de embarazo- y su esposo, entonces militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977, en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales, así como miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
La ahora activista fue torturada durante 49 días en la Novena Zona Militar, en Culiacán; obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz a su hijo en condiciones infrahumanas. Tras 49 días de tortura, Camacho Loaiza recuperó su libertad tras el pago de rescate de 300 mil pesos por parte de su familia y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.
Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso una denuncia formal el 22 de mayo de 2002, por el asesinato y desaparición forzada de su esposo y por tortura, así como desaparición forzada consumada de la mujer.
Más de diez años después, el 7 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –que se hizo cargo de los expedientes no resueltos por la Femospp luego de la disolución de dicha Fiscalía- notificó a Camacho Loaiza el no ejercicio de la acción penal.
La PGR sostuvo en ese momento que los delitos denunciados por Camacho Loaiza –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, encuadrados en el fuero común– habían prescrito por haberse cometido casi cuatro décadas atrás.
Inconformes con esta decisión, Camacho Loaiza y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 227/2013, argumentando que en el contexto de la “Guerra Sucia” se cometieron delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y debían ser investigados y sancionados.
El juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 y señaló que en la averiguación previa existían suficientes elementos -incluyendo el ‘Informe Histórico a la Sociedad Mexicana’ de la Femospp- para considerar que durante el periodo de la “Guerra Sucia” se habrían cometido violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivos de delitos de lesa humanidad.
La PGR recurrió la decisión, pero una sentencia de fecha 13 de julio de 2015, dictada dentro del Amparo en Revisión 209/2014 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó que los delitos son imprescriptibles y que la PGR debía investigar con diligencia: en el caso de José Manuel Alapizco, la desaparición forzada y asesinato; en el caso de Camacho Loaiza, su tortura.
El 14 de junio de 2019, la CEAV emitió una resolución para determinar el plan de reparación integral del daño en favor de José Manuel Alapizco Lizárraga, Martha Alicia Camacho Loaiza y Miguel Alfonso Millán Camacho, al reconocerlos como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado.
La Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) fue una organización político militar mexicana de corte marxista que, de forma clandestina, luchó por “la creación de un Partido y un Ejército revolucionario para la toma del poder político del proletariado, la revolución socialista y la instauración del comunismo a nivel internacional”.
La LC23S, se fundó el 15 de marzo de 1973 en Guadalajara, Jalisco, como propuesta de Ignacio Arturo Salas Obregón, alias “Oseas”, para unificar a todas las organizaciones revolucionarias del momento y construir una fuerza política que le diera dirección revolucionaria a las diferentes luchas del periodo.
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