Entre los años 2014 y 2018, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores se adjudicó 11 mil 965 viviendas en Baja California, la mayoría con expedientes interpuestos en el Juzgado Quinto de lo Civil
El jueves 22 de agosto de 2019, el Consejo de la Judicatura de Baja California votó por unanimidad destituir e inhabilitar por tres años a María del Rosario Plascencia Ibarra, jueza Quinto de lo Civil. Sin embargo, la sanción no modifica las resoluciones que tomó y permitieron que tan solo por el expediente 608/2014, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se adjudicara indebidamente 5 mil 204 viviendas en la entidad.
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Entre los años 2014 y 2018, el propio Instituto se adjudicó, mediante juicios masivos, 11 mil 965 inmuebles en el Estado, de las cuales por lo menos 10 mil 161 correspondieron a seis expedientes interpuestos en el Juzgado Quinto de lo Civil, con sede en Tijuana.
Según el Consejo de la Judicatura, las resoluciones de Plascencia Ibarra “deben ser estudiadas una a una”, y cada caso deberá solicitar la apelación o hacer lo que considere conducente por la vía legal.
No obstante, esto no resarce el daño a quienes fueron despojados indebidamente de sus viviendas, ya que deberán costear un juicio para recuperarlas y, de ganarlo, podrían demandar los daños y perjuicios que les ocasionaron, refirieron especialistas consultados por ZETA.
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Respecto a la destitución e inhabilitación de Plascencia Ibarra, el subdirector general del Infonavit, Gustavo Rivera Loret de Mola, señaló que el organismo que titula “es muy respetuoso de la autonomía” del Poder Judicial.
“Desafortunadamente las decisiones (de la anterior administración) conllevaron una serie de consecuencias, algunas de las cuales no podemos revertir cuando ya hay un fallo o una sentencia de por medio”, aseguró.
A pregunta expresa de este Semanario sobre alguna investigación contra Gerardo Castillo, apoderado legal del Infonavit que promovió los procesos legales en dicho Juzgado en la administración federal pasada, Rivera Loret de Mola argumentó que el Instituto está haciendo una auditoría interna, por lo que en el momento en que se encuentren pruebas contra funcionarios o ex funcionarios se procederá como sea debido.
Versiones extraoficiales comentaron que personal del Infonavit acudió al Juzgado Quinto de lo Civil a auditar los expedientes. Proceso en el que estuvo el apoderado legal que llevó los asuntos.
Rivera Loret de Mola refirió que el Infonavit está revisando los más de 211 mil juicios masivos en proceso en todo el país para identificar el estado procesal de cada caso, y a partir de ahí ver las opciones que se tienen. “Cuando podamos desistirnos de un caso que todavía no está cerrado y haya indicios muy evidentes de violaciones de derechos procesales, claro que nos vamos a desistir”, indicó.
En el país habría hasta 77 mil 725 viviendas susceptibles al desistimiento del Infonavit, de las cuales 4 mil 775 se localizan en Baja California.
JUEZA, ACREEDORA A LA PENA MÁXIMA
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Juan Ortiz Morales, expuso que Plascencia Ibarra -quien había sido suspendida desde el 25 de marzo- se hizo acreedora a la pena máxima, consistente en su destitución e inhabilitación por tres años para “desempeñar empleo, cargo o comisión” en BC.
Luego que terminara el análisis del expediente 608/2014, se concluyó que “lamentablemente se vulneró la garantía de audiencia de las personas en el modo en que fueron notificadas” en el proceso de adjudicación de viviendas.
“Consideramos que tristemente se dio una resolución, sin ser sentencia, en la cual se precisaban algunas circunstancias que dieron pie a que se inscribieran irregularmente escrituras en Texcoco, Estado de México. Estas escrituras perjudicaron el patrimonio de personas sin haber sido oídas y defendidas en juicio”, señaló el magistrado, quien observó que conforme a la Ley, eso debió haber llamado la atención de la juzgadora.
La resolución del Consejo de la Judicatura sostiene que el actuar de Plascencia Ibarra “atentó contra la esencia de la función pública de administrar justicia, lesionando los principios de honradez y legalidad”, protegidos por la Ley Orgánica del Estado.
Como se recordará, desde febrero de 2016 el Consejo de Notarios del Estado de Baja California dirigió una carta al entonces delegado del Infonavit, Alejandro Arregui, denunciando las irregularidades en el proceso de adjudicación del expediente 608/2014.
Incluso el Consejo acusó que el Infonavit había ofrecido pagar 290 mil dólares por cada paquete que incluyera mil inmuebles, pero los integrantes de este no accedieron a escriturarlos, toda vez que, como lo dijo su presidente, Carlos Eduardo Ahumada Arruti, “escriturar los inmuebles recuperados en ese proceso irregular es ilegal”; tal como dio cuenta ZETA en su edición impresa del 9 de diciembre de 2016.
Por esa razón el Infonavit escrituró las propiedades recuperadas en la Notaría 2 del Estado de México -ubicada en Texcoco- de la que es titular Sergio R. Mañón Díaz. Cuando las irregularidades volvieron a salir a la luz, el Consejo de la Judicatura tomó la decisión de indagar a Plascencia Ibarra en febrero de 2019, lo cual también fue informado por este Semanario en su edición del 22 de febrero.
VENDEN 3 MIL 423 VIVIENDAS ADJUDICADAS
De las 11 mil 965 viviendas que el Infonavit se adjudicó en Baja California, 3 mil 423 ya fueron revendidas mediante ventas al mayoreo (macro subastas y subastas) y al menudeo (de forma individual). Su precio promedio fue 134 mil 954 pesos.
Cuestionado sobre las instituciones financieras, inmobiliarias y otras empresas que participaron en la compra de viviendas adjudicadas que luego revendieron, Gustavo Rivera Loret de Mola declaró: “Ese dato no lo tengo conmigo, lo que sí es que como instituto tenemos que ser muy cuidadosos porque una cosa son las empresas que compraron las casas en las subastas, y otra los despachos que pudieron o no verse involucrados en una situación de haber cometido algún delito, entonces tenemos que separar muy bien una cosa de la otra”.
