Es conocido que la investigación de delitos electorales en Baja California -y prácticamente en todo el país- es una broma. En realidad, todo se realiza al calor de los respectivos comicios, pero nunca se procede contra nadie.
Y es que todos los partidos -llámense PAN, PRI, PRD, Morena- contratan grupos de choque, realizan actos anticipados de campaña, roban urnas, dañan material electoral e incluso triangulan dinero para realizar un gasto mayor al estimado. Solo hay que remontarse al proceso electoral de este año para observar las canalladas que realizaron los partidos Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional, para confirmarlo.
La prueba de la inmunidad está perfectamente definida en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que en los últimos tres años contabiliza 67 denuncias por diversos delitos electorales, desde los cometidos por funcionarios y servidores públicos, partidistas y daños en material electoral.
De todos estos, en solo cuatro se decidió no ejercer acción penal, mientras que otros seis fueron turnados a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales o la General de la República. El resto permanece en la PGJE sin avanzar.
De hecho, solo en 2019 se han registrado 29 querellas documentadas y “en investigación”, por parte de la propia Fiscalía, pero -al igual que las demás- probablemente van a prescribir o archivar.
Consulta “patito”
Hablando de bromas de mal gusto, Morena y sus cómplices pretenden realizar una consulta ciudadana para determinar si la sociedad desea una gubernatura de dos o cinco años. La consulta “patito” busca ser una táctica dilatoria cuyo objetivo es “frenar” el mayor tiempo posible la publicación de la reforma aprobada por la XXII Legislatura.
Varios puntos deben someterse a consideración en este tema, como el hecho que el Instituto Estatal Electoral (IEE) no será el encargado de llevar a cabo el proceso, ni de revisar el financiamiento del mismo, lo que quiere decir que el árbitro será la mayoría de Morena en el Congreso.
Fotos: Cristian Torres
Tampoco se tendrá certeza del origen del recurso para su organización, lo que quiere decir que podría venir de políticos de Morena, del próximo gobernador Jaime Bonilla Valdez -el principal interesado- e incluso del crimen organizado, pues el texto afirma que cualquier agrupación o persona podrá donar para ello.
Al final, se trata de un circo con el que la Cuarta Transformación pretende jugarle el dedo en la boca a los bajacalifornianos, a través de una consulta amañada e improvisada, con la que también ridiculiza todo un trabajo y organización realizado por el IEE semanas atrás.
El “capricho” de Bonilla le está costando muy caro al Estado de Derecho de Baja California.
Elevador influyente
Para no salirnos del Congreso, trabajadores de la institución se encuentran sumamente molestos por las nuevas disposiciones de la Dirección de Servicios Administrativos, ya que resulta que el uso del elevador del edificio será exclusivo para diputados, personas de la tercera edad o con discapacidad.
Según los trabajadores, se pierde mucho tiempo y el uso de las escaleras genera grandes recorridos, sobre todo porque -por lo menos quienes sí trabajan- suben y bajan de oficina en oficina entregando escritos y otros documentos. Vaya que a los diputados de la 4T les gusta ser influyentes.
