El presidente del Grupo Calfia, Arturo Aguirre acusó al XXII Ayuntamiento de Tijuana –encabezado por Juan Manuel Gastélum- de haber incumplido los acuerdos suscritos con los transportistas sobre el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
“Nuestro compromiso era tener camiones y manejarlos, hay 120 camiones alimentadores y 30 troncales, pero están parados. Los choferes todos fueron capacitados y uniformados”, mientras que el Ayuntamiento “nos prometió 120 mil pasajeros, desaturar las rutas y mejorar el servicio” cosa que incumplió.
Pese a que los transportistas participantes en el SITT aportan 10.81% del recurso “para que nos cuiden el dinero” y 6% para que el Ayuntamiento cuide las rutas” la autoridad también ha incumplido en dichos compromisos, se quejó el líder luego de participar en la entrega de constancias del programa Red Nacional de Monitores Viales a choferes que recibieron una capacitación por parte de la Policía Federal.
Recordó que una tercera empresa, denominada Soproes Baja, se comprometió a hacerse cargo de la recaudación del recurso mediante unas tarjetas de prepago que nunca llegaron. Desde que arrancaron, en noviembre de 2016, se han tenido pérdidas por 3 millones de pesos al mes.
“Nosotros tuvimos que costear la nómina de choferes, los pagos de mantenimiento, del diésel […] Todo esto se supone que el ayuntamiento debió dar las garantías”, afirmó.
Por otro lado, consideró como “revanchismo” el proceso que la administración de “El Patas” le fincó para cancelarle el permiso, “porque nosotros no quisimos entrar en el juego y participar con Altisa, que era una empresa que no nos permitió trabajar. Acuérdense que nos vandalizaron, nos quebraron vidrios de las estaciones, hubo usuarios lastimados”.
De modo que, dijo, el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento fue ilegal, y actualmente está suspendido.
Agregó que el grupo Calfia se acercó a la autoridad la primera quincena de septiembre para pedir su intervención para despejar las rutas que tenemos actualmente invadidas por taxis y otras empresas.
En 2017 y 2018 nos fueron invadiendo al menos unas 15 rutas más y eso nos mermó el número de pasajeros, de 20 mil pasamos a 5 mil pasajeros. La petición del ayuntamiento cuando le dijimos que no nos alcanzaba para solventar los costos operativos así como el pago de los camiones era que nos ayudara a efecto de que tuviéramos más pasajeros, sin embargo, ellos lo tomaron por otra parte y nos están iniciando un procedimiento por ciertas situaciones de las que ellos mismos son responsables, porque fue a consecuencia de la inactividad del Ayuntamiento para actuar.
“No hemos dejado de operar, seguimos trabajando con la ruta troncal, con las alimentadoras. Seguimos prestando el servicio como lo marca el contrato y no entendemos la intención de que el ayuntamiento nos notifique el procedimiento de cancelación de un contrato en el que prácticamente el organismo nos lo otorga y nos lo quiere cancelar. Eso es imposible porque no puedes ser juez y parte”. Menos aun cuando el procedimiento excede la facultad de la actual administración.
