Los productores de tomate mexicano alcanzaron un nuevo Acuerdo de Suspensión Antidumping del Tomate con Estados Unidos, después de un proceso de negociación que duró casi dos años, con lo que se suspende la investigación de dumping que tenía en curso el Departamento de Comercio estadounidense en contra de la industria de México y se podrán hacer exportaciones de dicha hortaliza hacia ese país sin pagar altos aranceles.
Sin embargo, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) informó que este nuevo Acuerdo incluye la propuesta de inspeccionar en la frontera el 92 por ciento de los camiones de dicha hortaliza para revisar su calidad. Además, contempla incrementos en los precios de referencia para tomates de especialidad y un incremento en el precio de los tomates orgánicos por arriba del 40 por ciento sobre el precio de los convencionales.
El Acuerdo entre ambas partes se dio apenas unos minutos antes de que venciera el plazo límite legal que se tenía para evitar que la industria tomatera mexicana pagara de manera definitiva aranceles superiores al 17.56 por ciento por la exportación de esta hortaliza a Estados Unidos. Asimismo, los exportadores mexicanos de tomate podrán recibir todos los depósitos en efectivo realizados desde el pasado 7 de mayo hasta el día en que este nuevo Acuerdo se publique en el Federal Register.
Según la CAADES, el Departamento de Comercio de EE.UU. reactivó la investigación y calculó un nuevo margen de dumping del 25.28 por ciento, por lo que todavía se esperaba que al terminar el proceso de verificación el 19 de septiembre, la determinación final confirmara dicho porcentaje. Ante ello, la firma de un nuevo Acuerdo que suspenda su determinación final, requiere de 30 días previos para comentarios, plazo que vencía este 20 de agosto.
“La industria del tomate de México agradece a todos los actores nacionales e internacionales que apoyaron durante casi dos años este proceso de negociación, así como al Gobierno de México, nuestra embajada en Washington y a los miembros del Senado y del Congreso que se unieron a esta causa en ambos países”, apuntó la CAADES.
El pasado 7 de agosto, Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos retirara su decisión de inspeccionar los camiones que cruzan la frontera con exportaciones de tomate mexicano.
A través de su cuenta de la red social Twitter, el funcionario federal mexicano indicó que “nuestros productores están cerca de lograr un nuevo acuerdo con #EEUU (que evite los elevados cargos que de otra forma se perfilan), ofreciendo concesiones mayores de interés para EU”.
Sin embargo, abundó Seade Kuri, los productores mexicanos “enfrentan un obstáculo intransitable”, que es la exigencia del Gobierno estadounidense de inspeccionar la totalidad de los tomates que México envía, lo que constituye un obstáculo al comercio y provocaría un colapso del intercambio bilateral, dijo.
“Si se retira esa condición, tenemos a la mano un nuevo acuerdo en el sector, en beneficio de los productores y consumidores de este producto (agrícola) en ambos países”, apuntó el subsecretario de la Cancillería mexicana.
Seade Kuri abundó que la medida era contraria a toda razón, ya que en el 2018 el rechazo de tomates por calidad fue de 0.32 por ciento del total del volumen enviado. Ante ello, el funcionario federal destacó, que la imposición también detendría a más de 120 mil camiones que cada año buscan cruzar la frontera.
“Esta medida es totalmente inaceptable para el @GobiernoMX, ya que constituye un claro obstáculo técnico al comercio”, insistió Seade Kuri, quien se sumó a la negociación con EE.UU. para apoyar a los productores mexicanos.
“Más allá de esos efectos negativos la medida generará daños irreparables para las exportaciones mexicanas de tomate, producto del que dependen 1.5 millones de productores y servicios asociados”, detalló Seade Kuri en otro tuit.
En fechas recientes, productores de tomate demandaron al Gobierno Federal mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aplicar medidas espejo e inspeccionar la calidad de varios productos agrícolas y ganaderos de EE.UU., entre ellos: maíz, trigo, soya, sorgo, lácteos, fructosas, manzanas, peras, uvas, carne de res, puerco y aves.
El pasado 22 de julio, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, titular de la SADER, aseguró que la intención del Gobierno de EE.UU. de inspeccionar al 100 por ciento los 120 mil camiones de tomate rojo mexicano que lleguen a su frontera cada año, bajo el pretexto de asegurar la calidad y con el Acuerdo de Suspensión, era “imposible”.
“Yo he estado en contacto con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos [Sonny Perdue] y hemos expresado que inspeccionar todos los tráilers, como se ha propuesto, es absolutamente imposible. Ningún país tiene la capacidad […] La inspección al final de cuentas tendría que ser a través de la Secretaría de Agricultura, pero hemos señalado que no existe en nuestras negociaciones internacionales inspecciones por calidad”, indicó el funcionario federal mexicano.
La revisión se puede realizar sólo cuando hay posibilidad de detectar algún problema de índole sanitario, pero en tanto esto no ocurra, no hay ninguna razón ni argumento técnico que apoye la inspección de todos los tráilers, indicó Villalobos Arámbula en entrevista con el diario Reforma.
Por su parte, los productores mexicanos de tomate advirtieron que aceptar la revisión del total de los camiones mexicanos hubiera creado un “nudo” logístico en la frontera entre México y EE.UU., ya que inspeccionar tan sólo un vehículo pesado dura más de una hora y media.
Además de que se saturarían los espacios físicos para la inspección aduanal y afectaría significativamente a otros sectores, como el de maquiladoras, automotriz, partes electrónicas y otras manufacturas, señalaron los productores organizados y representados por la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Consejo Agrícola de Baja California (CABC), el Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (APHYM).
Los tomateros mexicanos propusieron al Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que, en caso de que esto sucediera, México también respondiera con la inspección obligatoria de todos los productos que se importan de Estados Unidos en grandes cantidades, como el maíz, soya, trigo, manzanas, uvas, carne de cerdo y pollo, entre otros.
El pasado 10 de julio, Graciela Marquez Colín, titular de la Secretaría de Economía (SE), indicó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) tuvo posiciones “intransigentes” y rígidas hacia los productores mexicanos de tomate para poder exportar sin aranceles a dicho país.
“Se les está pidiendo a los tomateros [mexicanos], entre otras cosas, una revisión del 100 por ciento de los embarques de tomate en frontera y un plazo de hasta 72 horas. Esta rigidez demuestra que hay otras motivaciones”, aseguró la funcionaria durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El 20 de mayo pasado la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y el Consejo Nacional Agropecuario [CNA] presentaron un amparo en la Corte de comercio internacional de Estados Unidos para protegerse de la medida de la imposición de los aranceles provisionales. Sin embargo, el 6 de junio de este año fue rechazado el amparo”, comentó la funcionaria federal.
La funcionaria federal indicó que el del tomate rojo es un conflicto antiguo, que data de 1995, y comenzó con una denuncia contra presunto “dumping” de productores mexicanos, y que fue interpuesta por agricultores estadounidenses de Florida.
Márquez Colín explicó que dicha investigación por “dumping” fue suspendida en 2002, 2008 y 2013, pero que en el contexto electoral actual, y con el viraje a políticas mas proteccionistas que se registran en Estados Unidos, ésta se ha reavivado.
El “dumping” es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.
En ambos casos, aseveró la secretaria de Economía, se trata de casos puntuales que son recurrentes en las relaciones comerciales entre los países, como ha ocurrido con México hacia otros países cuando se detectan prácticas desleales, que se considera afectan los intereses de productores mexicanos.
Días antes, Manuel Cázares Castro, vicepresidente del Comité del Sistema Producto Tomate Nacional, aseguró que según un cálculo hecho por la propia industria tomatera, que los productores mexicanos podrían llegar a pagar hasta 350 millones de dólares (mdd) anuales de impuestos, por la cuota compensatoria de 17.5 por ciento impuesta a las exportaciones de esta hortaliza hacia EE.UU., que aplica desde el pasado 7 de mayo.
“Verdaderamente estamos pasando por una situación muy crítica en el sector del tomate. Después del 7 de mayo ya no se dieron las exportaciones normales, bajaron alrededor del 32 por ciento”, dijo Cázares Castro, entrevistado por el diario Reforma a dos meses de que el DOC no renovó el Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate.
Los 350 mdd anuales por el pago de la cuota compensatoria se sumarían a las pérdidas de alrededor de 93 millones de dólares para los productores mexicanos, ya que las exportaciones de tomate disminuyeron en un 30 por ciento, según datos del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI), de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal.
Según la AMHPAC, la imposición de la cuota compensatoria provocaba un retroceso en la producción y en la exportación de la hortaliza, producto del cual sólo el 40 por ciento es para consumo nacional y el resto se envía al extranjero.
De ello más del 99 por ciento del total de las exportaciones mexicanas de dicha hortaliza tienen como destino Estados Unidos. Los datos del SIAVI indican que durante mayo y junio de 2018 se registraron exportaciones de tomate rojo a territorio estadounidense por 311 millones de dólares.
Óscar Woltman de Vries, presidente del Consejo Nacional de la AMHPAC, dijo que las negociaciones continuaban para lograr retirar la cuota compensatoria, pero que el Gobierno de Estados Unidos pretendía inspeccionar 100 por ciento de la carga de la hortaliza roja.
Esa petición, explicó el líder agrícola, estaba dentro de una “lista antigua de demandas” y ahora la retomaban como medida de presión, sin embargo, de imponerla habría una larga fila de transporte de carga en la frontera durante horas e incluso días.
“Si me dicen vamos a revisar cada camión en un lapso de seis horas desde que llega a la frontera y aparece el inspector, pues no tendría problemas porque es un tiempo razonable para ambos lados, pero el problema sería si me dicen 72 horas”, señaló el presidente de la AMHPAC.
La medida restaría tiempo de vida a la hortaliza fresca antes de llegar a los anaqueles de los establecimientos de venta en Estados Unidos. “Es un perecedero y, aunque esté dentro de un camión refrigerado, no lo puedes tener tres días parado”, expuso Woltman de Vries.
Por su parte, el vicepresidente de Frutas y Hortalizas del Consejo Nacional Agropecuario, Sergio Esquer Peiro, abundó que en temporada alta 80 mil toneladas diarias de tomate pasan por la frontera norte para llegar a los consumidores finales en EE.UU.
“Es prácticamente imposible y, aunque es un tipo de barrera no arancelaria, sigue siendo una barrera que va entorpecer [el flujo de la mercancía] y nos va quitar competitividad que es lo que menos quisiéramos”, enfatizó el vicepresidente de la CNA, entrevistado por el mismo rotativo.
Esa nueva propuesta “opaca” la negociación que llevan con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para echar atrás la cuota compensatoria impuesta después de haber tomado la decisión de ponerle fin al acuerdo y reiniciado la investigación antidumping suspendida desde 1996, acentuó.
En México la industria tomatera da empleo directo de más de 400 mil trabajadores agrícolas, quienes en su mayoría son migrantes y van acompañados de sus familias, con al menos un millón de labores adicionales en las actividades relacionadas con la cadena de soporte, logística y servicios, entre otras.
El pasado 7 de junio, Jennifer Choe Groves, jueza de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (USCIT, por sus siglas en ingles), rechazó un amparo de los productores de México, de suspender el pago de aranceles del 17.56 por ciento de las exportaciones mexicanas de tomate a dicho país.
El amparo fue presentado el pasado 20 de mayo por productores y exportadores de Sinaloa, Baja California y Sonora -agrupados en la MHPAC y el CNA- ante las Cortes estadounidenses. El próximo 3 noviembre se espera una resolución final de parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos.
“Si bien la Corte reconoce disrupciones potenciales al mercado del tomate fresco y las cadenas de suministro, alegadas por los demandantes, se concluye que su evidencia no satisface el elevado estándar necesario para demostrar un daño irreparable”, afirmó Choe Groves.
La jueza detalló que la suspensión solicitada por los productores mexicanos tenía por objetivo detener nuevamente la investigación antidumping retomada por el DOC, y frenar el cobro de depósitos en efectivo o fianzas en las aduanas por las que pasa el tomate.
Sin embargo, dichas acciones están previstas en la legislación estadounidense, por lo que sólo en casos excepcionales podrían ser suspendidas por orden judicial. Además, la jueza tampoco encontró que conceder la suspensión solicitada pudiera ser favorable al interés del público.
La USCIT, con sede en Nueva York, es un tribunal cuyas resoluciones son revisables por una Corte Federal de Apelaciones con sede en Washington, que tiene jurisdicción sobre este tipo de casos.
-Con información de Reforma.
