María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pagó ayer lunes 69 mil 500 pesos para garantizar que continúe vigente la suspensión provisional contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en su contra en los últimos días.
Según los listados judiciales, citados por medios nacionales, ayer lunes, la defensa de la ex funcionaria federal entregó a Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, el billete de depósito número N 076882 por la cantidad antes citada, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
“Agréguese escrito de cuenta firmado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual exhibe el billete de depósito a fin de que surta efectos la suspensión provisional concedida en auto de 31 de julio del año en curso; por tanto, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a una de las obligaciones impuestas”, acordó el juez.
El pasado 31 de julio, Vargas Alarcón suspendió, por el momento, cualquier orden de aprehensión que pudiera haber sido girada en los últimos días -a petición de la Fiscalía General de la República (FGR)-, para vincular a proceso a Robles Berlanga.
El juzgador de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo presentada un día antes, y fijó para Robles Berlanga una garantía de 69 mil 500 pesos. Asimismo, giró oficios a la FGR y a diversos jueces federales, requiriéndoles que rindan sus informes previos y justificados.
Vargas Alarcón pidió a sus homólogos que especifiquen si existe la orden de aprehensión contra la ex titular de la Sedesol y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
El juez de Distrito fijó, además, para el próximo 6 de agosto, la audiencia incidental en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva a Robles Berlanga, quien está citada para el próximo 8 de agosto, a las 11:00 horas, al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
Ello para una audiencia inicial donde Robles Berlanga podría ser imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado del caso de la llamada “Estafa Maestra”, mismo que no amerita la prisión preventiva oficiosa, por lo que la ex funcionaria federal podría llevar su proceso en libertad.
“Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Cabe hacer la aclaración que la medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno si se trata de actos posteriores a la concesión de esta medida, o bien, si se le sorprende en flagrante delito o se trate de caso urgente, en términos del artículo 16 párrafo quinto de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos”, señaló el juez.
El juzgador indicó, también, que la medida dejará de surtir efectos si Robles Berlanga no exhibe dentro del plazo de cinco días, los 69 mil 500 pesos de garantía, “cantidad que se fija de manera discrecional por el suscrito” Vargas Alarcón.
“Ya que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el numeral 168, de la ley reglamentaria; en la inteligencia que dicha garantía podrá ser modificada al resolver acerca de la suspensión definitiva”, detalla el acuerdo del juez de Distrito.
Ayer lunes, Robles Berlanga informó que sí se presentará a comprarecer ante un juez de control, el próximo jueves 8 de agosto. En una carta que envió al al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la ex funcionaria federal insistió que sólo pide justicia en su caso.
“No tengo nada que esconder por lo que me presentaré el jueves 8 [de agosto] como ordena la autoridad. Sólo pido justicia. Ni más ni menos”, pidió Robles Berlanga. Asimismo, aseveró que confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Confío en la palabra del Presidente de República cuando dice que no hay de su parte consigna alguna en mi contra o de alguna persona. Soy mujer de instituciones y tengo plena confianza en las autoridades judiciales de mi país”, agregó en su misiva publicada en su cuenta de la red social Twitter.
López Obrador dijo el lunes, también, que es probable que la FGR solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), congelar las cuentas de la exfuncionaria federal, para continuar así con las indagatorias por la llamada “
“Estafa Maestra”.
Durante su conferencia de prensa matutina -realizada en Valle de Bravo, en el Estado de México-, el mandatario nacional señaló que la UIF actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales, sobre todo en el lavado de dinero.
“La Fiscalía General es la que tiene este proceso en curso, y es muy probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar con la investigación”, precisó el político tabasqueño.
Sobre este caso, López Obrador consideró que no se puede condenar a nadie, ya que señaló, la autoridad competente es la que tendrá que resolver lo correspondiente. “No se pueden hacer juicios sumarios, se tiene que cuidar siempre la dignidad de las personas y es la autoridad competente la que resuelve”, ahondó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El pasado domingo se informó que la UIF bloqueó las cuentas de Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de la Sedesol y de Sedatu, durante el Gobierno de Peña Nieto.
Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo, además, que cuentan con información de 124 objetivos “donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la característica de fachada”.
La ASF documentó, por su parte, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas -de las cuales por lo menos un centenar eran “fantasmas”-, contratos por más de 7 mil 500 millones de pesos.
ABOGADO ASEGURA QUE ROSARIO ROBLES SÓLO TIENE 20 MIL PESOS EN SUS CUENTAS
Julio Hernández Barros, abogado defensor de Robles Berlanga, informó que son dos las cuentas, con sólo 20 mil pesos, las que la UIF congeló la semana pasada, y que dicho dinero la ex titular de la Sedesol y Sedatu se lo ganó de forma “honrada”.
“Son dos cuentas que siempre ha tenido […] Las cuentas no tienen ni un peso de más que no haya sido ganado honradamente. Tiene 20 mil pesos en sus cuentas, Rosario Robles”, dijo el abogado en entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles para Grupo Fórmula.
Además, el litigante negó que Robles Berlanga haya caído en irregularidades en su gestión como titular de Sedesol y de la Sedatu. Hernández Barros añadió que dichas acusaciones están ligadas a la existencia de una cuenta con 2 mil pesos de la que dijo, la ex funcionaria federal no tenía conocimiento.
El abogado defensor comentó que Robles Berlanga no tiene más ingresos y que esos 20 mil pesos son los últimos que le quedaban de su gestión como funcionaria federal. Además, el litigante acusó que “funcionarios del actual o el anterior gobierno” tienen una estrategia para imputar a la ex titular de la Sedesol y Sedatu, aunque aclaró que la misma no está impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Puede ser de ese Gobierno [de Enrique Peña Nieto] o del actual, no es una cosa de él [López Obrado], él se ha extrañado y ha llamado a Rosario como un ‘chivo expiatorio’. Pero sí pudiera venir de funcionarios en su gobierno o ex funcionarios que se han encontrado antes a Rosario”, afirmó Hernández Barros.
El litigante adelantó que Robles Berlanga sí se presentará a la audiencia a la que fue citada el jueves próximo, porque dijo que las condiciones y garantías de seguridad de la ex funcionaria federal son “favorables”.
