Introducción
I. Desde que el hombre aparece en la Tierra, tiene conflictos y controversias que redimir con sus congéneres, y para ello utiliza primero la fuerza física con que lo dotó la naturaleza; después utiliza, para defender u ofender, cualquier instrumento: un palo, una piedra, todo aquello que pueda servir para superar la fuerza del adversario y vencerlo en la contienda.
Ahora, a los instrumentos para vencer con ventaja al enemigo le llaman armas, que se han convertido en instrumentos de guerra capaz de dañar a cientos y hasta miles de enemigos, principalmente las llamadas armas de fuego.
Las armas de fuego en forma de clandestinaje —ilegal— han generado un millonario negocio, y todo por el afán de eliminar a quien por razones económicas, políticas, raciales, religiosas, etc., se ha convertido en el enemigo.
Los países han querido frenar sobre todo el mercado clandestino de las armas, sin lograrlo, a través de licitaciones estrictas, y se castiga severamente la posesión y portación de armas de fuego. Por ejemplo, es el caso de México, que ha promulgado una Ley Federal para la regulación de armas de fuego y explosivos.
II. El ciudadano, al poseer y portar un arma de fuego, sufre una curiosa transformación que le proporciona la posesión o portación de armas: un sentimiento de fuerza, de poder, frente al que se encuentra inerme y desarmado.
Los requisitos para poseer o portar armas de fuego por persona civil son los siguientes:
El usuario debe contar con un Permiso Extraordinario para la adquisición de armas de fuego, cartuchos y accesorios, original y vigente; original para su cotejo de la identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, licencia para conducir y/o documento migratorio). Además, original de la hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria por concepto de registro de un arma de fuego en sus diferentes modalidades, uno por cada arma, y RFC en caso de requerir factura (CFDI) y CURP.
Tenemos que admitir que dicha reglamentación hace difícil el hecho de poseer un arma, lo que lleva al clandestinaje en dichas conductas, y sobre todo a la corrupción.
Sabemos que el mexicano, así como el ciudadano de otras nacionalidades, tiene una fijación especial —un gusto— por poseer y portar armas, todo esto fruto de las razones que muy levemente apuntamos.
III. México, dada la crisis económica que se vive y la presencia de poderosos grupos del crimen organizado, ocupa hoy uno de los primeros lugares en la comisión de homicidios y lesiones mediante el uso de armas de fuego. Desafortunadamente, con unos cuantos pesos se está en aptitud de poseer y de portar desde un arma de fuego corta, tiro a tiro, hasta una ametralladora o cualquier tipo de arma larga automática, para ser utilizada en la guerra soterrada que se vive en el país (entre autoridades encargados de mantener el orden y la seguridad y delincuentes dispuestos a todo con tal de lograr pingües ganancias o simplemente ejercer un poder de mando). No es extraño enterarse por los medios de comunicación que una o varias personas fueron aniquiladas con armas de fuego.
IV. Un decreto en materia de Guardia Nacional especifica, nuevamente, que los mexicanos tenemos el derecho a poseer armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa. Se concede esta garantía de derecho público como por encima de las concesiones del Estado; poseer armas en el domicilio es un derecho humano y una garantía jurídica de seguridad y legítima defensa.
En cuanto a la Ley Federal, esta reglamenta en un capítulo el tipo de armas que son prohibidas y que solo se pueden adquirir en el mercado negro clandestino.
Como podrá ver el lector, las armas efectivas y con mayor poder destructivo están al alcance solamente de aquellos que pueden pagarlas, dejando fuera del alcance las armas con mayor poder lesivo por carecer las personas de los recursos necesarios para comprarlas, recursos que sí están al alcance del crimen organizado y que sirven de instrumentos para producir enormes ganancias. Por ejemplo, homicidios por sicariato, asaltos, secuestros y otro sinnúmero de delitos, que para su comisión utilizan armas de fuego de alta tecnología y capacidad destructiva; además de la velocidad en la consumación del disparo, conocido como capacidad de fuego.
V. Tenemos la mala suerte de vivir en vecindad con un país cuya economía se sostiene gracias a sus actividades de compra y venta de armas para la guerra o simplemente para la comisión de delitos.
Así que la lucha contra el crimen organizado (y no organizado) seguirá con números rojos en contra del gobierno legítimo, que es el encargado de mantener el orden y la seguridad social.
Por tanto, los obstáculos jurídicos, costos elevados de las armas, gusto de la ciudadanía por poseerlas —y más aún portarlas—, grupos de delincuencia organizada en posesión y portación de armas con alta tecnología vienen a repercutir en el elevado número de homicidios que el país está padeciendo, y que no podrá erradicar mientras el Estado no cuente con el apoyo de una sociedad organizada, proclive a la paz y a la tranquilidad. Solo llegaremos a un Estado social, democrático y de derecho cuando la ciudadanía no admita el accionar de un gobierno proveniente de cualquier origen contrario al orden jurídico.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
