En el pre-pleno del Tribunal Superior de Justicia, donde con la presencia de la ex procuradora Perla Ibarra Leyva, los magistrados discutían su regreso, todo fue cándido para la ahora magistrada de una Sala Civil. Sus compañeros, especialmente los afines al grupo que maneja la presidencia del organismo, le dieron todo su apoyo, su incondicional solidaridad. De hecho la señora ex procuradora llegó del brazo del todavía titular del Poder Judicial de Baja California, Salvador Ortiz Morales. Aquellos que están conscientes que lo que ahí se discutió es una ilegalidad, poco o nada dijeron. Se quedaron con sus palabras para señalar el hecho que la mayoría no quisieron aceptar: que las licencias otorgadas por tres años en el Congreso del Estado a Leyva, contravienen la Ley Orgánica del Poder Judicial. No puede ser magistrada porque hasta hace unos días era procuradora, por lo que habrá un claro conflicto de intereses cuando le corresponda determinar asuntos que en su calidad de fiscal del Estado promovió. Y ante el exhorto del Sistema Estatal Anticorrupción enviado al Congreso del Estado para impedir que se quebrantara la Ley y se creara un conflicto de intereses al permitirle reinstalarse en la magistratura, lo que ese día se preguntaron los magistrados de manera burlona fue: ¿Qué es el SEA? ¿Por qué el SEA pretende entrometerse en los temas del Poder Judicial? El Sistema Estatal Anticorrupción quedó relegado a nada en el Tribunal Superior de Justicia, donde lo que imperó el día que reinstalaron a Perla Ibarra, fue la irregularidad. A ver quién va y les da unas clasecitas sobre lo que significa anticorrupción a los magistrados. Es evidente que les hacen falta.
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