Cuando hace unos días dos ciudadanos de Israel fueron asesinados en un restaurante en la Ciudad de México, el tema prendió primero en redes sociales. Los residentes del centro del país se alarmaron de la escalada de la violencia y obligaron al gobierno, encabezado por la de Morena, Claudia Sheinbaum, a enfrentar el hecho.
El mismo día, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, entró al tema, aun de manera errada al expresar que había sido un crimen pasional; el resto del gabinete de seguridad fueron revelando la investigación de la cual se hizo cargo la procuradora de Justicia, Ernestina Godoy. Al final, la hipótesis que prevalece es que se trató de un crimen del narcotráfico, incluso medios de Israel habían referido que se trataba de dos “infames criminales”.
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Pero tanto secretario de Seguridad Pública como procuradora, proveyeron información a petición de la jefa de Gobierno Sheinbaum.
Hace dos días en Zapopan, Jalisco, ocurrió otro acto de violencia. Asesinos entraron a un restaurante de comida rápida y pretendían abrir fuego contra una persona. Pero en el lugar se encontraba la esposa del gobernador de Nayarit con sus hijos. Sus escoltas repelieron la agresión -que no iba dirigida a ellos-, actuando con rapidez para frustrar el atentado y someter a dos pistoleros.
No habían pasado ni seis horas de la balacera cuando de la Fiscalía General de Jalisco que encabeza Gerardo Solís Gómez, informaron sobre la identificación de uno de los dos sicarios abatidos por los escoltas de la esposa del gobernador de Nayarit. Se trataba, dijeron, de Martín Arzola Ortega “El 53”, perteneciente a “Los Deltas” y que había estado en prisión.
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Entre la balacera de CDMX y la de Zapopan, en Tijuana, Baja California, sicarios seguramente ligados al narcotráfico a partir del narcomenudeo, interrumpieron a balazos una reunión familiar en el patio de una casa de la colonia Libertad, una de las más viejas de la ciudad. En la escena del crimen dejaron cinco personas asesinadas, tres mujeres y dos hombres. Otra mujer fallecería más tarde por los disparos recibidos.
La escena que reportaron los primeros respondientes en el lugar era por demás terrible. Todos con tiros en cabeza y tórax. Ni tiempo les dieron de reaccionar y resguardar su humanidad, ponerse a salvo de los disparos. La que se ve como una pareja, aun con los brazos entrecruzados, sus cuerpos desvanecidos en las sillas donde en el patio conversaban con otros, que aparecían derrumbados en el piso.
La diferencia entre las tres balaceras son las autoridades. A diferencia de la Ciudad de México o Zapopan, en Tijuana no salió el procurador Cristian Colosio Lule a enfrentar la ola de violencia que va escalando al grado de acabar con familiares y amigos reunidos en el patio de una vivienda. Sucedido el hecho sangriento el viernes 26 de julio, tampoco dio la cara para informar algo el secretario de Seguridad Pública del Estado, José Fernando Sánchez.
Ni uno ni otro fueron instruidos, como sí sucedió en Jalisco con Enrique Alfaro o en la Capital con Claudia Sheinbaum, por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, para investigar, esclarecer los hechos y brindar información a la ciudadanía para dar certeza del combate a la criminalidad y de procuración de justicia en una ciudad que está en los primeros sitios y a veces lidera la lista de las más violentas de México.
En Baja California, ni el gobernador ni los mandos del gabinete de seguridad se dieron por enterados o aludidos. Normalizan la violencia justificando de manera extraoficial -tampoco en eso dan la cara- que se trata de sucesos relacionados con el narcomenudeo. No es una novedad, en CDMX explicaron que los asesinados eran criminales, que se dedicaban al narcomenudeo, pero eso no impidió que se iniciara una investigación y se intente dar con los asesinos. Lo mismo en Jalisco, los dos muertos iban a atentar contra una persona y se ha explicado que forman parte de la criminalidad, pero el caso se investiga.
En Baja California no. Ni se sorprendieron las autoridades, ni dieron conferencia de prensa, ni se mostraron preocupados por la inseguridad, ni informaron sobre el móvil del terrible crimen. Por investigaciones con agentes relacionados a la investigación que no dicen su nombre, se sabe que efectivamente estuvo relacionado con el narcomenudeo, pero ni así le dieron importancia al hecho que seis personas fueron muertas a balazos mientras estaban en la comodidad de su hogar, independientemente de cuál hubiese sido la actividad criminal de uno de ellos. Cinco personas fueron víctimas colaterales y es algo que ni así captó la atención del Gobierno del Estado para brindar seguridad a los gobernados.
Francisco Vega de Lamadrid no le entró de frente al tema de la inseguridad. Lo que se había avanzado en el sexenio anterior se perdió en este. Baja California y Tijuana en lo particular retomaron los sitios primeros entre las entidades y ciudades con más asesinatos violentos. Durante seis años mantuvo a una procuradora que no dio resultados, y al momento de nombrarle un sucesor, se fue por la recomendación de esta y no por quien ha demostrado trabajo.
Lo mismo ocurrió en la Secretaría de Seguridad Pública. A la salida de Daniel de la Rosa Anaya, la corporación se fue a menos de la mano de Gerardo Sosa Olachea, quien la dejó en no muy decorosas circunstancias y condiciones, solo para ser sucedido por el único ex subsecretario que estaba habilitado para hacerlo y cuyos resultados tampoco han sido óptimos.
El gobernador Vega no acude a las reuniones de seguridad a las que todos los días sí va el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez. A Vega el tema dela seguridad simplemente no le interesa y nunca le interesó. Sea porque sus intereses eran otros, por su incapacidad, por temor o por omisión, pero con él, la seguridad escaló a niveles no vistos en diez años en Baja California.
Francisco Vega de Lamadrid heredará un Estado en bancarrota, endeudado, con crisis financiera, hartas sospechas de corrupción y más violento de cómo lo recibió. El caso de la colonia Libertad sirve para medir los liderazgos en el gobierno. Se ejerce en Jalisco, en Ciudad de México, mientras en Baja California, ni por enterados se dan.
Terrible.
