Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, confirmó este martes 27 de agosto el auto a vinculación para Juan Ramón Collado Mocelo, quien ante ello deberá continuar en prisión preventiva oficiosa, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Ello con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, luego de que el abogado presentara un recurso de apelación ante Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte, contra la privación de su libertad.
Según el magistrado, las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de control sugieren, hasta este momento procesal, la participación de Collado Mocelo en una organización que, a través de una simulación de actos jurídicos, logró la venta ilícita de un inmueble para después dispersar los recursos entre diversas empresas y el imputado, vía transacciones electrónicas SPEI.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó a través de un comunicado, que con base en las reglas del Sistema Penal Acusatorio, la vinculación a proceso del abogado no prejuzga sobre su culpabilidad, ya que en el desarrollo de la investigación complementaria se ofrecerán, en su caso, medios de prueba para esclarecer los hechos, por lo que se respeta en todo momento la presunción de inocencia de Collado Mocelo.
Según lo informó el diario Milenio, en el recurso de apelación, el abogado señaló que el delito de delincuencia organizada que se le imputa no existe y mucho menos se configura un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por una simple recepción de dinero a través de SPEI. Asimismo, que mucho menos se cumple el contenido de los artículos 2 de la Ley de Delincuencia Organizada y 400 del Código Penal Federal.
La defensa de Collado Mocelo alegó, también, que tampoco existe prueba de que el litigante haya sido miembro del consejo de administración de la empresa Libertad Sociedad Financiera, cuando se dice que recibió un pago de 24 millones de pesos, por la venta que supuestamente realizó Operadora Inmuebles del Centro, de un terreno en Querétaro.
En la apelación, también se detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre los conceptos, así como sobre las consecuencias de la prueba ilícita y la imperfecta. “Sus diferencias son nítidas. La prueba ilícita no es susceptible de convalidarse o sanearse”, indicó la defensa, que citó el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, mismo que no permite ni autoriza la recalificación de los hechos.
Asimismo, los defensores de Collado Mocelo indicaron que durante el debate en la audiencia inicial y de vinculación, la Representación Social de la Federación no se hizo cargo de múltiples argumentos expuestos por los abogados del litigante, y que el juez de control soslayó “justipreciar” la totalidad de los argumentos, “e ignoró el dato de prueba” presentado.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Collado Mocelo ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 7 de junio, por supuestamente haber recibido en el año 2015, 24 mdp, de un total de 156 millones de pesos, producto de la venta de un terreno de su propiedad, ubicado en Querétaro.
Bustamente Figueroa acusó que la Caja Libertad –de la que Collado Mocelo es socio– es “una Institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero”, a través de empresas fantasma, y que los “verdaderos propietarios” son los políticos Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri González.
Collado Mocelo fue detenido el martes 9 de julio, por agentes de la FGR, al interior de un restaurante ubicado en Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales (PFM)”, indicó la FGR en un comunicado, a través del cual señaló que el abogado sería puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.
Entre los clientes del litigante Collado Mocelo se encuentran el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien divorció de Angélica Rivera Hurtado; además del ex senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, con quien, según testigos, el abogado comía esta tarde.
Otros de sus clientes son ex el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; además de Raúl Salinas de Gortari, cuando el hermano del ex presidente de la República fue acusado de asesinar a su cuñado Francisco Ruiz Massieu, y del delito de lavado de dinero.
Además, ha defendido a Edgardo Codesal Méndez, ex dirigente de los árbitros mexicanos, implicado en grabaciones telefónicas ilegales del también silbante Felipe Ramos Rizzo; así como al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz; y al ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos; entre otros.
Semanas antes, figuras relevantes de la política nacional, entre los que destacaron el ex presidente Peña Nieto, legisladores, funcionarios, y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunieron en la boda de la hija del abogado, egresado de la Universidad Panamericana y actual esposo de la actriz Yadhira Carrillo Villalobos.
Los tres ministros de la SCJN que acudieron al enlace matrimonial de la hija de Collado Mocelo fueron: Luis María Aguilar Morales, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz; además del ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.
El litigante, quien también fue abogado de Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza-, dirige la firma de abogados: Collado & Asociados, y ha estado casado en otras dos ocasiones, entre ellas con la actriz Leticia Calderón León, con quien procreó dos hijos.
