En el equipo del gobernador electo de Baja California se están preparando para un gobierno de cinco años. A pesar que en la elección del 2 de junio de 2019 se votó para un periodo de dos años, y que ninguna autoridad puede estar por encima del mandato popular, una irregular reforma constitucional realizada el 8 de julio de 2019 en el Congreso del Estado amplió el mandato a cinco años.
Con el apoyo del PAN a través del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien durante tres años controló la cámara local con trece legisladores albiazules, nueve de los cuales votaron a favor de la ampliación de mandato, el electo Jaime Bonilla vio realizado su capricho del quinquenio gubernamental que en tres ocasiones le negó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A finales de julio los mismos diputados declararon -en una sesión convocada de manera irregular y a bote pronto- la validez de la reforma después que fue aprobada en tres de cinco ayuntamientos también en un pase rápido. En esa fase del proceso para consolidar el acto antidemocrático, los de Morena contaron con el apoyo del PRI. Dos de los tres ayuntamientos que apuradamente votaron a favor son de extracción priista. El otro es panista.
Baja California cuenta con una nueva legislatura donde Morena y aliados tienen mayoría absoluta con 17 diputaciones de 25. La reforma que determina la ampliación de mandato no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado al no haber sido enviada al gobernador para esos efectos. Esta acción mantiene detenidos los recursos que partidos, empresarios y ciudadanos presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las figuras de controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad y juicios de amparos para la protección de los derechos políticos electorales, para revertir la ampliación.
Se espera que en el corto plazo los diputados envíen la reforma para su publicación, en días recientes el gobernador electo dio su beneplácito para ello.
A esta alineación de voluntades políticas en torno a Jaime Bonilla para concretar la antidemocrática ampliación de mandato, pretenden sumar otro cuerpo colegiado. Es público entre quienes integrarán el próximo gabinete estatal, que cunde la tranquilidad en el equipo jurídico. Gozan de la seguridad -así lo presumen- que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganarán.
Tanto para la acción de inconstitucionalidad como para la controversia constitucional, son necesarios ocho votos para aprobarlas, de lo contrario los recursos se desestiman. El plan de Morena es que cuando el caso de Baja California llegue a la Corte, un ministro se ausentará, tres votarán contra los proyectos que buscan el respeto al mandato popular, y siete votarán a favor, al no sumar los ocho votos los recursos serán desestimados.
En un dejo de soberbia política en el equipo de Jaime Bonilla, refieren a los tres Ministros que votarán por preservar la antidemocrática ampliación de mandato: el Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, a quienes identifican como afines al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido destaca el hecho que el presidente López Obrador no se ha posicionado al respecto. Cuando le han preguntado durante su conferencia mañanera, ha respondido que el tema se lo dejará a la Corte y se respetará la resolución judicial. En contraparte, las voces que desde la izquierda mexicana han referido la antidemocracia de la ampliación de mandato en Baja California no son pocas. Abiertamente lo han hecho Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Monreal, Mario Delgado, Martí Batres, Miguel Barbosa y Tatiana Clouthier, por mencionar algunos que coinciden con intelectuales como José Woldenberg, Lorenzo Meyer, o el ex Ministro José Ramón Cossío.
Pero con la venia de la dirigente nacional de su partido, y la ambigüedad del presidente de la República, en Morena están dispuestos a absorber el costo político de la ampliación de mandato al considerar que las críticas más duras ya pasaron, y que el tema ha ido decayendo en la opinión pública.
La que viene será una prueba para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o resuelve conforme a la Constitución y respeta la elección de Baja California para un gobernador de dos años, o demuestra que está supeditada al partido en el poder.
