En otra inesperada declaración, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Catalino Zavala Márquez, adoptó el costo político y propone someter a consulta popular el periodo de la próxima gubernatura de Baja California. PAN, PRI y MC se declaran en contra de cualquier acción de este tipo. El abogado Obed Silva considera que no tendría sustento legal ni sería vinculatoria, mientras que la Coparmex aseguró que es un distractor para dilatar la publicación de la reforma
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La XXIII Legislatura sintió el golpe mediático y político de la reforma al Octavo
Transitorio Constitucional -que proviene principalmente de opositores morenistas en las dos cámaras nacionales- y en una declaración inesperada, Catalino Zavala Márquez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, “rompió” la tendencia informativa, al anunciar que presentaría una propuesta en el seno de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO) para someter a consulta popular la ampliación de la próxima gubernatura del
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Estado, que en estos momentos continúa de dos años, pues no se ha publicado la reforma del pasado 08 de julio.
Replicando la simulada herramienta que utilizó el presidente Andrés Manuel López
Obrador para definir temas controversiales, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y la construcción del Tren Maya, el morenismo de Baja California pretende legitimar una polémica decisión que causó el repudio -incluso- de los sectores más allegados al mandatario federal y de la misma izquierda mexicana (no se diga del empresariado y de prestigiosos juristas e intelectuales), para incrementar a cinco años el periodo del próximo gobierno del Estado, que fue votado para dos en la elección del 02 de junio.
Con dispensa de trámite y sin análisis previo, el miércoles 21 de agosto la bancada de
Morena puso sobre la mesa la creación de una Comisión Especial transitoria, cuyo objetivo sería emprender una consulta popular para determinar el sentir de la ciudadanía en torno a la duración de la próxima gubernatura.
Ayer jueves fue votada y aprobada por los diputados Catalino Zavala Márquez, Monserrat Caballero, Juan Manuel Molina, María Luisa Villalobos, Víctor Morán Hernández, Juan Meléndrez Mendoza, Rosina del Villar Casas, Miriam Cano, Víctor Hugo Navarro, Araceli Geraldo Núñez, Eva Gricelda Rodríguez y Carmen Hernández Carmona, de Morena; Fausto Gallardo del PVEM; Julio César Vázquez Castillo y Claudia Agatón, del PT; y la diputada sin partido Trinidad Vaca Chacón, quien votó la ampliación de la gubernatura aquel 08 de julio, y que hoy decide sea “una decisión ciudadana” (su voto habría dado marcha atrás a la iniciativa).
En contra sufragaron Eva María Vázquez, Miguel Ángel Bujanda y Loreto Quintero, del PAN; David Ruvalcaba, del PRI; Gerardo López, del PRD, Elí Topete Robles, del Movimiento Ciudadano; y Aníbal Otáñez, del PBC.
En la sesión -que comenzara casi dos horas después porque no cumplían con los votos-, el morenismo “abarrotó” el inmueble de paleros y los movilizó para que aplaudieran cualquier declaración de sus legisladores; un acto similar a lo que tanto criticaron del panismo.
Violando la Ley de Participación Ciudadana, que establece que las consultas populares no pueden utilizarse para reformas en materia electoral, además de pasar por alto la decisión que tomó el electorado el 02 de junio, pretenden utilizar una herramienta legitimadora que sería pagada -según establece el acuerdo- con dinero de representantes populares y no a través de una ampliación presupuestal.
El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ernesto Elorduy Blackaller, aseveró que es una tremenda falta de seriedad del Congreso, cuyo objetivo es desviar la atención de las tácticas dilatorias intencionales para no promulgar la reforma constitucional del 08 de julio.
Los abogados Daniel Solorio y Obed Silva dividieron opiniones, pues el primero consideró que se trata de una reforma constitucional -y no electoral-, por lo que podría proceder; mientras que Silva consideró lo contrario, y agregó que la clave recaerá en la pregunta que formulen.
Sin embargo, consideró que el Poder Legislativo puede llevar a cabo cualquier consulta, pero esto no quiere decir que sea vinculatoria; y por ende, al no someterse a la Ley de
Participación Ciudadana de Baja California, no tendría sustento ni validez legal.
CONSULTA SERÁ PAGADA POR DONACIONES
El 21 de agosto, el diputado Catalino Zavala, uno de los que votó la controvertida “Ley
Bonilla” -junto con otros 20 diputados-, comentó que respetará las decisiones de sus pasados compañeros; pero, por la polémica generada a nivel nacional, lo más saludable sería someter esta decisión soberana a una consulta popular.
Sin un estudio previo de costos, de tiempos ni de procedencia, Zavala Márquez presentó la iniciativa ante la JUCOPO, la cual mostró negativa de algunos legisladores, pero que el peso de Morena y sus partidos aliados -PT y PVEM- terminó por pasar abrumadoramente.
El proyecto de Zavala Márquez fue hecho de conocimiento a los medios de comunicación antes de incluso presentarlo a su bancada y al resto de los diputados de oposición.
El documento en poder de ZETA establece que se tomó una decisión soberana, pero que, por la inconformidad que generó en diversos sectores sociales, políticos y empresariales a nivel nacional, pretendían someter a consulta una decisión (ya de por sí) plagada de ilegalidades.
La misma JUCOPO definió la conformación de la Comisión Especial, la cual cuenta con siete legisladores, en su mayoría allegados a la 4T:
Presidenta: María Luisa Villalobos (Morena).
Secretario: Juan Manuel Molina (Morena).
El resto de los integrantes son: Mirian Elizabeth Cano Núñez (Morena), Rosina del Villar
Casas (Morena), Julio César Vázquez Castillo (PT), Fausto Gallardo García (PVEM) y
Rodolfo Aníbal Otáñez Licona (PBC). Gallardo, Molina y Vázquez fueron parte de la XXI
Legislatura que votó en 2014 por que el gobierno fuera de dos años.
El documento establece, además, que el recurso que se utilizará para emprender la consulta popular sería el que donaran representantes populares, militantes de diversos partidos políticos, de la sociedad civil y de cualquier otro interesado, lo cual deja abierta la posibilidad a recibir recursos lícitos o ilícitos de cualquier índole.
Asimismo se invitó a la diputada federal de Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero, para que -junto con otros legisladores- participen como observadores de la consulta.
Durante la sesión, el único diputado de Morena que defendió la iniciativa fue Juan Manuel Molina, quien -pese a que votó por la gubernatura de dos años- “cambió de opinión” y aseguró que lo más importante es que la ciudadanía decida por su futuro; aprovechó para señalar que no se debe tener miedo a la voluntad popular.
El diputado David Ruvalcaba -quien también votó la reforma del 2014- señaló que no existe sustento legal para llevar a cabo una consulta y reclamó que debería ser la misma comisión -que él preside- quien tendría que organizarlo. Agregó que la pasada legislatura fue conocida como la “del pago por evento”, por lo que debían ser cuidados para no ser recordados como la “Legislatura de la ilegalidad”.
Elí Topete y Eva María Vázquez se unieron al reclamo y aseguraron que lo verdaderamente urgente no es una comisión, sino turnar la reforma al Poder Ejecutivo para su publicación; así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determina su legalidad. Cada respuesta del morenismo era aplaudida por “paleros”, incentivados por los mismos trabajadores de Morena.
Al final, Zavala Márquez terminó con el periodo de debate, pese a los reclamos de la oposición, provocando una discusión entre integrantes de la mesa directiva y los diputados del PAN y el PRI.
Como ha sido su costumbre, la diputada Trinidad Vaca Chacón terminó votando con la mayoría, dándole así la gobernabilidad que necesitaba Morena en ese momento.
Invalidan actas de Cabildo donde se aprobó “Ley Bonilla”; Ley sigue vigente
Durante la tarde del jueves 22 de agosto, en el quinto ayuntamiento de Baja California, invalidaron las actas de aprobación de la sesión de Cabildo del 9 de julio, en Playas de Rosarito, en la cual se aprobó la llamada “Ley Bonilla” para ampliar el periodo del próximo gobierno estatal de dos a cinco años, sin embargo, ésta sigue vigente.
Antes de desahogar los puntos de acuerdo, planteados en la sesión de Cabildo del jueves, el secretario General de Gobierno de Playas de Rosarito, Diego Ramírez, dijo a los 11 ediles presentes que “se somete a votación, el acta correspondiente a la sesión de Cabildo celebrada el día 9 de julio, a favor o en contra”, en donde la mayoría votó en oposición. Los cuatro regidores del PAN, Ricardo Cabrales, Ana luisa Esquivel, Nancy Ramírez y Belén Abarca, así como Mario Hernández de Movimiento Ciudadano,
y el independiente Manuel Salazar, invalidaron el acta porque consideraron que la sesión del 9 de julio fue arbitraria, y no se les avisó de manera correspondiente. Ramírez también comentó a ZETA que esto no significa que se hayan invalidado los puntos de acuerdo de esa sesión, ya que sí hubo quórum al presentarse la mitad, más uno, de los ediles.
“Los puntos de acuerdo tienen validez oficial y están dentro del marco jurídico porque sesionó la mitad, más uno, del Cabildo, o sea, había quórum legal, lo único que fue rechazado por mayoría fue que las actas no fueron aprobadas”, dijo a este Semanario.
Agregó que las actas solo son para archivo, para documentar testimonio de que los ediles no estuvieron de acuerdo con la sesión de ese día, pero sí hay validez de los puntos de acuerdo, por lo que no sería necesario realizar alguna otra sesión extraordinaria para el mismo tema. En la mañana del 10 de julio, varios regidores de Playas de Rosarito mostraron su rechazo a la aprobación de la “Ley Bonilla”, realizada la noche anterior de manera extraordinaria y sin un aviso formal.
Los ediles Luis Ricardo Martínez Cabrales, Ana Luisa Esquivel Fierro, Mario Enrique Hernández Martínez, Manuel Salazar Martínez y Nancy Verónica Ramírez Ramírez, no se habían presentado a la sesión nocturna. En su momento, Gabriel Hernández, coordinador de Movimiento Ciudadano en Playas de Rosarito, comentó que se necesitaba la aprobación de la ley, por al menos siete regidores, de los cuales sólo seis estuvieron a favor y uno en contra, lo que consideró inconstitucional. Ángela Torres Lozano
ABOGADOS DIVIDEN OPINIONES
El abogado Obed Silva argumenta que la consulta popular no puede utilizarse para debatir un tema de carácter electoral, según establece el artículo 73 de la Ley de Participación
Ciudadana de Baja California, por lo que automáticamente estaría imposibilitada.
Si bien la reforma que se contempla no es a la Ley Electoral, sino a la Constitución local, sus alcances son meramente electorales.
Agregó que aunque se estableciera como una reforma electoral, consideró que las decisiones administrativas de un poder tampoco pueden ser sometidas a consulta, por lo que
-sea cual sea el caso- la modificación al Octavo Transitorio estaría fuera de los alcances de la consulta popular.
Por otro lado, Silva señaló que los tiempos difícilmente podrían encuadrarse en la reforma, pues aún debe llevarse a cabo la votación de la Comisión Especial, emitirse la convocatoria, preparar los comicios con una máxima publicidad y alcanzar una votación del 20 por ciento para tener una validez, lo que -a su juicio- resulta muy complicado.
Ante esa eventualidad, el exrepresentante electoral del PRI consideró que todo se definirá en la pregunta que se realice, pues en ese momento el Instituto Estatal Electoral (IEE) podría determinar si se trata de un tema electoral, constitucional, administrativo, etc, y en función de ello definir qué acciones tomar.
Aprovechó para responsabilizar al Tribunal Federal Electoral por no atender el tema de fondo en las tres oportunidades que tuvo, pues, de haberlo hecho, se habría definido a qué materia le correspondería este tema (si electoral o constitucional).
Sin embargo, existen algunos precedentes que hacen comprender un poco el tema, como la sentencia 13/2015 de la SCJN en el caso de Veracruz, donde el partido Movimiento
Ciudadano impugnó la gubernatura de dos años antes del inicio del proceso electoral. En ese momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue requerido por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para un análisis técnico, a lo que se le respondió que no entraría en materia del derecho electoral exclusivamente, sino de la ciencia del derecho en general.
Daniel Solorio consideró que esto va más allá de lo jurídico, pues la intención es utilizar una de las herramientas más democratizadoras que existe para legitimar un acto ilegal que aún no se consuma.
El abogado constitucionalista aseveró que no se puede someter a consulta popular una reforma que no se ha publicado, por lo que nos encontramos en un limbo jurídico en el que existe gran incertidumbre sobre el tema.
En entrevista, el consejero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del
Instituto Estatal Electoral, Abel Muñoz Pedraza, mencionó que -como representante del organismo ciudadano- no podía emitir una respuesta sobre la viabilidad del mismo, sobre todo porque el Congreso está facultado para peticionar una consulta popular si alcanza la mayoría calificada (17 votos); el IEE sólo se encargaría de administrar, vigilar y definir un ganador, basándose en los parámetros establecidos en la propia Ley.
OTROS PARTIDOS Y EMPRESARIOS, EN CONTRA
El diputado priísta David Ruvalcaba fue claro al asegurar que no se trata de estar en contra o a favor, sino que no hay forma de encuadrar un tema de esta naturaleza con la Ley de
Participación Ciudadana toda vez que los tiempos ya expiraron, además que existen otras prioridades financieras que no se han resuelto.
En entrevista para ZETA, Ruvalcaba aseguró que no hay forma de ayudarlos -máxime cuando la elección no ha causado estrago- pues aún faltan algunas impugnaciones y entregas de constancias pendientes, por lo que una consulta respaldada por la Ley de
Participación Ciudadana estaría fuera tiempos y, por ende, no tendría validez.
Ruvalcaba afirmó que tampoco podría emprenderse una iniciativa de esta naturaleza porque nos encontramos en un “año electoral”. Sin embargo, el consejero Muñoz Pedraza refirió que este concepto termina justo después de la conclusión del proceso.
Los diputados Eva María Vázquez y Elí Topete Robles, del PAN y MC respectivamente, dijeron desconocer detalles sobre la iniciativa, pero adelantaron que su voto sería en contra de cualquier intención de ampliar el periodo de la gubernatura, pues consideran que el
Estado de Derecho está por encima de cualquier otro tema.
Al respecto, la coordinadora de la bancada, Monserrat Caballero, indicó que la intención es encontrar la respuesta de la ciudadanía ante un tema trascendente, a la que no se le consultó.
Los primeros tres partidos mencionaron no ver con buenos ojos la medida que finalmente fue aprobada en la JUCOPO (y que se votó el mismo jueves).
El empresario Ernesto Elorduy Blackaller reiteró que la intención de los diputados es distraernos con este tema, pues lo verdaderamente importante es que se publique la reforma en el Diario Oficial del Estado para así poder impugnarla ante la Suprema Corte.
“Le pedimos (a los diputados) que sean serios, que respeten la inteligencia de los bajacalifornianos; no queremos más que un pleno Estado de Derecho donde no haya espacio ni cabida para estas vacilaciones que no respetan el orden jurídico de México”, refirió molesto el presidente local de Coparmex, organismo empresarial que ha declarado abiertamente su inconformidad hacia esta reforma.
Agregó que el resultado sería el mismo, pues de someterse a una consulta popular se trataría de un acto ilegal, por lo que se presentarían recursos legales en su contra.
La conclusión de los entrevistados es que no existe ningún sustento de dicha consulta popular para un acto de esta naturaleza, por lo que si se emprende no sería vinculatoria y no podría recurrirse, simplemente porque no existe argumento legal que contravenir.
“Probablemente, que el Congreso lleve a cabo un ejercicio de manera particular -y que el
Congreso como órgano legislativo pregunte determinada circunstancia- no sé en qué términos sería, y obviamente esa consulta la pueden llevar a cabo de manera, como una iniciativa del Poder Legislativo; no tiene estrictamente una circunstancia de obligatoriedad, no es vinculatoria, y sería más en un contexto”, sentenció el abogado Silva, experto en materia electoral.
