Sin seguimiento puntual ni recursos suficientes para consolidarlo, el programa de rescate de personas en situación de calle, ejecutado desde hace un año por el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, no registra un resultado tangible. Peor aún, ante la falta de apoyos, en algunos centros de rehabilitación han tomado la decisión de ya no recibir a los “rescatados”, quienes en su mayoría retornan a “El Bordo”. El abandono en que se encuentran los centros comunitarios, son otro ejemplo de la indiferencia de municipal hacia los programas de integración social
Los asean, realizan una revisión médica y les facilitan comunicarse con sus familias para finalmente, trasladarlos a alguno de los 22 centros de rehabilitación integrados en su padrón oficial. Así se resume el Programa de Inclusión para Personas en Situación de Calle que el XXII Ayuntamiento de Tijuana emprende desde hace un año.
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“Pero no le da seguimiento”, señaló a ZETA René Marroquín, director general de El Descanso, uno de los 22 centros de rehabilitación que integran en el listado municipal, quien ha tomado la decisión de ya no recibir ni uno más de los “rescatados”, cuyo principal problema es la adicción.
El tratamiento para una persona con problemas de adicción tiene un costo mínimo de 8 mil pesos que el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro no cubre ni tiene presupuestado, por lo que su labor de “rescate” la deja en manos de los centros de rehabilitación que, ante la falta de recursos, han dejado de recibir a personas canalizadas a través de las jornadas efectuadas por el gobierno del alcalde conocido como “El Patas”.
Algo similar enfrentan los centros comunitarios que “construyen, los entregan y ya”, señaló la señora Candelaria Sánchez, quien desde febrero de 2019 se encarga de atender el Centro Comunitario Municipal ubicado en la colonia Terrazas del Valle.
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Para mantenerlos en operación, los espacios se rentan para fiestas.
Con solo el pago de los servicios públicos por parte del Municipio, el gasto de operación y mantenimiento corre a cargo de los vecinos, por lo que una decena de centros comunitarios han dejado de operar, convirtiéndose algunos de estos en base de los militares que integran la Guardia Nacional que arribó a Tijuana en febrero del año en curso.
Sin supervisión, algunos centros comunitarios son utilizados para mero proselitismo electoral, acaparados por activistas del partido en el poder e incluso empleados del actual gobierno, como el que se ubica en Tijuana Progreso, en poder de Martha de La Rosa Hernández.
RESCATE SIN SEGUIMIENTO
De agosto de 2017 a la fecha, el XXII Ayuntamiento de Tijuana lleva a cabo el Programa de Inclusión para Personas en Situación de Calle a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Han realizado 22 jornadas de rescate en las que indican haber sacado de las calles a mil 200 personas en cuyo tratamiento participan 22 centros de rehabilitación y albergues.
En ese padrón se ubica El Descanso, organismo dedicado a la rehabilitación de adicciones desde hace 14 años y cuyos directivos tomaron la decisión de ya no participar en el programa de “rescate”. La razón: “Porque por parte de las autoridades municipales no hay un seguimiento en la rehabilitación de las personas que son llevadas a los centros donde solo las dejan”, señaló René Marroquín, director general.
Indicó que a principios de 2019, el centro que representa recibió a las últimas veinte personas llevadas por las autoridades municipales para su recuperación.
El abandono del gobierno del “Patas” sobre quienes son atendidos en las jornadas de rescate no solo es en el seguimiento de su rehabilitación, también en el pago de su tratamiento, del cual apenas logra solventar el gasto de un mes y medio de estancia para su recuperación, cuando los tratamientos tienen una duración mínima de tres meses, lo que provoca que los pacientes retornen a las calles sin ser rehabilitados.
Foto: Tomada de Internet
De las veinte personas canalizada en 2019 a El Descanso, el centro recibió del gobierno municipal 80 mil pesos, recurso que además de insuficiente, “lo recibimos a cuentagotas”. Con un presupuesto promedio de 4 mil pesos por persona, “nos vemos obligados a hospedarlos, alimentarlos, vestirlos y darles el tratamiento integral de rehabilitación, el cual incluye atención sicológica y médica”, anotó el responsable del centro.
En cuanto a apoyo oficial para sostenimiento, cada año “tenemos que entrar a un tómbola y concursar para poder recibir apoyo como organización civil”, como en 2019, que lograron enlistar un proyecto para equipar la cocina de El Descanso, por lo que recibirán del Municipio 75 mil pesos, “pero no siempre salimos sorteados”, aclaró Marroquín.
EN 72 HORAS VUELVEN A SU CASA: SEDESOM
“Recordemos que es un programa voluntario, ellos solo aceptan ir a los centros 36, 72 horas y regresan a su casa, que es `El Bordo’”, indicó Manuel Figueroa Sandoval, actual secretario de Desarrollo Social Municipal.
Sin precisar una estadística detallada, el funcionario estimó que “menos de 500 personas permanecen en los centros de rehabilitación”, cantidad a la que se suman los que han regresado a sus lugares de origen, cuya cantidad tampoco supo precisar, aun cuando aseguró que la dependencia a su cargo cuenta con un departamento de vinculación con organismos de la sociedad civil, área que se encarga de “dar seguimiento a los jóvenes que fueron trasladados”.
De acuerdo al Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Desarrollo Social Municipal ejerce un presupuesto anual de 129 millones de pesos, monto que se modifica cada año de acuerdo al recurso que canaliza el Gobierno Federal para las obras del Ramo 33; no obstante, el recurso de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, encargada de los programas de asistencia, no varía, manteniéndose durante el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro en un promedio de 23 millones de pesos.
De este último monto, solo se destinan 3.5 millones anuales en apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, el resto se ejerce en gasto corriente para sostener a la dependencia encargada de administrar y ejecutar estos programas.
A la cantidad que el gobierno municipal canaliza a organismos civiles a través de Desarrollo Social, se suman 4.5 millones de pesos aportados por Gobierno del Estado, para un total de 8 millones de pesos que se reparten en un centenar de asociaciones de 533 que integran el padrón, entre estas los 22 centros de rehabilitación que participan en el programa de “rescate”.
El apoyo que recibe cada organismo no supera los 80 mil pesos, aunque “también reciben apoyo en especie o se les apoya con el pago de un servicio público”, subrayó Manuel Figueroa, quien admite que esta ayuda no obliga a las asociaciones a recibir a personas en situación de calle.
— ¿En algún momento pueden negarse a recibirlos?, cuestionó ZETA.
“Pueden, pero no ha pasado. Ninguno de ellos me ha dicho que no recibe, porque aparte ellos participan en algunos programas de esta secretaría; al contrario, muchos nos levantan la mano queriéndonos recibir personas en situación de calle, pero aquí tenemos que poner las reglas del juego. Si yo te doy un enfermo, yo necesito que lleve el proceso de rehabilitación”.
— ¿Existe un presupuesto establecido para ello?
“No”, respondió Figueroa Sandoval.
CONVIERTEN CENTRO COMUNITARIO EN SALÓN DE FIESTAS
Para mantener en operación el centro comunitario de la colonia Terrazas del Valle, Candelaria Sánchez ha tenido que rentarlo para la celebración de fiestas.
A cargo del Centro Comunitario Estatal desde hace varios años, a partir de febrero de 2019 también ha rescatado las actividades del recinto, cuyas instalaciones eran utilizadas como vivienda por Ramona Hernández, la persona que lo tenía a cargo, y que fueron cedidas a la Guardia Nacional.
Sánchez asegura que sostener un centro comunitario requiere de un gran esfuerzo de los ciudadanos, pues el gobierno no asigna apoyos para el desarrollo de ninguna actividad, situación que confirmaron otros operarios de centros en Tijuana.
Para administrar y operar los centros comunitarios, el gobierno municipal tiene un presupuesto anual de un millón 420 mil 958 pesos, que aplica solo en el pago del servicio de energía eléctrica y agua potable.
“Recordemos que los centros comunitarios son espacios que deben ser autofinanciables, con base a sus actividades propias”, anotó Manuel Figueroa Sandoval desde la Secretaría de Desarrollo Social Municipal.
En el caso de los diez centros comunitarios del Sistema DIF Municipal, estos sí cuentan con personal de la paramunicipal operándolos, a cambio de retener la cuota que pagan los vecinos por participar en los 38 talleres que se imparten en estos, un monto anual de 1.5 millones de pesos.
De esa aportación ciudadana, el 80 por ciento se canaliza al pago de los 80 talleristas, quedándose con el 20% restante para cubrir parte del gasto de operación y mantenimiento de esos espacios. Tal retención fue observada por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, al no haberse acreditado en la partida de ingresos y egresos de la dependencia.
EMPLEADA DE GOBIERNO, A CARGO DE CENTRO COMUNITARIO
Desde 2017, Martha de la Rosa Hernández está a cargo del centro comunitario de la colonia Tijuana Progreso, el cual controla aun cuando desde enero es empleada del gobierno municipal.
Este espacio también fue utilizado como base de la Guardia Nacional que opera en el Este de Tijuana desde febrero, pero a diferencia del Centro de Terrazas del Valle, este continuó su actividad de asistencia social utilizando las redes sociales.
A través de una cuenta de Facebook, hasta mayo de 2019 Martha de la Rosa Hernández convocaba a sus vecinos a recibir apoyos como despensas, vales para gas y apoyos económicos para el pago del recibo de agua hasta por mil pesos.
Inmuebles utilizados para resguardo de la Guardia Nacional.
La también activista del Partido Acción Nacional pedía a cambio copia de la credencial de elector, Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio. Al mismo tiempo se hacía cargo del módulo de Desarrollo Social que “El Patas” colocó afuera de Palacio Municipal, a un lado del instalado por el Gobierno Federal.
ZETA cuestionó al secretario de Desarrollo Social Municipal por qué una empleada del XXII Ayuntamiento está a cargo de ese centro, a lo cual declaró: “No, yo creo que hay una confusión, hay mucha relación de Martha de La Rosa y tenemos… pero no, no, encargados del centro no lo son, posiblemente tengan una actividad en el centro, no te lo podría decir, pero no; conozco muy bien a quienes están a cargo ahí”.
— ¿Quién está a cargo?
“Híjole, este… podríamos hablar mucho de ese centro comunitarios, me tocó estar ahí hasta muy tarde, tratando de tranquilizar el ambiente que se tenía alrededor de ese centro cuando otra persona estaba encargada. Puedo conseguirte perfectamente el nombre de quiénes son los administradores de ese centro comunitario, estoy seguro de que no va a ser ella. Te puedo buscar la información para que veas quiénes son los administradores”, remató Manuel Figueroa Sandoval.
