El plantón que miembros de diferentes grupos de resistencia mantienen frente en las dosentradas del Congreso del estado seguirá hasta que se llegue a un acuerdo con los próximos legisladores, que desde el primer minuto de este jueves 01 de agostotomarán posesión y entraran en funciones como parte de la XXIII Legislatura.
Luego de que las cincodiputadas que formaron la Comisión especial que sostuvo un encuentro este lunes no acudieron a una segunda reunión pactada para este martes a las 07:00 de la tarde, los manifestantes informaron que permanecerán a las afueras del edificio que alberga el Poder Legislativo de Baja California.
En el encuentro programado para este martes los protestantes entregarían a las futuras legisladoras un pliego petitorio con las exigencias que los diferentes grupos de resistencia tienen hacia la futura Legislatura.
Alma Araceli Piña, miembro de Baja California Resiste, y quien participó en la pasada campaña electoral apoyando a Jaime Martínez Veloz, leyó en un posicionamiento público los puntos de este pliego, entre los que se encuentran el echar abajo la llamada “Ley Bonilla”, que le da tres años más al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
Otro punto es cancelar los contratos y convenios firmados para la operación de la planta desaladora en Playas de Rosarito.
En el mismo sentido, se exigió que se detenga la construcción del complejo industrial de la cervecera estadounidense Constellation Brands en el Valle de Mexicali.
En el documento se encuentra también la exigencia de municipalizar la operación y los ingresos que se generan en las Comisiones Estatales de Servicios Públicos a cada uno de los municipios; Abrogar la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el estado de Baja California; auditoría inmediata a las cuentas públicas del actual gobierno que encabeza Francisco Vega de Lamadrid; revocación del cargo del recién nombrado auditor superior del estado, Carlos Montejo Ocegueda; que nunca más los diputados vuelvan a ordenar el cierre de las puertas del Congreso del estado cuando haya sesiones de pleno o de comisiones.
La toma del edificio del Congreso se ha mantenido desde el pasado 15 de julio en protesta a la decisión de la mayoría de la XXII Legislatura de aprobar la ampliación de gobierno de Jaime Bonilla de dos a cinco años.