El sindicato estatal de maestros “Gestor Águilas” busca por la vía legal la suspensión del Decreto 335, que avala la reestructuración de la deuda pública del Estado de Baja California para saldarse en un plazo estimado de 20 años.
El recién creado sindicato anteriormente interpuso un amparo contra el Gobierno del Estado y el ISSSTECALI por no pagar las pensiones de maestros jubilados y el salario de maestros activos a finales del 2018. Ahora el grupo busca proteger los intereses de sus agremiados, mismos que ven en riesgo ante la deuda pública que representa dicho decreto.
El recurso legal que ahora siguen es una queja contra la resolución del Juez Segundo de Distrito del Estado, misma que fue presentada y aceptada en el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el 27 de junio del presente año.
Los maestros consideran que el Decreto 335 compromete y afecta de manera directa las prestaciones y derechos laborales del Magisterio, considerando que el recurso destinado para cubrirlas sea disminuido y redirigido para cubrir la deuda pública.
En la queja contra el Juez, “Gestor Águilas” pide que se haga un estudio integral de la naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega.
De acuerdo a documentos compartidos por Gestor Águilas, se admitió la demanda para recabar mayores elementos, y en caso de que se aprecie al menos una posibilidad de que exista por la parte quejosa un interés jurídico o legítimo, se ordenará la tramitación de un juicio.
Esto después de que se alegara que el grupo no tenía un “interés legítimo”, sino un interés simple por considerar que no había elementos suficientes que probaran que la reestructuración de la deuda pública afectará directamente al gremio.
Contra el mismo decreto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California también mantiene un proceso legal para lograr su suspensión. El CCE ha expuesto que el Decreto 335 “finca obligaciones por más de 70 mil millones de pesos a las arcas del Estado durante 40 años”.
La queja del CCE se encuentra aún en su proceso de resolución, luego de interponerse el pasado mes de mayo en el Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
