El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó ayer la suspensión provisional que permitía a Emilio Ricardo Lozoya Austin, acceder a sus cuentas bancarias, otorgada el 20 de junio por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el amparo 901/2019, promovido el 5 de junio por los abogados del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ello en base al oficio que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda Yy Crédito Público (SHCP) recibió el pasado 30 de abril, de parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), misma que investiga posibles operaciones de lavado de dinero de Lozoya Austin.
“El acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la United States Drug Enforcement Administration (DEA), para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señaló el Tribunal en su resolución.
“Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmado por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero”, agregaron los magistrados.
Ayer, Lozoya Austin solicitó por escrito a Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, autorizar los interrogatorios del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, por la compra que la paraestatal mexicana realizó de la planta Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), en 273 millones de dólares.
Según lo informaron varios diarios nacionales, basados en informes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ex director de Pemex pidió nueve testimonios, incluidos los de Pedro Joaquín Coldwell, ex titular de la Secretaría de Energía (Sener); Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la SHCP, y Enrique Ochoa Reza, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lozoya Austin solicitó, también, los testimonios de de José Manuel Carrera Panizzo, director de P.M.I. Comercio Internacional, subsidiaria de la petrolera mexicana, y de Martha Edith Rodríguez Acosta, apoderada legal de la paraestatal y de Pemex Fertilizantes.
La solicitud para diligenciar dichas pruebas testimoniales fue suscrita por Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya Austin y entregada al Juzgado Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, que preside Luz María Ortega Tlapa.
La juez federal determinará en su momento si autoriza o no el llamado a los ex funcionarios y al ex mandatario nacional. En caso de considerarlo procedente, los testigos deberán acudir a la sede del recinto judicial ubicado en la avenida Insurgentes Sur de la capital de la República, para ser interrogados.
Según los mismos rotativos, el propósito de la defensa del ex director de Pemex es que dichos testimonios sean integrados al juicio de amparo que Lozoya Austin tramitó contra la orden de aprehensión por lavado de dinero, que el pasado 25 de mayo libró el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza.
LOZOYA SOLICITÓ SER TESTIGO PROTEGIDO
Por otra parte, según lo afirmó el diario El Heraldo, Lozoya Austin interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar a la figura de testigo protegido, a fin de que colabore en la investigación por la probable compra irregular de la planta Agronitrogenados.
Siempre según el medio citado, a través de su abogado Coello Trejo, el exfuncionario federal informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que está dispuesto a dar datos sobre la verdad jurídica, así como aclarar la participación de funcionarios “del nivel que sea”.
El rotativo recordó que el Código de Procedimientos Penales, en su artículo 256, señala que los criterios de oportunidad se aplican cuando se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia, mientras que el artículo 257 se establece que se extinguirá la acción penal contra el acusado o imputado que obtenga el beneficio de ley.
Según El Heraldo, la figura jurídica también detalla que se podrá acceder al principio cuando el acusado aporte datos esenciales para la persecución de un delito más grave que el que se le acredita, que la información derive en la detención de un imputado diverso y que se comprometa a comparecer en el proceso penal.
Este criterio de oportunidad se podrá ordenar en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. El medio aseveró que la solicitud de principio de oportunidad fue registrada por los abogados del ex director de Pemex a mediados del mes pasado y el agente del Ministerio Público de la Federación, encargado del caso, se encuentra analizándola.
Lozoya Austin expuso en el documento que se mantiene vigente una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en acciones de lavado de dinero, cuya conducta no amerita prisión preventiva oficiosa; y por ello, en caso de que se le otorguen las garantías, estaría dispuesto a colaborar.
A su vez, la FGR reportó que la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, en la que se revisa la participación de exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex en la presunta compra irregular de Agronitrogenados, en 2014, a un sobreprecio de 475 millones de dólares, sin que probablemente Pemex obtuviera algún beneficio, está en la etapa final de integración.
El expediente contiene los nombres de 15 personas, entre secretarios, subsecretarios y coordinadores de Pemex, los secretarios de Hacienda y Medio Ambiente, quienes debieron conocer, por normativa, la compra que encabezó Lozoya Austin.
El 1 de junio pasado, al menos dos medios dieron a conocer, citando fuentes oficiales, que Lozoya Austin escapó de las autoridades mexicanas, y habría dejado el país rumbo a Alemania desde el pasado 30 de abril, sin embargo, su abogado afirma que el ex funcionario federal está en México.
El 2 de julio se informó que el Gobierno federal investiga a la esposa de Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, y a Tania Beatriz López Abbud, apoderada legal de la empresa Yacani, propiedad de la pareja sentimental del ex funcionario federal, a través de la cual AHMSA, habría pagado sobornos por la compra de la planta chatarra en Veracruz.
López Abbud formó parte del Consejo de Vigilancia, Consultivo y Comisarios de AHMSA, de 2012 a 2014, y a la par era socia y representante de Yacani. En ese último año, Pemex, al mando de Lozoya Austin, realizó la compra de fertilizantes Agro Nitrogenados a AHMSA.
El pasado 17 de junio, la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, retiró la suspensión definitiva Lozoya Austin, misma que impedía fuera capturado con base en la orden de aprehensión que le fue girada por lavado de dinero, por lo que la FGR podría detenerlo.
Ello debido a que el ex director de Pemex incumplió con las obligaciones procesales que se le impusieron, como presentarse en un plazo de tres días hábiles a una audiencia de imputación para enfrentar un eventual proceso. Además, incumplió con el pago de una garantía de 500 mil pesos para que estuviera vigente la suspensión definitiva contra el mandato de captura.
El pasado 25 de mayo, el juez de Control, Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó la aprehensión de Lozoya Austin, junto con su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira Elizondo, accionista mayoritario y presidente de AHMSA, por lavado de dinero, derivado de la compra que hizo Pemex de la planta Agro Nitrogenados.
Sin embargo, Lozoya Austin todavía puede presentar un recurso de revisión contra el fallo dictado por la juez Ortega Tlapa, por lo que la suspensión podría continuar vigente hasta que un Tribunal colegiado no se pronuncie al respecto.
El pasado 11 de junio, Lozoya Austin anunció, a través de una carta, que no comparecería ante la Juez Octavo Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, hasta que no se aclaren diversas irregularidades en su actual proceso judicial.
Aunque se dijo dispuesto a decir “toda la verdad” en torno a las acusaciones en su contra, aclaró que también tiene el derecho de “cuidar su libertad”, además de que acusó a la FGR de incurrir en diversas irregularidades durante el proceso y se dijo víctima de una “persecución mediática y política”.
En la misiva difundida a través de su cuenta de la red social Twitter, Lozoya Austin recordó que la FGR solicitó a un juez federal una orden de aprehensión en su contra, pese a que el delito que le imputa no es considerado “grave” ni amerita la prisión preventiva oficiosa.
Además, el ex funcionario federal señaló que las órdenes de cateo ejecutadas en la casa de sus padres no tenían razón de ser, ya que su hermana, Gilda Susana, a quien también involucran en un presunto caso de corrupción, se casó hace unos meses y tiene su propio domicilio, por lo que la inspección debió realizarse en dicho recinto.
Lozoya Austin afirmó que el pasado 30 de mayo compareció por escrito ante el juez de control y agente del Ministerio Público instructor de la carpeta de investigación, ante quienes solicitó copia de los registros que obran en la indagatoria, mismos que le fueron negados, lo que consideró un hecho “inaudito” en el proceso.
El ex director de Pemex previó que sí responde a los requerimientos de la autoridad, lo más probable es que sea ingresado de forma inmediata a una prisión, a pesar de que el protocolo en este tipo de casos no establece dicha sanción, según afirmó en su carta.
“Es claro que si me presento ante el juez de control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa no amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia tengo todo el derecho en cuidar mi libertadora que todas estas acciones son en definitiva una persecución política orquestada en mi contra”, escribió Lozoya Austin.
En cuanto al congelamiento de sus cuentas, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el exdirector de Pemex lamentó que la medida haya sido aplicada también a las cuentas de su esposa y de su madre, ya que además de las afectaciones personales, esa acción también impacta en la vida de sus empleados y familias.
Lozoya Austin negó, también, haber adquirido de forma ilegal una propiedad en Ixtapa, Zihuatanejo, y usar una aeronave oficial para trasladarse hasta ese domicilio en Guerrero. Por otra parte advirtió que en cuanto la FGR cumpla con las garantías establecidas en la ley, estará dispuesto a colaborar con la indagatoria y revelar los nombres de todas las personas involucradas en los hechos que se investigan.
“Quiero manifestar que en el momento que la Fiscalía General de la Nación (sic) me dé las garantías a las que tengo derecho, de inmediato estoy dispuesto a colaborar y manifestar la verdad histórica y jurídica de todos los hechos suscitados, en el periodo en que me desempeñé como Director General de Petróleos Mexicanos, en donde aclararé qué funcionarios, del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga”, escribió el ex funcionario federal.
“Reitero que siempre he estado dispuesto a decir la verdad, con las consecuencias que haya para cualquier persona, pero recojo las expresiones del señor presidente de la República, en que nada por encima de la ley y todo dentro del estado de Derecho”, finalizó el ex director general de la paraestatal petrolera mexicana.
