La Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a proceso a María del Rosario Robles Berlanga, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa, según lo informaron este lunes los diarios Milenio, Reforma, El Universal, entre otros.
El 25 de julio la FGR realizó la petición para celebrar la audiencia inicial para formular la imputación y vinculación a proceso contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Federal.
Ello ante el juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Según el diario Reforma, el juzgador citó a Robles Berlanga para comparecer el próximo 8 de agosto, a las 11:00 horas.
Sin abundar en mayores detalles, Milenio mencionó la posibilidad de que los delitos que se le pretenden imputar a la mujer de 63 años de edad se relacionen con el ejercicio de los recursos públicos de la llamada “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, misma que se creó para acabar con la pobreza alimentaria en México.
Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador evaluó que en 2017 dicho programa social sólo atendió al 0.1 por ciento de la población en situación vulnerable.
“Por medio de la presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de Audiencia Inicial para Formular imputación y vinculación a Proceso, en contra de la C. María del Rosario “N”, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público (Artículo 214 fracción III del Código Penal Federal)”, dice la solicitud de audiencia inicial para imputación y vinculación.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR deberá demostrar que existen elementos que permitan iniciar un juicio contra la ex funcionaria federal.
El documento -que difundió el diario Milenio- es la solicitud de audiencia para formular la imputación y vinculación a proceso, que forma parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, en la que se tiene en calidad de víctima indirecta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien presentó la denuncia en contra de Robles Berlanga en el 2018.
La FGR solicitó al juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur que le designe a Robles Berlanga un defensor público federal, en caso de que la ex funcionario federal no cuente con abogados privados.
En mayo de 2019, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó en conferencia de prensa que la investigación contra Robles Berlanga se iba a reestructurar, debido a que se provocó un daño al erario de 5 mil 875 millones de pesos.
El 16 de octubre del 2018, siendo aún titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) Federal, Robles Berlanga compareció en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto.
Pero también para que explique las triangulaciones y desvíos de recursos, por medio de empresas fantasma, en contrataciones de la dependencia y cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
La entonces funcionaria aseguró que los señalamientos de los diputados federales se trata de “violencia política de género”, y que ha sido señalada por medios, actores políticos, así como por la ASF por “machismo”, institución que, dijo, no la imputa a ella como persona, sino a las instituciones de las que fue titular.
“¿Dónde están los 7 mil millones de la Estafa Maestra?” y “Estafa Maestra, graduados en desaparecer dinero público”, se leía en mantas que portaban los legisladores mientras la funcionaria federal comparecía en tribuna.
Algunos diputados demandaron, incluso, cancelar la comparecencia ante lo que llamaron “cinismo” de Robles Berlanga, quien primero culpó a las universidades públicas de los presuntos desvíos, pero después se retractó y dijo que confiaba en estas.
“Quiero ser clara, a la Sedatu y Sedesol como instituciones les corresponde establecer convenios con universidades no les compete investigar lo que las universidades realizan, porque son autónomas y son responsables de ello”, dijo Robles Berlanga, para luego afirmar que ambas dependencias no contrataron con ninguna empresa y no hay un solo contrato suscrito con éstas, mucho menos “fantasma”.
“No hay elementos de pruebas que las empresas, que hayan participado por el trabajo de las universidades, hayan sido contratadas por estas instituciones”, afirmó Robles Berlanga, para luego abundar que ha sido la más abierta a que el tema se investigue por las instancias competentes, como la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de la ASF, así como de la SFP.
En su discurso inicial, Robles Berlanga afirmó, entre otros temas, que se realizaron más de 6 millones de acciones de vivienda por parte del sector público para beneficiar a 4.4 millones de hogares. Además, señaló que tres de cada 10 créditos para viviendas ha sido para jóvenes menores de 30 años y cuatro de cada 10 son para mujeres.
EL DESFALCO EN LA SEDATU Y SEDESOL LIGADO A “LA ESTAFA MAESTRA”
La entonces titular de la Sedatu -en la que estuvo al frente desde el 27 de agosto de 2015-, provocó un quebranto patrimonial en dicha dependencia Federal por 3 mil 855 millones de pesos, al desviarlos de recursos del Programa de Infraestructura al pago de convenios con universidades, programas sectoriales y cuentas bancarias aún sin identificar, esto según datos de la ASF.
Además, el diario Reforma informó que durante la titularidad de Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social -del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015- y ahora en la Sedatu del Gobierno Federal, se desviaron mil 311 millones de pesos a través de pagos a empresas simuladas o “fantasmas”.
Esto según lo detectó la ASF en tres auditorias forenses realizadas a los recursos ejercidos en 2014 y 2015. Parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países, entre ellos: China, Ecuador, Bélgica, Israel, Estados Unidos, Corea del Sur, y Pakistán.
En el caso de la Sedesol, el desvío se hizo mediante la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, cuyo convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015. En tanto, el convenio y contratos de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y Televisora de Hermosillo, fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu del Gobierno Federal firmaron convenios con dichas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los institutos a su vez subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas, a las que, en algunos casos, les encargaron parte de los trabajos solicitados por las dependencias.
En septiembre del 2017, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el portal informativo Animal Político, publicaron una extensa investigación que titularon: “La Estafa Maestra”, en la cual detallaron cómo el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, realizó un gran fraude entre los años 2013 y 2014.
En los presuntos hechos delictivos están involucrados más de 50 funcionarios de 11 dependencias federales -entre ellas la Sedesol con Rosario Robles al frente-, mismas que pagaron 7 mil 670 mdp en contratos ilegales a ocho universidades públicas, que a su vez triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de estas “fantasma” o irregulares, según la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 que realizaron los investigadores.
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