San Diego, CA. – Amnistía Internacional denunció hoy al gobierno mexicano y al gobierno estadounidense por llevar a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y acoso en contra de defensores de migrantes cuando intentan cruzar la frontera.
Desde 2018, la organización ha documentado 23 casos en que activistas, abogados e incluso periodistas han sido detenidos por autoridades migratorias de ambos países en los cruces fronterizos para revisar sus teléfonos celulares, computadores e interrogarlos sobe su labor humanitaria.
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Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que es la primera ocasión en que la organización documenta la criminalización y el acoso que sufren defensores de derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en Estados Unidos, lo cual es un resultado directo de las políticas restrictivas del gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, señaló que el gobierno mexicano comparte la misma responsabilidad por colaborar con el gobierno estadounidense en proveerles información sobre los cruces de estos activistas, quienes reportan haber sido detenidos hasta nueve horas por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes de forma arbitraria les niegan el acceso a México por contar con una alerta migratoria.
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Brian Griffey, investigador de Amnistía Internacional
El informe “Salvar vidas no es un delito” fue presentado hoy por la directora para las Américas de Amnistía Internacional y Brian Griffey, investigador para Norteamérica de Amnistía Internacional, desde el cruce fronterizo de San Ysidro, en donde han sido documentados varios de estos abusos a defensores.
El documento muestra “el acoso en la frontera al que personas activistas que intentan cruzar la frontera para brindar ayuda humanitaria se enfrentan mediante interrogatorios por parte de las autoridades mexicanas que colaboran con las norteamericanas”, añadió Guevara-Rosas.
Brian Griffey explicó cómo existe una tendencia mundial en que defensores de derechos de migrantes y refugiados son criminalizados con el uso indebido del aparato judicial para frenar su labor humanitaria, leyes que dijo, no fueron creadas para ello.
Mencionó así el caso del activista Scott Warren, quien irá a juicio por proveer ayuda, alimentos y medicamentos a migrantes centroamericanos que cruzan de forma indocumentada a Estados Unidos.
“La administración de Trump ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así hacia el autoritarismo.
El gobierno se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos y ciudadanas por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación desesperada en la frontera”, manifestó Guevara Rosas.
El informe también detalla cómo las autoridades estadounidenses han sometido a defensores y defensoras de los derechos humanos a vigilancia injustificada, interrogatorios, registros invasivos, restricciones para viajar y, en casos aislados, a arresto falso y detención ilegítima.
Amnistía Internacional presentó el informe “Salvar vidas no es un delito” desde el cruce fronterizo de San Ysidro
“Al actuar así, han violado la Constitución, la legislación estadounidense y el derecho internacional, así como las políticas del Departamento de Seguridad Nacional, normas todas que prohíben las restricciones discriminatorias de la libertad de expresión”, indica.
Erika Pinheiro de la organización Al Otro Lado relató cómo elementos del INM le han negado en varias ocasiones el ingreso a México, pese a contar con una visa válida y colaborar en programas para migrantes con el Consulado de México en Estados Unidos.
La abogada refirió que la negativa de las autoridades mexicanas no se basa en ningún sustento ni acusación formal, sino en un pretexto para negarle la entrada a Tijuana, en donde brinda asesoría legal a solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Mientras que Hugo Castro, de la organización Border Angels, relató cómo agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo han enviado a inspección secundaria en cada ocasión que ha cruzado la frontera desde hace un año. El activista es ciudadano estadounidense.
Para Guevara-Rosas es lamentable que el gobierno de México colabore con la administración de Trump en el acoso a defensores y su criminalización por su labor humanitaria.
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