Derivado de los vicios escondidos y desviaciones financieras en la administración del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, es “muy probable” que cuando se transparenten todos los mecanismos presupuestales se encuentre una deuda mayor a la reportada, previó el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías.
Dijo que un ejemplo de vicios ocultos fue el contrato de la desalinizadora de Rosarito, documento que presenta cláusulas en blanco. Además del error del Decreto 335, que indica que el costo total del Periférico Aeropuerto-Zapata será de 11 mil 600 millones de pesos, cuando la obra cuesta mil 455 millones.
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De ahí, la importancia de que los nuevos funcionarios, junto con el Auditor Superior del Estado observen las cuentas públicas en la búsqueda de cualquier inconsistencia, “de recursos, peculado y cualquier mecanismo de malversación”.
El 23 de julio, la agencia calificadora Moody´s ubicó a Baja California como el estado con más incumplimiento en cuanto a reportes de deuda, ya que sus estados financieros presentan baja confiabilidad, transparencia e integridad.
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Para Solís Farías, el tema de fondo es “si las personas que van a ocupar los nuevos cargos van a ejercer acción penal contra aquellos que hayan desviado fondos en cada dependencia. Porque estoy seguro que en cada dependencia hay malos manejos, y no es un tema de Baja California, sino de todo el país”, afirmó.
Consideró que el recientemente designado Auditor Superior del Estado, Carlos Montejo, “tiene la experiencia y la capacidad técnica para encontrar algo si así lo quiere”, y si “va a encontrar algo tiene la capacidad para hacerlo en 3 meses”, ya que cuenta con más experiencia técnica que sus antecesores.
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En ese sentido, Solís Farías expresó su confianza en que la trayectoria profesional de Montejo lo llevarán a hacer un trabajo transparente, sin embargo, de no hacerlo la sociedad debe demandárselo, con el fin de que termine el sistema de impunidad en el que hasta ahora muchos se han ocultado, pese a que el marco legal es suficientemente sólido para meter a la cárcel a quienes hayan desviado fondos.
Tras una reunión con integrantes del Grupo Madrugadores este 25 de julio, el especialista abundó que el pasado 11 de julio se admitió la queja interpuesta por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sobre la demanda de amparo que había sido rechazada previamente por el Juez Primero de Distrito de Tijuana.
Por lo que, ese juzgador deberá resolver durante las dos primeras semanas de agosto la suspensión del Decreto 335 o en su caso dejar que continúe su instrumentación para los proyectos de la desalinizadora de Rosarito y el Periférico Zapata-Aeropuerto.
Luego de que el Gobierno estatal declinó seguir con el refinanciamiento de la deuda tras declarar desierto el proceso de licitación y se abstuvo de adquirir un empréstito por 2 mil 500 millones de pesos que hubiera comprometido los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), como originalmente contemplaba el Decreto 335.
