Si el juez determina responsabilidad de Altisa en el accidente en el que fallecieron 6 personas y 11 resultaron con graves lesiones y por el que el ex director de Transporte Municipal, José Luis Hernández Silerio, fue inhabilitado por tres años, se le podría retirar la concesión a la empresa de transporte, advirtió Sayra Marleth Torres Muñoz, directora de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora.
El 21 de junio de 2019 la fiscalía municipal procedió a imposibilitar a Hernández Silerio de ocupar cualquier cargo, empleo o comisión pública, al considerar que incurrió en omisión al no sancionar las irregularidades en las que operaba la empresa responsable del accidente, la cual circulaba sin tener el registro ante la dirección municipal de transporte público, ni una póliza de seguro.
La resolución la emitió la Sindicatura Municipal 2 años y ocho meses después, cuando la dependencia a cargo de Ana Marcela Guzmán Valverde determinó que “el funcionario tuvo conocimiento de las irregularidades el día 12 de octubre del 2016, fecha en que ocurrió el accidente, y posteriormente, no inició procedimiento de cancelación ni gestionó actos orientados a conocer la verdad de lo ocurrido”.
En este caso, subrayó Torres Muñoz, solo se encontró a un funcionario responsable, aunque aclaró que “él tiene a salvo sus derechos para poder interponer un recurso, juicio de nulidad o bien un amparo, todavía está transcurriendo un tiempo que la Ley le otorga -15 días hábiles- para poder interponer cualquiera de estas tres alternativas”.
La funcionaria indicó que “los ofendidos deben buscar la reparación del daño por la vía penal, ya que en esa cuestión la sindicatura procuradora no es autoridad competente”.
Sin embargo, anotó que si, en el proceso penal que se sigue al caso, el juez determina responsabilidad de la empresa, “en un momento dado, de las investigaciones del Ministerio Público, podrá tomarse la decisión de darse vista como tal para que se inicien los trámites pertinentes para el retiro de la concesión”.
Para el abogado Jorge Escárcega, representante legal de las víctimas del accidente de Altisa, entre ellas el joven Brandon Morelos Hernández, quien logró sobrevivir para quedar casi cuadripléjico, “el actuar tardío no abona al caso que se sigue ante las instancias penales”, expuso respecto a la resolución de Sindicatura.
Para Escárcega el actuar de la Sindicatura Procuradora a cargo de Ana Marcela Guzmán Valverde “pareciera revanchismo político más que justicia”, expuso, al referir que se actuó en contra de José Luis Hernández Silerio cuando se supo de sus aspiraciones a ocupar un cargo público en la próxima administración municipal.
Respecto al seguimiento del caso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC), Jorge Escárcega indicó que ha logrado avanzar, por lo que consideró factible que se logre llegar a un acuerdo para que la empresa de Pedro Torres Sevilla indemnice a las víctimas del accidente del 12 de octubre de 2016.
Sayra Marleth Torres Muñoz, directora de Responsabilidades, informó que durante la actual administración municipal, la Sindicatura Procuradora ha sancionado a 144 empleados, entre inhabilitados, suspendidos y amonestados, tanto públicamente como en privado. En 2017 43 expedientes causaron estado, es decir tuvieron una resolución definitiva, dentro de los cuales hay 47 servidores públicos sancionados, 7 inhabilitados, 6 suspendidos, 27 con amonestación pública y 7 con amonestación privada.
En 2018 se resolvieron 53 casos, destituyéndose a un funcionario, mientras que 28 fueron inhabilitados y 2 suspendidos; en 2019 se ha procedido en contra de 44 servidores públicos, inhabilitándose a 14 y suspendiendo a 2.
