Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración y dueño de Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), negó este martes, ante un juez español, los delitos de corrupción y blanqueo, de los que es acusado en México, y alegó que se trata de una persecución política del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
El empresario coahuilense, reclamado por el Gobierno de México, se negó una vez más a ser entregado, así que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fijará una fecha para que un tribunal español resuelva si se cumplen los requisitos para su extradición.
El pasado 1 de julio, Ancira Elizondo pagó la fianza de un millón de euros (21 millones 863 mil pesos, según el tipo de cambio actual), impuesta por la Audiencia Nacional de España para salir de prisión, mientras se decide sobre su extradición a México, donde se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, el empresario, quien también cuenta con nacionalidad estadounidense, debe cumplir con las medidas cautelares fijadas por el Poder Judicial español, de comparecer cada dos días ante un juzgado o tribunal, además de no poder salir de España, así como del retiro de los pasaportes que tenga y dar un número telefónico donde pueda ser localizado.
El pasado 29 de mayo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, ordenó el ingreso en prisión provisional, sin derecho a fianza, de Ancira Elizondo, a solicitud de la FGR mexicana, quien pide que el empresario mexicano sea extraditado.
La investigación corre a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quienes promovieron la orden de detención en relación a transferencias de fondos desde AHMSA bajo sospecha de proceder de delitos de corrupción, entre ellos: lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.
El empresario mexicano, quien fue arrestado el pasado 28 de mayo, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), cuando se disponía a tomar un avión privado, en cumplimiento de una solicitud de extradición con orden de captura internacional.
La denuncia fue presentada el pasado 5 de marzo por la apoderada legal de la paraestatal “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”, según lo explicó la Fiscalía General de la República en un comunicado.
La Fiscalía mexicana añadió que, como resultado de más de dos meses de investigaciones, se encuentran en proceso de ejecución varias órdenes de captura que se mantienen en reserva en estricto apego a la ley. Antes de su captura en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, la UIF de la SHCP ordenó congelar las cuentas bancarias de Ancira Elizondo, y de su empresa siderúrgica Altos Hornos de México.
El pasado 29 de mayo, a su salida de las dependencias judiciales, Ismael Oliver, abogado de Ancira Elizondo, de 67 años de edad, acusó al presidente López Obrador de orquestar una “vendetta” contra su defendido y por una mera “motivación política”.
La detención del empresario originario de Monclova, Coahuila, llegó un día después de que la UIF congelara las cuentas bancarias de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y de la persona moral AHMSA, de la que Ancira Elizondo es accionista mayoritario, y que según la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se encuentra sin cotizar desde el 26 de mayo de 1999.
En enero de 2014 Pemex -bajo la dirección de Lozoya Austin- compró a AHMSA la empresa Agro Nitrogenados y su planta de Coatzacoalcos, Veracruz, por 475 millones de dólares, aunque las instalaciones llevaban más de 14 años sin operar y el 60 por ciento de la maquinaria era inservible.
En agosto de 2018 una investigación realizada por el grupo de periodistas Quinto Elemento Lab, reveló que AHMSA transfirió 3 millones 703 mil dólares a Grangemouth Trading Company, firma relacionada con la constructora brasileña Odebrecht y Lozoya Austin.
De las cuentas de Grangemouth también salieron cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore donde se depositaron los sobornos dirigidos a Lozoya Austin, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de la constructora.
Al ser cuestionada por Quinto Elemento Lab, AHMSA argumentó que los pagos se realizaron por haber cancelado un contrato que Lozoya Austin había suscrito con dicha firma para un asesoramiento sobre la ampliación de las siderúrgicas que tiene en Monclova.
