Por unanimidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló este miércoles el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, para levantar la suspensión que impedía a la Fiscalía General de Chihuahua investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete, y en su caso proceder ministerialmente, siempre y cuando no se trate de delitos del orden federal o en ejercicio de sus funciones como titular del Poder Ejecutivo Federal.
Los ministros de la Segunda Sala de la SCJN analizaron un recurso de reclamación presentado por la Fiscalía General de Chihuahua, a través del cual reclamó la suspensión otorgada el pasado 29 de octubre del 2018 por el ministro Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, al ex presidente y a sus ex colaboradores, después de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una controversia constitucional para protegerse de cualquier acción legal en su contra.
Medina-Mora Icaza admitió la impugnación presentada por el Consejo Jurídico del Poder Ejecutivo federal para suspender “toda investigación e imputación penal” en contra del ahora ex presidente Enrique Peña Nieto, por el presunto desvío de 270 millones de pesos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua.
La suspensión tuvo efecto luego de una controversia constitucional presentada el 11 de octubre del año pasado por el ahora ex consejero jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, en contra de órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía de dicha entidad gobernada por Javier Corral Jurado, en contra de funcionarios federales, que fue ampliada el 16 de octubre para incluir a Peña Nieto.
La controversia se presentó bajo el argumento de que el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 7 del Código Penal estatal son inconstitucionales. Con dicha determinación, los gobiernos de los estados sólo están facultados para denunciar delitos del fuero común y no del federal.
El ministro Medina-Mora Icaza señaló en su resolución, que siguiendo los precedentes de la SCJN en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, y de debe determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.
Fue entonces que el Gobierno de Chihuahua pidió que Medina Mora abandonara el caso, ya que alegaba existe una íntima amistad entre él y Peña Nieto, lo cual la SCJN determinó como improcedente, al establecer que en controversias constitucionales, “no se debe ventilar intereses personales sino problemas competenciales”.
“Esto por la relación intima de amistad que tiene Median Mora y Peña Nieto, ademas que el Ministro Eduardo Medina Mora fue subordinado de Peña, razón por la cual tiene impedimento legal para conocer de la controversia”, afirmó la Consejería Jurídica chihuahuense.
“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la figura del impedimento es improcedente tratándose de una controversia constitucional, ya que a quien en realidad se está demandando es propiamente al Estado y no a la persona en quien recae esa representación, pues no estamos en presencia de una acción o de un interés de carácter personal”, detalló la SCJN en un comunicado de respuesta al Gobierno de Chihuahua.
El 28 de septiembre del 2018, el gobernador chihuahuense Javier Corral Jurado retó al Gobierno Federal, entonces encabezado por Peña Nieto, por el caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario público federal.
“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a [el ex Gobernador] César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune […] Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, dijo Corral Jurado en ese entonces.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de supuestas empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
Corral Jurado acusó de forma directa al entonces Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que llevaba a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quería detener a César Duarte, pero si detenía los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se estaba utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
