Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015, ha recibido al menos 102 millones de pesos en transferencias bancarias hechas desde México a bancos de Estadod Unidos e Inglaterra, según reportes de “actividad sospechosa” realizados por la Agencia de Investigación Criminal de Gran Bretaña (NCA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro estadounidense, citados por el periodista Salvador García Soto en su columna publicada en el diario El Universal este miércoles.
Medina-Mora Icaza recibió en una cuenta del HSBC UK BANK de Londres, un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años. Además, entre 2016 y 2018, el ministro mexicano en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años.
Las transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, superan con mucho los ingresos que obtuvo Medina-Mora Icaza desde su designación como ministro de la SCJN por el Senado mexicano en 2015.
Según documentos que García Soto dice tener, todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el Banco HSBC, México y, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora, la principal la 4039213186, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadunidenses los números de cuenta 5005703, 80104303, 5221740002109604, 40768887 y 05011706322.
El criterio por el que las autoridades del Reino Unido observaron y reportaron como ‘sospechosos’ los movimientos y transferencias en la cuenta del funcionario mexicano, dice el periodista, fue por considerarlo una persona “políticamente expuesta”.
García Soto asegura que los reportes británicos, junto con los del Tesoro estadunidense, dieron pie también a una investigación del Gobierno de México que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó una empresa llamada Compusoluciones y Asociados, S.A. de C.V, en la que el ministro Medina Mora aparece como beneficiario del “Pago de Dividendo”, con un depósito en sus cuentas de 10 millones 643 mil 600 pesos, a pesar de que en sus declaraciones patrimoniales de los últimos años no aparece reportada su pertenencia accionaria a dicha empresa.
“De abril de 2012 a diciembre de 2018, envía transferencias interbancarias por 29 millones 37 mil pesos, de las cuales destacan las realizadas a David Coronado Valdez, por 8 millones 60 mil 434 pesos, por concepto de ‘compra venta acciones Laura Pérez V’ y ‘Pago Eduardo Medina Mora’.
Asimismo envía a Maria Luisa Icaza y Conrey, 3 millones 798 mil pesos por conceptos de ‘Donación’ y ‘compra de acciones Camila’, además de María Cecilia León Pasquel por 2 millones 96 mil pesos, por conceptos de ‘compra de acciones Compusoluciones’ y ‘pago préstamo’, indica la investigación.
Sin embargo, en sus declaraciones Medina-Mora Icaza no dijo haber obtenido ingresos por dividendos de la empresa Compusoluciones, SA de CV. Asimismo, no se justifica la adquisición de acciones para su cónyuge y su hija”, dice el documento oficial, que cita el periodista.
El Gobierno británico también menciona a Medina-Mora Icaza como accionista de dos empresas: Promotora Agroindustrial y Florícola, SA de CV y Polímeros Aztlán, SA de CV.
Sobre las transferencias de recursos a cuentas de Gran Bretaña y EE.UU, ninguna de ellas coincide con el tiempo en que estuvo como embajador en esos dos países, y más bien corresponden a sus tres últimos años como ministro de la SCJN, abundó García Soto.
A Inglaterra, por ejemplo, envió del 28 de marzo de 2016 al 28 de abril de 2018 903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas, cuando fue embajador en 2009. Mientras que a Estados Unidos transfirió del 11 de abril de 2016 al 28 de abril de 2018, 2.1 millones de pesos y 2.1 millones de dólares, y fue embajador en 2013.
“Y en el caso de Estados Unidos, llama la atención que no sólo mandaba dinero de México a aquel país, vía el HSBC BANK USA, sino que también de junio de 2017 a marzo de 2018, transfirió desde el banco estadunidense a sus cuentas de HSBC México 4.3 millones de dólares, en una especia de &vuelta al dinero’ para evitar ser rastreado”, escribió el periodista.
“No se sabe el motivo o la finalidad de tales transferencias millonarias y en ninguno de los tres países que han documentado estos movimientos de dinero han encontrado justificación. Pero las cantidades de dinero que el funcionario mexicano movió en esos tres bancos, todas ellas documentadas con fechas, números de operación y montos, además de los bancos de destino, superan con creces el monto de lo que en ese mismo lapso cobró como ministro de la SCJN e incluso de sus anteriores cargos”, señaló el periodista.
“¿Tendrá el ministro Eduardo Medina Mora una explicación para esto? o ¿será que lo que hay de por medio son pagos y recursos a cambio de sentencias emitidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?”, se preguntó García Soto en su columna.
Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, se desempeña desde marzo del 2015 como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Antes fue embajador de México ante los Estados Unidos (del 2013 al 2015), por designación de Enrique Peña Nieto. También fungió como titular de la Procuraduría General de la República (de diciembre del 2006 a septiembre del 2009), propuesto por Felipe Calderón Hinojosa.
Renunció a la PGR y el 12 de noviembre de 2009 el Senado de la República lo ratificó como Embajador de México ante el Reino Unido, cargo que desempeñó hasta enero del 2013. Antes, de 2000 a 2005 fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
En el 2005, al ocurrir el accidente donde perdió la vida el Secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el presidente Vicente Fox Quesada lo designó para sustituirlo. Años antes, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1991 a 1993.
Según la periodista Linaloe Flores, del diario digital SinEmbargo, en 2008 el Gobierno de Calderón Hinojosa consiguió que el Congreso de la Unión reformara el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, para que se concediera a las averiguaciones previas un carácter de estricta privacidad, lo cual ayudó a Medina Mora a clasificar como “estrictamente reservada” todas las investigaciones -incluso las concluidas- que estaban relacionadas con funcionarios públicos y la guerra contra el narcotráfico.
“Esta modificación a la ley también ha ayudado a que se mantenga en reserva el nombre de la empresa que en 2008 vendió a la PGR una flota de helicópteros Blackhawk y Little Birds, con un costo de 200 millones de dólares, cuya compra fue autorizada por el mismo Medina Mora.”, abundó la periodista de investigación, al citar un ejemplo de todos los nombres y casos que el ahora ministro ayudó a proteger.
“Entre los nombres protegidos por la reserva, se encuentra Genaro García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, y que estuvo a cargo de la estrategia más beligerante contra el crimen y que una vez concluido el sexenio desapareció de México, más tarde reapareció, en 2018, para presentar su libro Seguridad y bienestar.”
A pesar de su larga trayectoria de 18 años en la administración pública, Medina Mora sólo ha presentado 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) Federal, en el periodo de 2000 a 2015.
Pero en ninguna hizo público su patrimonio ni sus conflictos de interés, indicó la periodista, en una investigación titulada: ‘Medina Mora: cancerbero de los secretos del Estado mexicano’, publicada el 7 de noviembre de 2018.
Días antes, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó una columna en la que asegura que una investigación del reportero Francisco Gómez revelaba que Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, coordinador general técnico y director general adjunto de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, la entonces Siedo en el sexenio de Calderón Hinojosa, estaban en la nómina del Cártel del Sinaloa.
Riva Palacio aseguró que El Universal publicaría dicho reportaje, pero al pedir reacciones a la Procuraduría General de la República, que en ese entonces estaba bajo el cargo de Eduardo Medina Mora, este pidió a Juan Francisco Ealy Ortiz, detener la publicación para poder tener acceso al expediente. El presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración del rotativo accedió y le concedió un mes de prórroga.
Medina Mora obtuvo el cargo de ministro de la SCJN por votación del Senado, a pesar de que más de 50 mil ciudadanos se manifestaron en contra, mediante la plataforma Change.org, para denunciar la crisis de derechos humanos durante su gestión al frente de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Sin servicio de carrera, ni experiencia o trayectoria en el Poder Judicial, el 10 de marzo del 2015 el Senado de la República votó para que Medina Mora cubriera la vacante del fallecido ministro Sergio Valls Hernández, por un periodo de 15 años.
Con 83 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una parte de Acción Nacional (PAN) –el entonces senador panista Javier Corral votó en contra–, así como los otros partidos satélites del Gobierno federal, el Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), Medina Mora fue electo ministro de la SCJN.
El 29 de octubre del 2018, Medina Mora admitió la impugnación presentada por el Consejo Jurídico del Poder Ejecutivo federal para suspender “toda investigación e imputación penal” en contra del ahora ex presidente Peña Nieto, por el presunto desvío de 270 millones de pesos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua.
La suspensión tuvo efecto luego de una controversia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por el ahora ex consejero jurídico de la Presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, en contra de órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía de dicha entidad gobernada por Javier Corral Jurado, en contra de funcionarios federales, que fue ampliada el 16 de octubre para incluir a Peña Nieto.
La controversia se presentó bajo el argumento de que el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 7 del Código Penal estatal son inconstitucionales. Con dicha determinación, los gobiernos de los estados sólo están facultados para denunciar delitos del fuero común y no del federal.
Fue entonces que el Gobierno de Chihuahua pidió que Medina Mora abandonara el caso, ya que alegaba existe una íntima amistad entre él y Peña Nieto, lo cual la SCJN determinó como improcedente, al establecer que en controversias constitucionales, “no se debe ventilar intereses personales sino problemas competenciales”.
“Esto por la relación intima de amistad que tiene Median Mora y Peña Nieto, ademas que el Ministro Eduardo Medina Mora fue subordinado de Peña, razón por la cual tiene impedimento legal para conocer de la controversia”, afirmó la consejería jurídica chihuahuense.
“Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la figura del impedimento es improcedente tratándose de una controversia constitucional, ya que a quien en realidad se está demandando es propiamente al Estado y no a la persona en quien recae esa representación, pues no estamos en presencia de una acción o de un interés de carácter personal”, detalló la SCJN en un comunicado de respuesta al Gobierno de Chihuahua.
